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Ahora le toca a los jueces

Diputados del PSOE y miembros del Gobierno, aplaudiendo en marzo tras la aprobación del dictamen de la ley de amnistía.

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Dicho así de manera desnuda no debería sorprender a nadie. Los jueces, en efecto, son los encargados de aplicar las leyes, la de amnistía también. Los poderes ejecutivo y legislativo ya han hecho su papel: proponer y legislar. Una mayoría de 177 diputados, después del preceptivo paso por el Senado, ha aprobado la norma.

Lo verdaderamente inquietante es la posición de la oposición de derechas con respecto a los jueces. No es que esperen de ellos que apliquen la ley, no, lo que esperan es que no la apliquen o que la obstaculicen por todos los medios.

En la justicia constitucional tienen poca confianza, a pesar de los recursos anunciados, pero en la justicia ordinaria han depositado toda su esperanza política. Algunos jueces, algunos fiscales, les dan la razón en sus expectativas y se conceden un amplio margen de acción para que el trayecto de la citada ley tenga todo tipo de vicisitudes; confía la derecha de siempre y la derecha socialista que bajo el manto del conocimiento del Derecho y sus caminos procesales, transitables o no, haya jueces que hagan y den cuenta política de la ley.

Jueces y fiscales ya se han manifestado, sea distribuyendo guías para el filibusterismo procesal, sea para descalificar la nueva norma con argumentos poco jurídicos y mucho políticos, incluso arrogándose atributos que no se corresponden con su papel jurisdiccional, de tal guisa que invaden los poderes electos; algunos incluso lucen sin rubor las vestimentas de su partido político, el judicial, y no las ceremoniales de su importante papel en democracia.

Muchos jueces creen que su papel va más allá del que le reconoce la ley. Asumieron en su momento la delantera en la defensa de la integridad territorial del Estado, ante la vacuidad y falta de ideas del ejecutivo de entonces

Ciertamente, muchos jueces creen que su papel va más allá del que le reconoce la ley. Asumieron en su momento la delantera en la defensa de la integridad territorial del Estado, ante la vacuidad y falta de ideas del ejecutivo de entonces. Se expresaron como miembros de la nobleza de Estado, adornados de papeles y plumas en una misión que no les reconoce ni la Constitución ni la ley común.

De ahí su reacción antes y durante la tramitación de la ley de Amnistía, y lo que ahora se espera de ellos en su aplicación; de ahí que su actuación tenga más que ver con su exceso de atribución que con su auténtica pericia o no, profesional, puesta en cuestión. No se trata de un colectivo dolido profesionalmente sino de un dolor que afecta a su propia convencida esencia. Muchos jueces y fiscales, independientemente de su interpretación equívoca de la separación de poderes, lo que se sienten es reconvenidos. 

En pleno caso Watergate, a la vista de las responsabilidades admitidas por las instituciones estadounidenses competentes atribuidas a Richard Nixon, su sucesor, que había sido su vicepresidente, Gerald Ford, concedió a un ya dimitido Nixon un indulto completo, libre y absoluto.

El debate fue importante sobre la conveniencia de dicho indulto pero académicos y juristas de todo signo admitieron que, en todo caso, se trataba de una prerrogativa constitucional del presidente, es decir, del poder ejecutivo. Es más, se entiende el perdón presidencial como la expresión de un contrapeso del sistema penal federal, propio del sistema político ideado por los padres de la Constitución estadounidense. 

Lo que discuten e impugnan es el propio orden constitucional al negar a la soberanía nacional la capacidad de aprobar una ley que no les gusta ni admiten por razones políticas

El perdón presidencial, el ejercicio de la clemencia constitucional, se parece en Estados Unidos más a un indulto que a una amnistía. En España, con una amplia tradición en materia de ambas formas de clemencia, en el segundo caso, es requisito imprescindible que sea una expresión del poder legislativo, es decir, de las cámaras en las que reside la soberanía nacional, como resultado de elecciones libres y directas. 

Lo que están discutiendo, impugnando, muchos jueces y fiscales, no es ya el valor político restaurativo de una medidas de gracia, no. Lo que discuten e impugnan es el propio orden constitucional al negar a la soberanía nacional la capacidad de aprobar una ley que no les gusta ni admiten por razones políticas y de negación de las competencias del Parlamento en un Estado de Derecho.

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