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Políticos caricatura o desastres evitables

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.

María Iglesias

Son muchos los inconvenientes de que la política, de global a cercana, sea un casting de frikis: de Trump, Boris Johnson, Putin y Bolsonaro a la presidenta madrileña Ayuso y sus ocurrencias sobre atascos y ConcebidosNoNacidos o el consejero de Salud de Andalucía. Su nombre, Jesús Aguirre, puede olvidarse. Pero quien le oye le recuerda: “Mi consejería está tiesa como la mojama”, “Yo no puedo dejar a una persona con cataratas pegando trompazos”, “Lo fácil es fshhh, llegar y chupetón. ¿Quién defiende al no nacido?”. Su última perla la ha soltado en la crisis alimentaria por la listeria al “animar” a una pareja que acababa de perder a su bebé con la promesa de una foto con él.

Es tan caricaturesco, tan de peli de Paco Martínez Soria o cómic de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio que a la vez que concentra las críticas logra eclipsar la cuestión clave. Porque esta infección por carne contaminada que ha causado tres muertes y cinco abortos, 208 infectados en España, 201 en Andalucía donde hay 69 hospitalizados, siendo 28 embarazadas, esta crisis sanitaria que lanza al teatrillo de pelea a la Junta (de PP y Ciudadanos, apoyados por Vox) con el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) ocurre en aplicación de directrices de inspección de la UE basadas en “el autocontrol de las empresas”. Normas por las cuales, las compañías, como industria cárnica Magrudis, que pagan a un laboratorio certificado, aquí Lanutec, sólo pasan inspecciones públicas cada 18 meses.

Tras esta gravísima intoxicación, el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, Luis Alberto Cano, declaró en rueda de prensa que veía mal tan largo plazo: “Habría que controlar como mínimo anualmente”, sobre todo –dijo- en empresas de esta índole con productos alimenticios susceptibles de ser contaminados y que, además, tiene un ámbito nacional y por tanto puede vender a la comunidad europea“.

El buen rollo vacacional que conservo me impulsa a estar segura de que el Consejo General de Colegios Veterinarios, en ejercicio de su responsabilidad, velando por nuestra salud, lleva años instando por escrito al cambio de esta normativa europea aplicada en España. Seguro segurísimo también que han sido legión los funcionarios de ámbito municipal y regional, sevillano y andaluz, pero por todo el Estado avisando de que cuando delegas el control en el controlado hay posibilidad de que éste haga trampas. No por maldad. Sino por la lógica del mercado: ganar más pasta. Ahorrarse personal de limpieza, nóminas, aumenta el margen de beneficios. Clarísimo.

Todos sabemos que el funcionario Pepito Grillo que avisa de una potencial disfunción en la Administración, que pide que tanto él como sus colegas inspeccionen más por igual salario, es aplaudido por sus compañeros y ascendido por los jefazos. De ahí que sea raro que la empresa Magrudis no fuera vigilada en dos años. Más teniendo en cuenta que la trayectoria de su empresario no puede calificarse de intachable. Antes de plantearse cambiar la norma en la UE o modificarla en España, obviamente nuestra informatizada inspección sanitaria aplicará un protocolo de cruce de datos de cada nueva empresa para saber quién cuece nuestras habas, ¿verdad?

Maniobras de distracción frente a lo esencial

Garantizar el control y la seguridad alimentaria es lo importante. Ojo que tras el show del consejero dicharachero ahora nos van a marear con la perdiz competencial. Como en la Selectividad donde se nos lía con el debate de si examen nacional o autonómico, cuando lo que hay que controlar es el hinchado sistemático de notas en ciertos colegios, del tipo que sabemos, y con un peso brutal en la calificación final: del 60%.

Pues en esta misma línea, ahora, ya, el PP usa la listeria para asumir ellos competencias de los ayuntamientos y apuntalar su preferencia ideológica por un estado centralizado, en vez de garantizar lo que evitaría casos de contaminación: que la inspección sanitaria vuelva a ser pública, frecuente e independiente en vez de hecha por laboratorios privados que pagan los inspeccionados.

Por supuesto, ofrecer servicios públicos de calidad, como el control alimentario, requiere nutridas plantillas de funcionarios. Pero no estamos en crear empleo público, sino en bajar impuestos haciéndonos trampas al solitario. La enfermedad, la muerte, incluso de bebés concebidos con tanto cariño y ahora perdidos, prueba de la forma más cruel posible qué caro sale lo barato.

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