Cinco limpiadoras se quedan en la calle: últimas víctimas del nuevo golpe a la educación pública de Cádiz

A finales de junio se confirmó el cierre del CEIP Institución Provincial de Cádiz. Otro golpe duro a la escuela pública en la ciudad gaditana, donde desde hace dos décadas ha ido perdiendo centros como el Bartolomé Esteban Murillo, José León de Carranza, Eduardo Benot o el IES La Paz, entre otros, hasta llegar a la cifra de diez.

El profesorado del CEIP Institución Provincial de Cádiz ha sido recolocado en otros centros escolares pertenecientes a la red de la Junta de Andalucía, pero ¿qué ha sucedido con las limpiadoras del centro? Las cinco empleadas pertenecen a la empresa Ferronol, que es la contrata que hacía este servicio para Diputación. Hasta el 16 de octubre acudieron cada mañana a las puertas del colegio, pero el contrato finalizó y se han quedado en la calle.

Almudena Moreno, delegada sindical, explica que “no se nos ha dado ninguna solución. En Diputación nos dicen que van a intentar abrir un pliego para incorporarnos en algún centro, pero sin fecha clara. Es una situación denigrante y vejatoria por parte de la empresa y de la Diputación. Iremos cada jueves a la puerta de la Diputación para seguir reivindicando una solución para nosotras”.

En este caso la razón oficial del cierre es que los propietarios del edificio, la Fundación Aramburu (del Obispado de Cádiz), han decidido recuperar la gestión del inmueble, cuya cesión expira el 20 de octubre de 2020. El colegio lo gestionaba la Diputación de Cádiz, que ratificó el cierre en junio con los votos a favor del PSOE y de La Línea 100x100; los de Partido Popular, Adelante Cádiz, Izquierda Unida, Ciudadanos y Andalucía x Sí estaban en contra.

Las matriculaciones en Infantil de tres años habían caído en los últimos cursos y el mantenimiento del centro dejaba mucho que desear, según fuentes del centro, lo que empezó a provocar la alarma de los sindicatos gaditanos en el primer trimestre de 2020 ante lo que denunciaban como la privatización de la educación en Andalucía, y más concretamente en Cádiz. La escuela privada y concertada alcanza cifras en torno al 60% en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria y avanza también en el bachillerato y la FP. Cádiz, una ciudad que pierde habitantes de una manera preocupante en las últimas décadas, ha visto el cierre de numerosas líneas en sus centros públicos.

El diputado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, le pasa la pelota a la Junta de Andalucía a la hora de buscar responsabilidades en el cierre del centro: “El cierre se ha producido por una convergencia de causas: por la Fundación Aramburu, propietaria de un bien del que reclama su reversión, y por imposibilidad jurídica, al carecer Diputación de competencia en materia educativa. A esos factores se le suma la ausencia de respuesta por parte de la Junta de Andalucía”.

La Junta, a través del delegado territorial de Educación de la Junta en Cádiz, Miguel Andréu, ha descartado tomar las riendas en este caso por dos motivos. En primer lugar, porque el centro “se asienta sobre un suelo y un edificio ajeno y de propiedad totalmente privada, que se cedió a la Diputación” y, en segundo, porque “la planificación educativa existente en el área de influencia de Cádiz capital garantiza la absorción de este alumnado en otros centros de gestión propia de la Junta”.