El Parlamento andaluz rechaza la tramitación de la Ley del Ente Público de Crédito

El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (C's), la toma en consideración y consiguiente tramitación de la proposición de Ley de IULV-CA para la creación de un Ente de Público de Crédito en Andalucía, que sí ha sido apoyado por Podemos.

En defensa de la ley, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que esta propuesta “sirve y servirá para dar credibilidad a un nuevo modelo productivo para Andalucía” y ha explicado que el texto “tuvo su origen en el acuerdo alcanzado en la anterior legislatura con el PSOE-A para construir un instrumento financiero para el tejido productivo”.

Ha subrayado que desde 2012, se han destinado lo equivalente a doce presupuestos de la Junta en ayudas a la banca, de manera que “hay recursos pero hay que democratizarlos para ponerlos al servicio de la ciudadanía y romper que estén a favor de las élites”.

Maíllo ha puesto en valor que este texto es el resultado de un grupo de trabajo, con el PSOE-A en la pasada legislatura, que fue “muy participado” y que refleja aspiraciones de sindicatos, pymes, representantes de la economía social, de organizaciones de agricultores, de autónomos, catedráticos y expertos en materia, “este instrumento público es un clamor de los agentes económicos y sociales”.

La creación de un Ente Público de Crédito persigue financiar al tejido productivo, conformado por pymes, cooperativas y autónomos, “con la voluntad de aunar recursos financiero ahora dispersos desde los principios de eficacia, eficiencia y prudencia, y un criterio riguroso en la selección de órganos rectores con profesionales de prestigio y sobre los que no haya duda ninguna de su solvencia”.

Con todo, Maíllo ha esgrimido tres motivos por los que apoyar la tramitación de su proposición de ley como son “la necesidad real de financiar al tejido productivo para salir de la crisis y reactivar la economía, la necesidad de abordar un nuevo modelo productivo, y la elaboración, a través de propuestas, de un proyecto viable, realista y técnicamente posible”. Ante la restricción crediticia, IU pide adoptar políticas para evitar la “exclusión financiera” de empresas con dificultad de acceder al crédito, “igual que abordamos políticas contra la exclusión social”.

Además, ha incidido en que las “propuestas” del Banco de España (BE) sobre este ente son asumibles durante el trámite parlamentario, mientras ha advertido que “es necesario hacer y dar respuesta positiva a una demanda unánime del tejido productivo que crea empleo en Andalucía”.

PSOE-A: “EL BE HACE EXIGENCIAS, NO PROPUESTAS”

Para defender la postura del PSOE-A, la parlamentaria Noelia Ruiz ha dicho compartir con IU “parte de su discurso” y la “necesidad” de esta figura para facilitar el crédito a los agentes económicos que generan empleo en Andalucía. No obstante, si bien defienden crear un ente con carácter complementario a la banca privada y que evite el riesgo de exclusión financiera a pymes y autónomos, ha defendido que “se deben tener en cuenta las exigencias del Banco de España”, para que cuente con las garantías de este órgano y “poder beneficiar al conjunto de los andaluces”.

Aunque ha señalado que el texto coincide con el anteproyecto de ley que se planteó en la pasada legislatura, incide en que “se han formulado alegaciones de todos los organismos a los que ha sido remitido” y será cuando se recaben los informes preceptivos para su tramitación, cuando los socialistas lleven este asunto a la Cámara, después de acusar a IU de buscar “rédito electoral” al proponerla “con prisas”.

Por el PP-A, José Antonio Miranda ha advertido que la Junta tiene fondos reembolsables para financiar a empresas andaluzas con hasta 955 millones de euros disponibles de los que se han usado “un 29 por ciento, por lo que quedan 670 millones ”ociosos“, de los presupuestos de la Junta, a los que habría que sumar ”los fondos europeos“, y ha mencionado los fondos Jeremy, sobre los que ha recordado que ”hay abierta una investigación“ porque ”el PSOE-A arrastran el nombre de Andalucía cuando gestionan fondos“.

Así, tras advertir que desde el 2012 el PSOE e IU “marean la perdiz” con este asunto, ha preguntado a Maíllo si “confiaría sus ahorros a un instrumento gestionado por el PSOE-A”. El PP-A entiende que es necesario una gestión rápida de la Junta para abordar la situación de las empresas andaluzas “y no perder el tiempo en crear nuevas estructuras”.

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha saludado la propuesta de IU y ha pedido a los demás grupos apoyar su tramitación para “enmendar” la situación actual porque “o derivamos el ahorro a otras prioridades de inversión y consumo y damos una respuesta a la financiación de un modelo productivo alternativo o seguiremos igual”, y a este modelo, ha agregado, “hay que dotarlo de recursos financieros porque no salen del aire”. Y es que, como ha afirmado, “el corazón de la crisis fue el sistema financiero”, donde las cajas de ahorro actuaron “como banca privada”.

Por parte de C's, Carlos Hernández ha considerado que esta proposición de ley no es un instrumento adecuado, con el que no comparten su utilidad puesto que “tiene condicionantes que no quedan recogidos” en la iniciativa cuando además ha advertido que persigue un modelo similar al de las cajas de ahorro. Ha apostado, por el contrario, por usar las herramientas financieras existentes para facilitar crédito a pymes y autónomos, y que la agencia IDEA sea un instrumento “útil y apoye de verdad, y de forma limpia y transparente, a este sector”.

PROPOSICIÓN DE LEY

Merced de esta proposición de ley, IU pedía que la Junta procediera a la creación de una sociedad mercantil del sector público andaluz, en forma de sociedad anónima, cien por cien pública, con la denominación de Ente Público de Crédito de Andalucía (ECA).

El ECA gozaría de personalidad jurídica propia, de autonomía de gestión, económica y financiera, de un patrimonio propio y de plena capacidad de obrar para cumplir su objeto social, que pasaría por impulsar y favorecer en Andalucía la puesta a disposición de emprendedores, autónomos, entidades de economía social, no lucrativas, así como de las empresas, de instrumentos financieros eficientes, accesibles y diversificados de acuerdo a sus necesidades de financiación.

Este instrumento actuaría como principal instrumento de la política de crédito público a la economía productiva al margen de la especulación o concentrar la gestión de los instrumentos de crédito y riesgo a los destinatarios, establecidos por la Junta, ampliando su alcance y mejorando su accesibilidad, mientras quedaba excluida del objeto del ECA su participación en actividades económicas consideradas contaminantes, no sostenibles o especulativas.

Entre sus cometidos, el ECA debía proveer productos y servicios financieros a los destinatarios conforme a los principios de ética, transparencia y sostenibilidad; prestar servicios financieros que permitan adelantar el cobro de compromisos con anterioridad a la fecha de vencimiento o prestar apoyo financiero a las exportaciones de los destinatarios con actividad en Andalucía.

Asimismo, desarrollar cualquier otra actuación que facilite el acceso de los destinatarios a la financiación y, de manera específica, mediante el impulso de instrumentos de cooperación con otras entidades financieras o de otro tipo, tanto públicas como privadas, que compartan sus principios sociales, éticos, de transparencia y de apoyo al desarrollo de Andalucía, así como promover acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para el desarrollo de programas de formación financiera y de acceso a productos financieros por parte de las empresas andaluzas.