La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra la decisión del juez de ampliar la investigación sobre los contratos a dedo con clínicas privadas, una causa en la que están imputados por un supuesto delito de prevaricarición.
La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, pedían en su escrito de apelación el archivo de la causa antes, incluso, de tener que declarar como imputados ante el juez, que ya les había citado para el próximo 25 de noviembre.
El abogado de los tres querellados considera que la prórroga de seis meses decretada por el juez para investigar más a fondo “no tiene sustento legal” y reprocha al magistrado que conduzca un “proceso prospectivo” para ver qué encuentra.
Dos juzgados investigan desde hace casi un año el “abuso” en la contratación a dedo del SAS con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. En Sevilla se investigan los contratos de emergencia entre 2020 y 2024 amparados en el marco legal que se habilitó durante la pandemia cuando ya estaba derogado. En Cádiz se investiga una cantidad ingente de contratos menores encadenados durante el ejercicio 2021, suscritos con la misma empresa y por la misma prestación, como un “fraccionamiento masivo para vulnerar la ley”.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno se personó en esta segunda causa —primero como “parte perjudicada”, luego como “responsable civil subsidiario”— pero no lo está en la primera, donde aparecen como imputados los tres últimos gerentes del SAS. Esta causa parte de una querella del PSOE andaluz, que les acusa de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y pertentencia a organización criminal.
Sin embargo, el abogado de los tres gerentes del SAS —que no paga la Junta, según declaró la consejera portavoz, Carolina España— sigue la misma estrategia procesal que la representación legal del SAS en el caso de los contratos troceados de Cádiz, es decir: recurrir la decisión del juez de prorrogar y ampliar la investigación para incluir nuevas diligencias (testimonios, documentación, informes...) y solicitar que se decrete el “sobreseimiento” de la misma, argumentando que “no hay indicios claros” de delitos contra sus representados.
El juez de instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díaz, dictó un auto el pasado 13 de junio para prorrogar seis meses la investigación de los contratos de emergencia del SAS, cuando estaba a punto de expirar el plazo máximo desde la incoación de la causa, hace un año.
El magistrado argumentó que aún faltaban por practicar diligencias “esenciales”, pero no concretó qué nuevas líneas de investigación pensaba abrir porque estas, dejó escrito, “vendrán determinadas [precisamente] por las diligencias que están pendientes de practicar”.
Ese mismo mes de junio, el abogado de los tres gerentes del SAS presentó un recurso de apelación oponiéndose a la decisión del juez de prorrogar la instrucción medio año más [metiéndose ya en pleno calendario electoral de las andaluzas], al considerar que su argumento “incurría en un grado de vaguedad e indeterminación incompatible” con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es más, el letrado sugiere en su escrito de apelación que el juez Gómez de estar llevando a cabo una investigación “prospectiva”. “La instrucción no puede convertirse en un proceso prospectivo ni en una indagación indefinida, sino que debe descansar sobre indicios objetivables que justifique su continuación”, reza el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que termina solicitando al juzgado que “anule” la prórroga. La Fiscalía se alineó con el magistrado y rechazó el recurso de los querellados.
Es la primera vez, desde que se inició la investigación sobre los contratos de emergencia, que los tres gerentes del SAS imputados recurren una decisión judicial. Este recurso de apelación llama especialmente la atención porque exige dar por terminada la instrucción antes de que ellos mismos declaren como imputados ante el juez, una citación ya programada por el juez para el próximo 25 de noviembre.
Lo habitual es que el juez apruebe la prórroga de la instrucción cuando están a punto de cumplirse 12 meses desde la incoación de la causa, pero aquí existe un desfase con la fecha que dio origen al procedimiento. El Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla abrió diligencias, a raíz de la querella interpuesta por 30 diputados del PSOE andaluz, pero solo se limitó a remitirla al Juzgado Decano para su reparto.
El caso cayó en manos del juez Gómez, titular del Juzgado de Instrucción nº 13, que decidió prorrogar la investigación el pasado junio, cuando se iba a cumplir un año desde el auto de incoación. Pero en realidad su instrucción empezó “formalmente” meses después, el 1 de octubre de 2024. Es a partir de esa fecha cuando ordena múltiples diligencias (reclama documentación a la Junta de Andalucía, a la Intervención General y otras instituciones, cita a declarar a imputados y a testigos, etc.).
Por eso, la semana pasada la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó el recurso de apelación del abogado de los tres gerentes del SAS imputados, que maniobró para archivar la investigación antes de que sus representados declarasen en el juzgado, aprovechando ese desfase de cuatro meses entre la incoación de la causa (junio) y lo que la Sala considera puramente la “investigación judicial” (octubre).
El pasado 27 de octubre, la Audiencia de Sevilla avaló la prórroga de seis meses acordada por el juez Gómez. El magistrado había solicitado a la Junta de Andalucía un volumen ingente de documentación, tanto del SAS como del Consejo de Gobierno, que el 6 de octubre de 2020 acordó sustituir el control previo de los contratos de emergencia por parte de la Intervención General de la Junta por auditorías a posteriori.
El juez también pidió expedientes completos y los informes de los interventores del SAS censurando la contratación de emergencia con clínicas privadas sin aparente sustento legal, entre 2020 y 2023; informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, además, ha citado a declarar en calidad de testigo a dos altos cargos de la Junta, la actual viceconsejera de Economía y Hacienda, Amelia Martínez; y al ex director de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda.
Amelia Martínez ocupaba el puesto de interventora general de la Junta durante el periodo investigado, hasta que Moreno la fichó como número dos de Hacienda, en 2022. José Antonio Miranda, veterano diputado del PP andaluz, fue el gerente económico del SAS desde el primer Gobierno de Moreno, en 2019, hasta el pasado marzo, cuando es destituido en plena investigación judicial (tres meses después su nombre apareció por primera vez en la instrucción del juez).
La hoy número dos de la Consejería de Hacienda -que aún no está imputada por ningún delito- avaló en su informe la retirada del control previo a los contratos a dedo sin un argumento específico —ni siquiera lo relacionó con la pandemia— y se limitó a subrayar que consideraba “oportuno actualizar la relación de gastos, órganos y servicios” que cambian su sistema de fiscalización interna “de cara a una mayor agilidad y eficacia en la gestión”.
Por su parte, Miranda fue el responsable directo de contabilidad en la sanidad andaluza desde 2019 y quien prorrogó los contratos a dedo con clínicas privadas durante cinco años, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.
También fue el encargado de justificar la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, hasta 2024, y de rebatir (sin éxito) los numerosos informes desfavorables de los interventores del SAS, que cuestionaban abiertamente la legalidad del procedimiento de pago una vez pasado lo peor de la pandemia.
Esos informes de alerta, que sacó a la luz elDiario.es en marzo de 2023, obligaron al Gobierno de Moreno a anunciar la suspensión de los contratos de emergencia en el SAS 24 horas después, y dieron pie a la apertura de la actual investigación judicial.
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