Estados Unidos bajo Trump: cuando gobernar desde el miedo sustituye a gobernar desde los derechos
El 20 de enero de 2026 se cumplió un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Para quienes defendemos los derechos humanos, el balance es claro y preocupante: las previsiones más pesimistas se quedaron cortas. Pensábamos que iba a ser malo, pero ha sido peor. En apenas doce meses, Estados Unidos ha acelerado una deriva que erosiona garantías fundamentales y coloca a millones de personas en una situación de mayor vulnerabilidad.
La narrativa dominante de esta administración se apoya en la idea de que la seguridad solo puede construirse desde el castigo. Bajo ese marco, se han reforzado políticas que discriminan, criminalizan y silencian. Las personas migrantes, las comunidades racializadas, el estudiantado y quienes ejercen el derecho a protestar se encuentran entre los principales objetivos de esta estrategia.
Uno de los ejes centrales del nuevo mandato ha sido la intensificación de la política migratoria. La llamada “maquinaria de deportación” funciona hoy con más rapidez y menos controles. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, ha ampliado operativos en barrios, centros de trabajo y juzgados, generando detenciones que muchas veces se producen sin órdenes judiciales claras y mediante perfilamiento racial. Para miles de familias, la vida cotidiana se ha transformado en un ejercicio permanente de autocensura: no acudir al hospital, no denunciar un delito, no participar en la escuela por miedo a ser detenidas.
En varios estados se han reforzado normas que facilitan disolver concentraciones pacíficas y sancionar a quienes las organizan. El mensaje implícito es claro: protestar tiene un coste
Desde Amnistía Internacional hemos documentado cómo solicitantes de asilo son encarcelados durante meses sin una revisión efectiva de su situación, cómo se separan familias de forma arbitraria y cómo se obstaculiza el acceso a abogados. La migración deja de ser un fenómeno humano para convertirse en una cuestión penal, cuando la mayoría de las personas detenidas no ha cometido ningún delito.
Este endurecimiento va acompañado de la expansión de centros de detención que funcionan como auténticas prisiones. Personas cuya única “falta” es no tener papeles son privadas de libertad en condiciones que vulneran estándares internacionales: hacinamiento, deficiente atención médica, aislamiento prolongado y trato degradante. La detención migratoria, que debería ser excepcional, se utiliza como herramienta de intimidación política.
El retroceso no se limita a la migración. En el último año se ha intensificado la criminalización de la protesta. Manifestaciones contra ICE, por la justicia racial o por causas internacionales han sido reprimidas con un uso excesivo de la fuerza y con detenciones masivas. En varios estados se han reforzado normas que facilitan disolver concentraciones pacíficas y sancionar a quienes las organizan. El mensaje implícito es claro: protestar tiene un coste.
Ante este escenario, Amnistía Internacional mantiene como prioridad la protección de las personas migrantes, la defensa de la libertad de expresión y el freno a la maquinaria de deportación
Las universidades tampoco escapan a este clima. Bajo el pretexto de la seguridad o de la lucha contra el extremismo, se limitan asambleas, se vigila a estudiantes y se sanciona a profesorado por expresar opiniones críticas. Espacios que deberían ser de pensamiento libre se convierten en territorios de control, debilitando uno de los pilares de cualquier democracia.
A todo ello se suma un problema estructural que sigue sin resolverse: la violencia institucional. Los recientes homicidios ocurridos en Minneapolis vuelven a mostrar que el uso letal de la fuerza y la falta de rendición de cuentas continúan afectando de manera desproporcionada a comunidades racializadas. Sin investigaciones independientes ni justicia efectiva, la impunidad se normaliza.
Ante este escenario, Amnistía Internacional mantiene como prioridad la protección de las personas migrantes, la defensa de la libertad de expresión y el freno a la maquinaria de deportación. Nuestra hoja de acción busca articular un mensaje común que permita conectar campañas, movilización social y presión política.
Estados Unidos se enfrenta hoy a una elección fundamental: puede gobernar desde los derechos o desde el miedo. La historia demuestra que cuando se elige el miedo, quienes primero pierden son siempre los más vulnerables, pero al final pierde toda la sociedad.