La atención a la dependencia en Jaén llega a los tribunales
La tensa relación entre el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía limará una de sus aristas, la atención a la dependencia, en los tribunales. El 23 de enero, la administración autónoma presentó un recurso ante el juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo, contra el decreto municipal de 3 de diciembre, “porque desatiende a un grupo de pacientes amparados por la Ley de Dependencia”, ha explicado la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez. En ese mismo recurso, la Junta pide que se suspenda cautelarmente el decreto para evitar perjuicio a los usuarios.
“Ahora mismo el procedimiento judicial está tramitándose”, ha señalado Gálvez, “no hay un fallo sobre la solicitud”. Es decir, que no hay medidas cautelares en marcha, sino un nuevo recurso que sumar al presentado por el propio Ayuntamiento, después de renunciar al servicio y a las diligencias abiertas por la fiscalía. Ahora, el juzgado ha pedido al Ayuntamiento que argumente su renuncia. El alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ha confirmado este requerimiento y ha explicado que el Consistorio ya ha cerrado su escrito de oposición, “diecinueve folios extraordinariamente documentados”, en el que rebate las demandas de la Junta al tribunal.
Fernández de Moya da por hecho que habrá batalla judicial y la promete larga. “Iremos a todas las instancias judiciales”, ha indicado. De hecho, cree que la denuncia del convenio “en tiempo y forma” sumada a los cambios que la reforma local ha introducido en la prestación de este servicio, son claves para dar la razón al Ayuntamiento jiennense en su renuncia a la dependencia. Un extremo que la Junta ha discutido desde el principio. Lo cierto es que de cómo se resuelva este litigio dependerá la aplicación de dicho servicio en otros ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
Una cuenta aparte
El alcalde ha hecho estas aclaraciones minutos después de presentar en la delegación del gobierno su propuesta con las condiciones municipales para retomar la gestión de la atención a dependientes. El contenido lo ha explicado el concejal de Hacienda, Miguel Contreras. El Ayuntamiento se compromete a crear una cuenta restringida donde se ingresará el dinero de la Junta y destinará sólo los pagos relacionados con la dependencia.
A cambio exige a la administración autónoma “pagar en el plazo de 60 días” y si no lo hace “a partir del día 61 se empezarán a devengar intereses de demora, de forma que el Ayuntamiento tenga seguridad plena y jurídica de que vamos a percibir no sólo el importe, sino también los intereses de demora”, ha dicho Contreras. El concejal advierte que la Junta ya se comprometió a pagar en ese plazo sólo que “nunca hubo un compromiso por escrito”.
Con esas garantías, el Ayuntamiento se sentaría a negociar la gestión de la dependencia. La delegada del Gobierno andaluz ha señalado que “se ha dado traslado a la consejería” del documento presentado por el alcalde. No obstante, Gálvez ha evitado pronunciarse sobre el contenido, aunque ha aceptado que “habrá que estudiar y ver qué propuesta ofrece y la viabilidad de la misma”.
Una vía de diálogo
Lo curioso es que la Junta ha insistido en que no presentó su recurso hasta hace dos semanas porque ha “intentado agotar la vía del diálogo”. Exactamente esa vía es la que el Ayuntamiento anuncia que ha abierto al presentar su propuesta de convenio, pero advirtiendo a la Junta que “si no se sienta a negociar estará demostrando que no tiene plan B para garantizar la prestación del servicio o que no quiere sentarse a negociar con este Ayuntamiento”, ha sentenciado el concejal de Hacienda.
Mientras tanto, el Consistorio reconoce haber recibido ya factura de la empresa correspondiente al mes de diciembre. Es la primera que emite después de la renuncia municipal al servicio. El documento está en el Ayuntamiento y, según Contreras, aún no se ha decidió “qué hacemos y a quién derivamos la factura”.
La empresa está casi al día de pago con las trabajadoras. Ahora mismo, según el representante de UGT, Miguel Ángel Cazalilla, sólo les debe la nómina de enero. Cazalilla ha alabado el “esfuerzo” del empresario por “mantener la prestación del servicio”, ya que el Ayuntamiento aún le debe 1,5 millones de euros, los correspondientes a unos 7 meses de facturación. Una cifra que supone casi el doble de lo que la Junta adeuda al Consistorio, en torno 700.000 euros, según las cuentas del Ayuntamiento.
Cazalilla ha demandado de la Junta una respuesta concreta para el mantenimiento de la atención a la dependencia en Jaén y al Ayuntamiento que los 60 días de plazo que exige a la Junta para el pago “se los aplique”, para que la empresa pueda hacer frente a la nómina de enero.
