Cinco millones de expulsados del sistema

Mientras los que están en las nubes discuten sobre si la recuperación ha llegado o no, a ras del suelo comprobamos con espanto cómo crece sin cesar el ejército de personas expulsadas del sistema. En España hay más de cinco millones de personas, pertenecientes a casi dos millones de familias, en las que todos sus miembros están en paro, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Lo preocupante es que el número no deja de crecer y es casi cinco veces la cifra de 2007. Cinco millones es también la cifra de personas que se encuentran afectadas por situaciones de exclusión severa, de acuerdo con el último Informe FOESSA.

Dentro de esta creciente bolsa de marginados para quienes la recuperación es inimaginable, los parados de larga duración constituyen uno de los grupos más castigados. Un total de 2.975.000 trabajadores llevan más de un año sin encontrar empleo, un colectivo que también es cinco veces mayor que en 2007.

La pérdida de empleo se ha convertido en un verdadero estigma para muchas personas que en determinados casos las incapacita para encontrar un nuevo puesto de trabajo. A finales del pasado marzo, el número de parados que hace tres años o más que habían dejado su último empleo ascendía a 1.275.000, el 22,5% más que hace un año.

El número de parados que han abandonado la búsqueda de empleo por la práctica imposibilidad de encontrarlo también crece y asciende ya a 483.600 personas tras aumentar en más del 21% en tres años. Más de la mitad son personas mayores de 50 años. Este colectivo ya no se contabiliza oficialmente como parados, sino como inactivos desanimados.

Esta cruda realidad laboral está teniendo un impacto terrible sobre las condiciones laborales de los trabajadores que han logrado mantener su empleo o encontrar una ocupación.

Después de las dos reformas laborales, el mercado de trabajo es más mercado que nunca. Cuando por cada puesto de trabajo disponible hay 110 parados aspirantes al empleo, según Asempleo y AFI, es fácilmente imaginable lo que ocurre con los salarios y demás condiciones laborales. Sueldos de entre 400 y 600 euros, inferiores al salario mínimo (645 euros), se han convertido en ofertas normales.

En el nuevo escenario laboral aumentan los contratos involuntarios a tiempo parcial, que en muchos casos van acompañados de una prolongación de jornada obligatoria que no se paga. A esta realidad se le añade una alta tasa de temporalidad, la segunda más elevada de Europa.

Todo ello acompañado de una reducción de las retribuciones de los trabajadores. La realidad es que los salarios reales netos han disminuido un 2% en 2011 y 2012, como ha señalado el Banco de España. En el caso del sector público, los funcionarios llevan cuatro años de congelación salarial.

Esta disminución generalizada de los sueldos significa que lograr un empleo ya no es garantía de salir de la pobreza. El 13,4% de los empleados con salarios bajos se encuentran por debajo del nivel de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La bajada salarial ha hecho crecer el colectivo de “trabajadores pobres” en un 20% desde que estalló la crisis.

Al mismo tiempo, se está produciendo un reparto insolidario del trabajo. Los datos de aumento de afiliación a la Seguridad Social (257.000) en los últimos tres meses no tienen en cuenta que muchos son trabajadores a tiempo parcial involuntarios. Para analizar la evolución real del empleo son mucho más fiables los datos de la Contabilidad Nacional, que miden el desarrollo del empleo equivalente a tiempo completo, que refleja que la ocupación real es inferior. Según la EPA, el número de puestos de trabajo netos se redujo en 2013, en 198.000 empleos, es decir, el 1,17%. Pero si se consideran los empleos equivalentes a tiempo completo, la destrucción fue del 3,4%, es decir, el triple. Las horas trabajadas efectivamente también disminuyeron el 3%.

La situación es especialmente dramática para los jóvenes, de los cuales, junto a una tasa de desempleo del 55%, hay que sumar un porcentaje elevado que ni estudian ni se forman. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España es el país de la UE en que más ha crecido el grupo de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni están empleados, ni estudian, ni siguen cursos de formación alguna y que representan ya el 25% de este colectivo.

La aplicación de las políticas de austeridad, con la responsabilidad compartida por Bruselas y Madrid, revela un clamoroso fallo del mercado cuyas consecuencias serán terribles para una generación entera.

España precisa con urgencia un plan de choque contra el paro y la pobreza con el apoyo decidido de la UE. Continuar con la falta de acción del Gobierno como hasta ahora conducirá a una fractura social de consecuencias impredecibles.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]