El Consejo de Gobierno rechaza la oficina contra el fraude y la corrupción que propone Podemos
Nuevo dictamen contrario del Consejo de Gobierno a una proposición de ley de Podemos, en concreto esta vez a la presentada para la creación de una oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que estaba entre los compromisos de investidura de la presidenta Susana Díaz hace más de un año pero que todavía no ha sido puesto en marcha. En concreto, el Consejo de Gobierno muestra su criterio en contrario respecto a la toma en consideración de la misma básicamente, “por el elevado coste” que supondría, si bien no se opone a su tramitación, como ha hecho en otras ocasiones.
Su memoria económica, con una previsión anual de 3,1 millones de euros, solo desglosa las partidas para personal (a las que se reserva el 85,7% del presupuesto) y para gastos corrientes y de funcionamiento (12,5%). Se trata, a juicio del Gobierno de Andalucía, de unos costes muy genéricos que ni siquiera especifican el destino del 1,8% restante. También entiende que tendría repercusión en el próximo presupuesto autonómico que se apruebe, por lo que debería plantear la correspondiente modificación de las partidas de gasto para que sea viable económicamente desde la fecha prevista de entrada en vigor.
También critica que sus funciones de control se solaparían con las que tienen asignadas la Intervención General de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas y la fiscalía, o que sus capacidades de investigación se verían muy limitadas por colisionar con las tareas atribuidas constitucionalmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la justicia.
En todo caso, el Consejo de Gobierno señala que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ya está trabajando en la configuración de su oficina, planteada a partir de una reordenación de los medios humanos y materiales disponibles en la administración autonómica, “sin incremento bruto de estructuras, costes y personal”. Por el contrario, la proposición de ley de Podemos supone la creación de una nueva estructura dentro del Parlamento de Andalucía para el ejercicio de funciones que ya tienen asignadas tanto la propia Cámara de Cuentas como los órganos de control interno de las administraciones, particularmente las intervenciones, las inspecciones de servicios o el gabinete Jurídico.
