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Griñán, el hombre que sabe de todo, menos de los ERE

Griñán afirma que "jamás" recibió informes de Intervención para actuar ante posibles irregularidades

De los cinco presidentes de la Junta de Andalucía, el más brillante de todos ha sido sin duda José Antonio Griñán. "El hombre que lo sabe todo". Así lo describían sus amigos hace unos años, antes de que existieran los teléfonos móviles con acceso a Google, el buscador que convierte al más ignorante en una eminencia. A Griñán no le hace falta: es muy culto, ilustrado, con una gran memoria. Al contrario que muchos opinadores, Griñán tiene una opinión de casi todo precisamente porque sabe de casi todo, pero del caso de los ERE no sabía nada durante la etapa en la que fue consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) con Manuel Chaves como presidente de la Junta.

Este miércoles ha declarado ante el tribunal que juzga el procedimiento específico seguido para conceder las ayudas sociolaborales y empresas en crisis, que la fiscalía estima ilegal, y que sienta en el baquillo de los acusados a 22 ex altos cargos, entre ellos, los expresidentes Chaves y Griñán. A este último, el fiscal le pide 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Como consejero y como presidente andaluz (2009-2013), Griñán, a punto de cumplir 72 años y con 45 de servicio público,  ha tenido numerosas comparecencias públicas y la que ayer protagonizó durante casi ocho horas ante el tribunal no fue en la que más tenso se le ha visto. Ha habido debates políticos en los que se ha mostrado mucho más inquieto y atento ante posibles emboscadas de sus adversarios que ante las preguntas que le formuló el fiscal Manuel Fernández Guerra. "El digno representante del ministerio público", en palabras del letrado José María Mohedano, no puso en ningún aprieto al ex presidente andaluz al que sometió a un examen de derecho administrativo, presupuestario y financiero, pero no demostró por qué Griñán está acusado de malversación y prevaricación.

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Torquemada según San Juan

La Unión de actores apoya a Alberto San Juan: "Democracia y censura no casan"

Desde que el Tribunal Constitucional, al bendecir la LOMCE, se ha convertido en una franquicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Torquemada es un trendingtopic. La inquisición, en los tiempos que corren, va por dentro y cualquier Gobierno, como el actual, se siente con el derecho de recortar libertades con el mismo denuedo que recorta presupuestos: no olvidemos que las reformas laborales y la proclamación del dogma de la sagrada contención del déficit vinieron acompañadas en 2015 por la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley Mordaza para sus enemigos—que consagra los cacheos preventivos, crea una lista negra de infractores, permite que cualquiera pueda pasar seis horas en un calabozo por el simple hecho de no identificarse ante la policía, consagra el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad, entre otros barruntos totalitarios.

Los apóstoles del Santo Oficio florecen en los tiempos actuales y así no extraña que dos concejales de la localidad granadina de Pinos Puente reclamen que la diputación y los ayuntamientos retiren de su programación la obra "Autorretrato de un joven capitalista español" protagonizada por Alberto San Juan. Y no tanto por el contenido de la función sino, a juicio de los ediles presuntamente liberales, porque el actor, "con sus incendiarias declaraciones contra víctimas del terrorismo, contra el Rey o contra la conferencia Episcopal, ha sido incluso objeto de querellas".

Debe ser algo contagioso: hace apenas un año, dos concejales de Huetor Tajar la emprendieron dialécticamente contra el cantaor Juan Pinilla porque se había metido en Facebook con el aguilucho franquista: "El día que acepten que perdieron la guerra, ese día, se podrá vivir, se podrá respirar, se podrá convivir entre unos y otros con mayor respeto, y por supuesto, se podrá vivir", le replicó uno de dichos representantes municipales por la misma vía.

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La Gavidia: se vende centro de tortura como hotel

Protesta por una Gavidia que preserve la memoria histórica este sábado 7 de abril.

Estoy abrumada por la desvergüenza de que la Presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, no dimita tras obtener el máster de la Rey Juan Carlos que no hizo (ni clases, ni exámenes, ni TFM). Contengo el aliento a la espera de que se vaya. O la echen. Me cuesta creer, aún viéndolo en la convención del PP en Sevilla, que les da igual cargarse las instituciones -el Gobierno de Madrid, una Universidad pública-, con tal de enrocarse. Saben que ha sido un fraude y que lo sabemos gracias al trabajo periodístico. Y en vez de rectificar, se querellan contra Ignacio Escolar y Raquel P. Ejerique. Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino con un fin clarísimo: que aceptemos el abuso de poder, que dejemos que pudran más nuestra democracia. Son un caballo de Troya contra el Estado de Derecho, hundiéndolo desde dentro. Y se está viendo el apoyo de Ciudadanos.

