Hay una descoordinación tremenda en la atención social en lo referente a la salud mental y, sobre todo en dependientes, está totalmente desestructurada.
Soy técnico sociosanitario en un pueblo de Granada. El sociosanitario de por sí es un trabajo invisibilizado que se encarga de dar dignidad a los dependientes en sus actividades básicas de la vida diaria. Concretamente con los discapacitados intelectuales realizamos seguimiento y apoyo psicológico y, si se da el caso, los acompañamos a sus citas médicas o de salud mental.
Atiendo a usuarios que poseen estas características. Veamos un ejemplo tipo: un dependiente de grado I muy joven, con discapacidad intelectual. Toca cita en salud mental y está en mi labor crear en él el hábito del cuidado psicológico.
Nos atienden dos profesionales. Son psiquiatras, no psicólogos, y a través de una batería de preguntas revisan si el usuario ha estado tomando su medicación.
“¿Cómo estás?”. “Estoy fatal”, responde él. Aquello es el disparo de salida. Uno de los síntomas que muestran que algo no se está conteniendo como debe es cuando alguien no puede dejar de hablar. En ese momento el usuario comienza explicar sus insatisfacciones. Está frustrado. Lleva así mucho tiempo. Al psiquiatra no le deja hablar en un buen rato. En su monólogo habla de sus obsesiones y malestar venido desde otros puntos de su vida: peleas con su familia a causa de vejaciones y falta de cariño, dificultad de inserción social, envidias, rencores, el bullying que ha recibido, agresiones en la calle, así como un largo etc. Al escucharlo, se detecta que sus padres son un tema a tratar, ya que entienden la discapacidad del chaval como un problema y ello interrumpe expresiones de cariño y entendimiento.
Los psiquiatras escuchan, no dudo que lo hagan de corazón pero se limitan únicamente a teclear algo en la ficha del chico y preguntar: “¿Estás tomando la medicación?”
La pregunta es un jarro de agua fría. Toda la emocionalidad desaparece al instante. Aun así, el chaval vuelve a la carga. Necesita hablar y parece que nadie atiende eso.
“Es que una persona indigente me agredió”, comenta a los psiquiatras sobre cómo le agredieron en la calle. “Una mujer de la calle me gritaba, me arañaba y yo tuve que contener mi rabia. Quería pegarle a algo. Cuando llegué a mi casa mi padre únicamente se reía de mí y me decía: ”Já, te ha pegado una mujer“.
Padres como los de este usuario casi siempre ignoran las repercusiones de estos mensajes, desautorizando el dolor. Hablar mal nunca es la solución y como consecuencia estas palabras producen un gran vacío emocional, desarrollando en ellos baja autoestima, rencor y envidia hacia lo que les rodea. “¿Estás tomando la medicación?”, vuelven a preguntar los psiquiatras. “No. No la estoy tomando”. En su casa no hay seguimiento para ello y mi palabra se esfuma, pues un trabajador social valoró que con 2h semanales bastan para cubrir su dependencia. Además, los padres tampoco quieren criar a su hijo a base de pastillas.
Los psiquiatras me miran sorprendidos. “Eso es algo que debe coordinar en su centro de salud. Que acuda a su centro y busque a la trabajadora social. Nosotros no tenemos recursos ni personal”. Ahí acaba la consulta. La siguiente cita será para dentro de 3 meses. Es muy frustrante.
Y lo entiendo, salvo casos extremos, la medicalización no es la primera respuesta. ¿Dónde queda la atención psicológica? Las pastillas no acallan el problema, el condicionante ambiental ni educan, solo entierran la realidad.
Si por algo debería iniciar la atención en salud mental es comenzar a ser escuchado por un psicólogo. Después mediante un sistema de coordinación interferirían una serie de profesionales en instituciones multidisciplinares que terminarían de asegurar la dignificación del usuario. Creo que la medicación no es la solución si lo que falta es responsabilidad afectiva a través del cariño y comprensión.
La sesión en salud mental continúa.
“Solo tengo deseos de pegarle a alguien”, expone el usuario.
“Bueno. Te voy a recetar de nuevo Ketiapina. Una cada noche. Si te ves más inquieto ese día, tómate dos”. Responden los psiquiatras. En ese momento tengo que intervenir:
“¿Y un psicólogo? Él necesita cubrir sus necesidades emocionales. Su familia necesita aprender a gestionarse en terapias de grupo y si no es posible, habría que derivar al chaval a algún centro que imparta dinámicas de grupo donde se eduque y enseñe junto a los demás”.
Los psiquiatras me miran sorprendidos. “Eso es algo que debe coordinar en su centro de salud. Que acuda a su centro y busque a la trabajadora social. Nosotros no tenemos recursos ni personal”. Ahí acaba la consulta. La siguiente cita será para dentro de tres meses. Es muy frustrante.
Tres meses es demasiado tiempo sin solución real para un chico con discapacidad intelectual que ha generado un diálogo complejo, confuso y doloroso sobre su entorno, que precisa de un seguimiento psicológico, pero al que el sistema sanitario anula con preguntas que según la respuesta evocan la toma de pastillas. No es justo.
¿Por qué no había profesionales, entidades o asociaciones que promulgaran dinámicas de grupo para regularizar comportamientos y educar en el proceso? Sería muy fácil para los profesionales pulsar un par de botones en su ordenador y derivar el caso a otros servicios en conjunto: Revisión de PIA’s por los trabajadores sociales y desde ahí posibles caminos psicólogos, educadores e integradores sociales en centros multidisciplinarios (como Aprosmo o Faisem) a través de la junta de Andalucía, donde como último escalón habría un psiquiatra para tratar con medicalización necesidades concretas. Pero nada de esto existe.
Las pastillas sustituyen el calor, los abrazos, escuchas activas y necesidades y para colmo, no todas las familias conocen estos recursos y cómo conectarlos.
La dignidad de los discapacitados o gente con trastornos no puede ser vivir bajo el yugo de las pastillas y el silencio sin propiciar antes una educación emocional
¿No deberían de estar coordinados? No siempre es necesario un caso extremo. No es lógico curar sin prevenir y falta mucha sensibilización en estos temas.
Es así como el técnico sociosanitario a domicilio es el único método de contención y unión. Aquel que recoge frustraciones y en quien confiar. Es al técnico a quien acuden los padres para sostener a sus hijos. Mi trabajo en ese momento consiste en escuchar, contener y aconsejar en bucle, y en esto estoy solo, con toda la carga emocional que ello implica. Si yo no detecto esto, si no hay coordinación cuando a mí me destinen a otra parte o deje este trabajo, será muy difícil retomar esta conexión entre recursos sociales y ese dolor seguirá presente con cada vez mayores consecuencias. La dignidad de los discapacitados o gente con trastornos no puede ser vivir bajo el yugo de las pastillas y el silencio sin propiciar antes una educación emocional.
El problema no es de los profesionales, el problema en Andalucía es que no hay dinero destinado a los recursos en salud mental, por lo que la solución pasa por la medicalización. Ellos deciden cortar por lo sano. Imaginad cuántos casos no abordados habrá.
Mucho buscar agua o microorganismos en otros planetas, pero el verdadero desafío estaba en destinar dinero público a elaborar procesos de coordinación para el cuidado social, con todos los puestos de trabajo correspondientes. Mientras seguimos medicalizando, seguimos alimentando la paradoja de la insatisfacción social que expone que los ciudadanos no podamos cubrir las necesidades porque es materialista y económicamente imposible, siendo esto una gran mentira.
Por eso seguiremos esperando lo que merecemos.
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