Amenazados con cuchillos: la “falta de medios” duplica las agresiones a sanitarios en Andalucía en un lustro
Las agresiones a los sanitarios en Andalucía no paran de crecer. Según los datos oficiales que aporta el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la cifra se ha disparado hasta casi duplicar los casos que se reportaban hace un lustro, en lo peor de la pandemia de la Covid-19. El año pasado se cerró con 1.976 ataques contra los profesionales de la sanidad pública, mientras que 2020 se quedó en 1.043. Datos que confirman una tendencia creciente que preocupa a sanitarios y sindicatos.
El principal diagnóstico que hacen los representantes sindicales sobre el aumento de las agresiones es que “faltan medios”. Desde la mesa sectorial llevan años alertando a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que la reducción de plantillas por jubilaciones, bajas médicas y pérdida de profesionales jóvenes están disparando las listas de espera, lo que hace que el clima entre los sanitarios y los usuarios sea cada vez más tenso. Un escenario en el que la Junta de Andalucía dice estar trabajando a través de sus propios protocolos, pero que no logra atajar la problemática.
Para los profesionales, las explicaciones del Ejecutivo regional se parecen más a “excusas” ya que, como cuenta Elena González, médico de familia en Granada, el personal está extenuado hasta el punto de que se producen bajas por salud mental y dimisiones sin que “nadie tome parte del asunto”. No en vano, las estadísticas también reflejan que las agresiones se producen sobre todo contra las mujeres, siendo estas el 74% de las víctimas, lo que también desvela un machismo estructural que tiene incidencia en el SAS.
Bajas por ansiedad
De ahí que testimonios como el de Elena González sean tan relevantes. La doctora trabajaba en un centro de salud rural de la provincia de Granada cuando sufrió una agresión que la mantiene de baja por accidente laboral desde hace tres meses. “Llevábamos meses avisando de que aquello era un peligro”, relata. Durante semanas estuvo sola en el consultorio en amplias franjas horarias, sin personal administrativo, sin seguridad y sin sistemas de alarma. A pesar de tener reducción de jornada por conciliación familiar, atendía la misma carga asistencial que sus compañeros. “No tenemos timbre, no tenemos absolutamente nada. Estamos solos la mayor parte del tiempo”, resume.
El episodio que colmó el vaso llegó cuando un paciente con antecedentes penales y un historial de conductas violentas acudió a la consulta armado con un cuchillo, tras semanas de amenazas y episodios de tensión por la negativa a prescribirle determinados fármacos. “La sala de espera entera estaba asustada”, recuerda. González asegura que había alertado reiteradamente a la dirección del centro, al distrito sanitario y a la Delegación de Salud, sin que se adoptara ninguna medida. “Es más fácil contratar a un sustituto que poner seguridad”, lamenta, al tiempo que denuncia una “normalización” de la violencia y respuestas que minimizan lo ocurrido. “Te dicen que esto nos pasa a todos todos los días y que hay que asumirlo”.
Lo que ocurre en los centros de salud se replica también en los hospitales. Antonio Córdoba, médico de Urgencias en el Hospital San Agustín de Linares (Jaén), asegura que las agresiones forman parte del día a día del servicio. “Episodios de este tipo los vivimos prácticamente a diario, de forma directa o indirecta”, afirma. Empujones, amenazas, intentos de golpes o agresiones durante traslados en camilla son escenas habituales en un entorno saturado donde “todo drena”: pacientes graves, personas con problemas de salud mental y usuarios que no pueden acceder a Atención Primaria y acaban en Urgencias.
Córdoba apunta además a un fenómeno que, según denuncia, se ha ido consolidando con los años: la agresividad como estrategia. “Hay gente que sabe que si grita, si monta el espectáculo, se le va a atender antes”, explica. La falta de control de accesos y el incumplimiento de las normas —como el límite de acompañantes— contribuyen a un clima de tensión constante. “El control es un coladero. Te encuentras a familiares esperándote en la puerta de la consulta”, añade. A ello se suma la infradenuncia: “Muchas agresiones no se denuncian por miedo o porque sabes que eso va a tener poco recorrido”.
Agresiones machistas
Los datos oficiales respaldan buena parte de estos relatos. En 2025 se registraron 1.589 agresiones no físicas —insultos, amenazas o coacciones— y 387 agresiones físicas, el dato más alto de toda la serie histórica. Algo más de la mitad de los ataques se produjeron en Atención Primaria (51,37%) y el resto en hospitales. Las mujeres fueron las principales víctimas y más del 80% de las agresiones se dirigieron contra personal sanitario, especialmente médicos y profesionales de enfermería.
Desde el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería de Salud, se insiste en que se está trabajando en la prevención a través de la formación y la mejora de los protocolos. En el último año, el SAS asegura haber formado a 743 profesionales en técnicas de desescalada verbal y haber realizado un centenar de simulacros en centros sanitarios. También defiende que el incremento de las agresiones en 2025, del 5,9% respecto al año anterior, supone una “contención” frente a subidas más acusadas como la de 2024, cuando los ataques crecieron un 19%.
Sin embargo, los sindicatos cuestionan esa realidad y consideran que la Junta pone el acento en la formación mientras deja de lado los problemas estructurales. Desde la mesa sectorial (UGT, CSIF, CCOO, Sindicato Médico, SATSE) sostienen que ni el Plan de Prevención ni el Observatorio de Agresiones han logrado frenar la violencia y denuncian la falta de personal, de seguridad y de medios materiales en los centros. “Solo el 13% de las agresiones tiene relación con la atención prestada por el profesional, mientras que el resto responde a demandas del usuario, al funcionamiento del centro o a causas sin identificar”, explican desde los sindicatos.
Para las organizaciones sindicales, el hecho de que las agresiones sigan aumentando en siete de las ocho provincias andaluzas confirma que no se trata de episodios aislados, sino de un problema enquistado. Mientras tanto, profesionales como Elena González o Antonio Córdoba continúan trabajando en un clima de tensión permanente, con la sensación de que la violencia se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de la sanidad pública andaluza.