Familias de tres corralas piden a los políticos que “no criminalicen la pobreza”

Familias de las corralas de La Suerte y Las Luchadoras, así como las desahuciadas de la de La Buena Ventura, todas en Málaga capital, han pedido este lunes a los políticos que “no criminalicen la pobreza porque no es forma de solucionar el problema, sino de sacar del sistema a más gente”, ha asegurado el abogado José Cosín, que representa a estos vecinos, quien ha apostado por el alquiler social.

Cosín ha explicado que estas familias “cuando les han engañado tantas veces, ya no creen en las palabras de los políticos”, y ha apuntado que el Ayuntamiento “ha incumplido” los acuerdos de pleno en los que, según ha indicado, se comprometió a mediar con los propietarios y las entidades financieras y poner todos los medios posibles a disposición de estas personas.

En el caso de Las Luchadoras, el letrado ha señalado a los periodistas que “son nueve madres de familia que, ante una situación de emergencia, tuvieron que tomar la decisión de ocupar un edificio vacío siete años y que pensamos que ha sido aportado al denominado 'banco malo'”. “Tal y como ocurre con la corrala de La Suerte --siete familias--, también aportado, que no podrán ser desahuciadas”, ha dicho.

En el caso de la decena de familias de La Buena Ventura, que ya fueron desalojadas el pasado 3 de octubre, ha asegurado que “no tienen dónde ir y el Ayuntamiento les ha engañado”, negando las acusaciones de que los vecinos habían robado material del inmueble. Ha insistido en que había un acuerdo por escrito y, aunque sí se les dio una ayuda de dos meses, “han incumplido todo lo demás”.

Cosín ha apuntado que las corralas decidirán en asamblea este miércoles las acciones a realizar para que se cumplan esos acuerdos, que no podrán ser judiciales, puesto que, ha señalado, “para demandar a la Administración pública hay que pagar unas tasas judiciales que estas familias no tienen”.

El abogado ha recordado que “cuando se les acabe el tiempo que tienen de ayuda, tendrán que buscar otro sitio y no es ningún delito”, recordando que “el Tribunal Europeo ya ha dicho que los edificios propiedad de un banco, que nos ha costado a los españoles muchos millones de euros, tienen que servir para el derecho fundamental de la vivienda”.

Asimismo, ha manifestado que “hay cientos de pisos de la Junta de Andalucía vacíos cuando hay miles de familias en la calle y el Gobierno andaluz los tiene en venta para lograr un lucro económico con la promoción y venta de inmuebles y presumen de tener una política activa de vivienda”. “Esta política no se hace solo con leyes, también con hechos”, ha advertido.

En este sentido, Cosín ha indicado que “un hecho sería que todos los inmuebles de protección oficial que están a la venta estuvieran en alquiler social porque así solucionaríamos el problema de miles de familias”.