Eclipsado por este enorme desafío democrático, por las gravísimas encarcelaciones preventivas de líderes del independentismo catalán todavía más en cuestión tras la negativa del juez alemán a extraditar a Puigdemont, incluso por el culebrón de baja estofa de la pelea de reinas y la aún más bochornosa –por falsa y cínica- reconciliación, con la servil Letizia abriendo el coche a su suegra (¿por quiénes nos toman?) hay un terrible ataque al patrimonio democrático sevillano, andaluz y, por tanto, español que no puede pasar inadvertido. Ni podemos consentirlo: quieren borrar la memoria del gran centro de torturas del franquismo que fue la Comisaría de la Gavidia.

La niña que yo era, al empezar los 80, jugaba en la plaza a la sombra del siniestro edificio. Nadie me había hablado aún de lo que, poco antes, allí pasaba, cuando vivía Franco, o incluso en los primeros tiempos tras la muerte del dictador. Yo tenía 6 años. Pero el terror estremecía todavía a mi madre y su temblor latía en el aire contagiándome. Experiencia compartida con hijos de cientos de activistas por la democracia ( aquí vídeo de testimonios hecho por CCOO) que, como ella –en su caso dos veces, la última embarazada de mí-, entraron arrestados en el epicentro, en la capital de Andalucía, de la represión del largo régimen fascista de 40 años.

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La universidad mancillada

El jueves 4 de marzo a las 23.30 h, horas después de que Cristina Cifuentes compareciera en la Asamblea de Madrid y eludiera toda responsabilidad en relación al "mastergate", yo me encontraba frente al ordenador y con mi correo electrónico abierto, intercambiando comentarios y trabajo con mis colegas.

Cualquier otro día no me habría llamado la atención el hecho de que el 90% de los destinatarios de esos correos, unos veinte colegas, estuvieran también delante del ordenador cerca de la medianoche. Esa es la vida académica, una constante relación incestuosa entre nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de vida. A fin de cuentas, nuestro trabajo es vocacional y somos unos privilegiados. Gozamos de una flexibilidad muy apreciada por quienes no la viven y hasta por nosotros mismos, si bien el actual sistema de medición constante de la productividad y la competitividad en un contexto neoliberal nos está abocando a la autoexplotación a quienes tenemos las plazas "en propiedad" y a la explotación a secas a quienes tratan de meter la cabeza en el mundo académico.

Pero el 4 de abril, el hecho de que mis colegas y yo estuviéramos trabajando a las 23.30 h sí me llamó la atención. Porque ese mismo día, la presidenta de la Comunidad de Madrid enseñó a la sociedad española un modelo de universidad hecho a su medida para justificar su mentira, donde según ella, en la universidad es normal matricularse a mitad de curso, no hacer los exámenes, cambiar actas sin garantías y con procedimientos de los que no queda huella administrativa. Pero no es así. En la universidad se imponen numerosos protocolos que garantizan la seguridad jurídica de la comunidad universitaria y otorgan credibilidad a los títulos que allí se expiden.

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El PP andaluz apuesta por la resta que suma con C's

Cuando el Partido Popular decidió en el pasado mes de enero celebrar en abril una convención nacional en Sevilla para, entre otros motivos, relanzar al presidente del PP andaluz Juanma Moreno, el caso Cifuentes no existía. Moreno no tiene responsabilidad alguna de que en el cónclave popular que se clasura este domingo todo gire en torno al invisible máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid; a lo que diga y haga Cifuentes; a los que opinan lo que debe decir y hacer Cifuentes; a las interpretaciones sobre la intensidad del saludo de Mariano Rajoy a Cifuentes y las del abrazo y el cierre de filas decretado por Dolores de Cospedal en torno a Cifuentes; a los que apuestan por la dimisión inmediata de Cifuentes y a los que, por el contrario, aconsejan resistencia.

El caso Cifuentes lo ha tapado todo y el primer damnificado ha sido Juanma Moreno. Está claro que el PP de Rajoy tiene asuntos muy urgentes que resolver (Catalunya, Cifuentes, los Presupuestos), pero alguien en la dirección nacional del partido debería saber que la primera prueba electoral del calendario es Andalucía. Cospedal lo olvidó el viernes en la inauguración y nadie hasta ahora parece recordarlo, salvo el propio Moreno y, precísamente, Cristina Cifuentes.

