Víctimas del franquismo piden a la Junta de Andalucía un plan para recuperar todos los restos en diez años
“Con el presupuesto que hay asignado ahora para la exhumación en Andalucía, tardaríamos 270 años en poder recuperar a nuestros familiares”. Quien expone este cálculo es Florentina Rodríguez, nieta de una maestra en Jauja (Córdoba) que fue secuestrada y desaparecida en noviembre de 1936. Ella, junto a otros cientos de familiares de víctimas del franquismo en Andalucía, ha emprendido una recogida de firmas del movimiento memorialista para que, entre otras cosas, la Junta de Andalucía destine más presupuesto a las identificaciones y exhumaciones de los restos de las víctimas de la dictadura. Quieren que se diseñe un plan de trabajo para los próximos cinco años para recuperar a todas las víctimas como máximo en una década.
“Pedimos que se elabore una memoria económica real que permita que en diez años se resuelva el problema de las exhumaciones”, indica Rodríguez para explicar que “no bastan las palabras, hay que dotar de presupuesto” a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Y, por ello, en su petición abierta en change.org, los familiares y firmantes solicitan que “se dote de medidas presupuestarias y económicas la nueva ley”, de manera que se establezca “una financiación que contemple técnica y presupuestariamente la dotación adecuada para resolver de una vez por todas en un breve espacio de tiempo el problema de la búsqueda, localización, exhumación e identificación genética de las personas asesinadas y desaparecidas en Andalucía durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista”.
Los familiares de las víctimas señalan que “Andalucía es la comunidad autónoma donde hubo más represión y hay más fosas”, por lo que requieren un presupuesto proporcional a ello. “Los 300.000 euros que se prevén destinar en este año para las exhumaciones es totalmente insuficiente”, explica la portavoz de la recogida de firmas. Para ello, han realizado sus cálculos, que hablan de que en Andalucía está un tercio de los desaparecidos por el franquismo en toda España –calculan unas 54.000 apersonas-, que la localización, exhumación, el estudio genético e identificación de una sola persona alcanza los 1.500 euros de gasto y que, por tanto, esos 300.000 euros de la Junta para un año supone que “solo destina 5,55 euros por persona desaparecida al año. O lo que es lo mismo, 0,000187 euros por día y persona a andaluces que llevan ya 29.565 días desparecidos”, apuntan.
La ley andaluza de Memoria, a debate en el Parlamento
Por su parte, la Junta de Andalucía recuerda que la andaluza es “casi la única comunidad autónoma que trabaja en materia de memoria histórica”, apuntan fuentes de la consejería de Cultura que señalan cómo la ley estatal cumple ahora diez años “guardada en el cajón” sin que se haya desarrollado y en Andalucía, el Parlamento debatirá el próximo miércoles 15 de marzo la Ley Andaluza de Memoria Histórica.
Además, recuerdan desde el gobierno andaluz, más allá de la ley que está por aprobarse definitivamente, se lleva años trabajando en materia memorialista y el presupuesto para este año 2017 asciende a 1,2 millones de euros, de los cuales, 300.000 euros –los referidos por los familiares de las víctimas como insuficientes- corresponden a la partida para intervención en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo, según los datos facilitados por la Junta.
“Es una cuestión de derechos humanos”
Por otro lado, junto a una dotación económica suficiente y con un plan de actuación cronológico establecido a medio plazo, los familiares de las víctimas del franquismo vuelven a exigir que la memoria histórica no dependa de la Consejería de Cultura como está establecido actualmente por el Gobierno andaluz, sino que pase a depender de Justicia o Presidencia. “Nuestros familiares no son restos arqueológicos. Aquí no vino la Unesco, sino la ONU”, en alusión al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas que visitó España para realizar un informe sobre las víctimas del franquismo. “Es una cuestión de derechos humanos”, apostilla Rodríguez.
Por eso, en su petición solicitan “la retirada inmediata del alojamiento de la Memoria Histórica en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la vuelta de la misma a la Consejería de Justicia, como garantía de la justicia que todavía tenemos pendiente”. “Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y en caso de desaparición conocer la suerte y el último paradero de nuestros familiares. Eso sólo lo conseguiremos con la justicia, no con la cultura”, argumentan.
Entre sus peticiones, relatan cómo “lo principal es sacar los restos” de los enterramientos y poder completar el relato de lo ocurrido a través de una Comisión de la Verdad en Andalucía. “Hay familiares que se están muriendo y ese relato se está perdiendo”, alertan sobre los testimonios no recogidos formalmente que pueden dar luz a los hechos ocurridos y a la identificación de fosas y de restos de las víctimas. Una identificación que pasa, en opinión de los familiares, por la creación de un banco de ADN, donde se preserve la cadena genética para identificar a las víctimas, algo sobre lo que ya trabaja la Junta de Andalucía junto con la Universidad de Granada y cuenta ya con 250 registros de material genético.
Los familiares, que prevén presentar en Sevilla ante el Parlamento de Andalucía las firmas recogidas con estas peticiones, insisten además en que la administración autonómica “ponga en marcha de forma decidida y urgente” las recomendaciones detalladas por el Grupo de Trabajo de la ONU, así como las efectuadas por el relator especial de la ONU sobre la protección del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