Salir a correr con el presidente del Gobierno por la mañana temprano como este sábado hizo Juanma Moreno es muy sano, pero el ejercicio deportivo por el parque del Alamillo de Sevilla no es suficiente para hacer creer que para el PP las elecciones andaluzas forman parte de sus prioridades. En otras ocasiones, con Javier Arenas como candidato, mejor dicho, como tetracandidato, sí lo fueron. Las prioridades se demuestran, por ejemplo, en el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, y en Andalucía, hasta la patronal ha criticado con dureza las cuentas de Cristóbal Montoro.

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El pacto

Arriba protesta el Domingo de Ramos en Barcelona contra la detención de Puigdemont (foto Oriol Solé) y abajo ministros con el Cristo de la Legión el Jueves Santo en Málaga (EFE)

La actualidad abriéndose paso a flashes en días de procesión ha sido una continua agresión. Tiendes a cerrar los ojos. Por instinto de protección. Se siente uno atacado. Yo, como tantos que ni somos catalanes ni nacionalistas, me siento dañada por los encarcelamientos de políticos nacionalistas catalanes, por la detención vía euroorden de Puigdemont con que empezó la semana, generando reacciones en las calles barcelonesas, en las carreteras, asomos de violencia cuyas imágenes me dejaron pegada a la pantalla, de noche, el domingo de Ramos. No me oculto que a otra gran parte de españoles les violenta la vía unilateral a la que ha acabado recurriendo el nacionalismo catalán. Compartimos el vértigo de la inestabilidad. Y la impotencia. Pareciera que nada puede hacerse. Hay un temblor soterrado bastante general.

"¿Qué hacer llegados a este punto?", "¿Cómo la máquina judicial no va a perseguir el incumplimiento de la ley?", oigo preguntar. Obviando cómo llegamos aquí. Ya decir "cómo llegamos aquí" es señalado como demasiado utópico, ambicioso. Pero la democracia española dura 40 años sólo. Los hemos vivido. Y la degradación del Estado de las autonomías que nos ha traído a este callejón sin aparente buena salida arranca en 2006. Recordamos cuando PSOE y PP apuntalaban sus gobiernos con el nacionalismo soft de Convergencia y Unió. Admirábamos el seny catalán, su sentido de Estado, aquel Jordi Pujol clave -"tranquilo, Jordi", le decía al teléfono el 23F Juan Carlos-, el oasis del corner derecho, en verdad europeo y avanzado, civilizado. Donde el príncipe era aplaudido por un estadio por agitar la bandera de España; donde se casaba y mudaba la infanta universitaria.

Hasta que en 2006 Rajoy necesitó el populismo de coger firmas anti-Estatut catalán y promover el recurso de inconstitucionalidad para llegar a Moncloa (es doloroso pero cierto: a medida que ETA caía, otro enemigo exterior le convenía). Y en 2010, el Tribunal Constitucional anuló el texto, a pesar de su contenido idéntico al andaluz, sin ir más lejos. De esos polvos este lodo. Regado, para colmo, por dos géiseres de dinero negro que han estallado: la corrupción y financiación ilegal de décadas de la derecha, tanto española como catalana, que hacen que PP y CIU, entregados ambos a recortes sociales, hayan compartido interés por tapar sus vergüenzas... enfrentándonos.

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Primavera trompetera

Rafael Catalá, José Ignacio Zoido e Iñigo Méndez de Vigo en el traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

Hemos resucitado, metafóricamente, de un largo invierno. Qué pronto se olvida la pasión y la Pasión y el sufrimiento; la resurrección quizá sea un deseo, un sueño, el sacrificio, por contra, es una realidad, existe, dura. Pero la tradición dice eso y en esas andamos, de primavera trompetera. Lo repetimos como ritual, uno y otro año.

Ha sido una Semana Santa como tantas, pero disputada. Los símbolos, el territorio del pueblo siempre está en disputa. Tanto que la procesión más celebrada ha sido la del Santo Reproche. Integristas, laicos, colonizadores políticos, oportunistas, nostálgicos del pasado y otros tantos del futuro, que nunca parece llegar, en confrontación.

Los políticos han decidido que esta Semana Santa era una buena ocasión para exhibirse y teatralizar sus ideologías. Lo llevan practicando desde siglos. Saben que eso lo tienen ganado, lo van ganando. Triunfa la indignación difusa entre la mayoría de la gente, que está bizcochable, cualquier ceremonia vale para conjurar sus demonios y celebrar el aquelarre. El resto va acallar. Te dirán que son sus tradiciones. De más de cuatrocientos años. No entrarán en más, por eso, es la mejor de las arenas posibles para la performance de los aprovechados y de pescuezo.

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Educación para la patriotería

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Defensa vuelve a  izar la bandera a media asta en nuestros cuarteles por la muerte de Jesucristo. Tan laico como que el Tribunal Constitucional ampare de golpe y porrazo a la educación segregada del Opus Dei o que la educación concertada de este país aconfesional se base en la infraestructura, la propiedad y los claustros de los colegios religiosos.

Cuando despertamos del sueño de la transición el dinosaurio del nacional-catolicismo seguía ahí. Agazapado como un inquisidor en horas bajas pero que no renunciara a su condición de cruzado contra infieles y ateos. Como el polvo que escondemos debajo de la alfombra, como la asignatura pendiente de la que no estamos dispuestos a examinarnos, como el expediente incómodo e irresoluble que encerramos en un cajón cuya llave hemos arrojado al río de la historia.

Hasta la  Oficina del Defensor del Pueblo ha tenido que salir al paso de la cristianización de las fuerzas armadas que, de ser cierto su amparo a todas las creencias, tendrían que bajar también los pabellones durante la Pascua Judía, el ramadán de los musulmanes, los 1650 años de la defunción de Buda o para conmemorar en mayo los 240 años del fallecimiento de Voltaire.

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Las 'fake news' del derroche autonómico

Según un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la empresa de análisis Simple Lógica, casi ocho de cada diez españoles no sabe distinguir un bulo de una noticia verdadera. Y aún más preocupante: los encuestados ni siquiera intuyen el peligro de ser engañados: están convencidos de que es imposible darles gato por liebre. Es el caldo de cultivo perfecto de las 'fake news', que tan a fondo van penetrando en nuestra cultura política y en la opinión pública. Tanto que llega un punto en el que es inútil insistir en la versión auténtica, en los datos contrastados: paradójicamente, martillear con la verdad parece a menudo ayudar a que se imponga una realidad alternativa.

Esta semana, el Gobierno ha hecho públicos los datos de déficit de 2017, que confirman que España ha cumplido, aunque por los pelos, con las condiciones de los hombres de negro de Bruselas. El déficit del Estado (es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos) se ha cerrado en el 3,07%, apenas unas centésimas por encima del objetivo del 3% que se había fijado. No habría sido posible sin los ayuntamientos, que han cerrado el año de nuevo con superávit, es decir, con dinero de sobra. Ni tampoco sin las comunidades autónomas, que se han ajustado dolorosamente el cinturón para ceñirse a los límites impuestos por Hacienda.

Gobiernos locales y autonomías, y no es la primera vez, le han salvado la cara ante Bruselas al Gobierno, que ha sido la única administración que ha incumplido los objetivos de déficit. Y eso que, cumpliendo el dicho de que "quien parte y reparte se lleva la mejor parte", se ha impuesto en los últimos años límites de déficit mucho más relajados que para el resto. No se nos fueran a estresar los ministros. El Gobierno sigue apretando el corsé a las administraciones que más cumplen, mientras aprovecha esa holgura financiera para hacer regalos electorales, como las  rebajas de impuestos o la subida de pensiones que prometen los nuevos presupuestos.

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Cuando un máster sólo engorda pero no alimenta

Cristina Cifuentes se apoya en Albert Rivera.

El lamentable episodio del máster de Cifuentes ha generados muchas polémicas. La más obvia y sobre la que ya escribí el pasado viernes, la vinculada con las más que posibles falsedades sobre la tutorización, actas o entrega del trabajo fin de máster, y la total inconsistencia de las explicaciones dadas por la universidad y la propia Cifuentes.

Pero lo ocurrido también ha dado pie a cuestionar la titulitis que persiguen muchos políticos y políticas para engordar su curriculum que no su formación real. Bien sea porque creen que de esa manera serán vistos como personas más idóneas por su electorado, o bien porque con una formación superior tendrán más fácil la vuelta a la vida "civil", o justificar que las puertas giratorias responden a la meritocracia y no a su paso por la política.

Y eso me hizo pensar en que contrariamente a lo que ocurre a las y los profesionales de la política, a muchos jóvenes y muy especialmente a las jóvenes, tener un máster puede no sólo frustrarlas sino incluso penalizarlas, al hacerlas aún más sobrecualificadas de los que ya lo están con un título universitario, para un mercado de trabajo precario, saturado y poco meritocrático, y donde además están discriminadas por ser mujeres. La formación mejora las oportunidades laborales de las mujeres pero eso no las iguala a las de los varones, y en muchos casos, las sobrecualifica.

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