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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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Un descenso de la tasa de encarcelamiento no implica una menor dureza de nuestro sistema penal

Área de cárceles de APDHA
Imagen de una prisión española. EFE/ATIENZA/Archivo

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La semana pasada se publicaron las Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa. Se trata de uno de los principales documentos con los que contamos a la hora de conocer las transformaciones que experimentan cada año las administraciones penitenciarias de los Estados que forman parte del Consejo de Europa. Por ello merece la pena resumir algunas de sus principales conclusiones y ponerlas en conexión con los datos que arroja nuestro sistema penitenciario.

El trabajo, coordinado por Marcelo F. Aebi y Mélanie M. Tiago, constata una tendencia que en el conjunto del continente europeo se detecta desde 2013 y es que, de las 49 administraciones documentadas, en 31 de ellas se corrobora un descenso sostenido de la población privada de libertad. Ese año la tasa media de encarcelamiento se situó en 131 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y, desde entonces, este índice ha disminuido cada año, situándose actualmente en 103,2 por cada 100.000 habitantes.

En el caso de los datos correspondientes a España, que se subdividen entre los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado y los que dependen del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, se observa un descenso de la tasa de encarcelamiento del 20,4% entre los años 2010 y 2020. Si se tiene en cuenta que la forma más habitual de medir la dureza con la que castiga una sociedad es atendiendo a su tasa de encarcelamiento, ¿se podría pensar que esta caída del número de personas privadas de libertad es un síntoma de una menor severidad de nuestro sistema penal?

Creo que la respuesta es negativa por diferentes motivos. Como apunta Ignacio González en su libro Neoliberalismo y castigo, aún no tenemos una explicación satisfactoria de cuáles son las causas que explican este descenso. El profesor Aebi advierte en la nota informativa que acompaña al informe SPACE que esta reducción global de la población privada de libertad tiene que ver con la disminución de delitos como el hurto durante el periodo 2010-2020. En cuanto a España, el descenso de la tasa de encarcelamiento también tendría relación con la reforma en 2010 del Código Penal que permitió reducir la pena por tráfico de drogas.

A pesar de este descenso, nuestro Estado, con 123,3 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, sigue destacando en términos comparativos por el elevado número de personas que se encuentran dentro del sistema penitenciario. Al igual que Portugal, nuestro país mantiene unos índices anuales de personas que entran en prisión muy por debajo del resto de administraciones penitenciarias. Entonces, ¿cómo es posible que mantengamos una tasa de encarcelamiento tan elevada? Porque, según apunta el trabajo de Aebi, España –al igual que Portugal– tiene una de las cifras de estancia media en prisión más elevada de todo el continente; 20,4 meses, cuando la media europea se sitúa en los 8,5. Se puede decir de otro modo: aunque, en comparación con la mayor parte de países europeos, tanto en España como en Portugal entran pocas personas en prisión, quienes entran en nuestro sistema penal permanecen mucho más tiempo dentro.

Nuestro país también destaca respecto a la edad de la población privada de libertad. Si se suman las personas presas en centros dependientes tanto de la Administración General del Estado como del Departament de Justícia, nuestro Estado es el sexto país del Consejo de Europa con el mayor número de personas privadas de libertad con más de 50 años –alrededor del 20% de la población reclusa– y se encuentra por encima de la media europea en el caso de personas de más de 65 años.

También nos encontramos entre las administraciones penitenciarias con más mujeres privadas de libertad. Si bien la mayor parte de la población presa son hombres –alrededor del 95% en el ámbito europeo–, en nuestro caso la cifra de mujeres dentro de prisión es muy elevada: el 7,4% de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado son mujeres, lo que nos convierte en la octava administración penitenciaria con la tasa más elevada (en la décima si sumamos las cifras correspondientes a Catalunya).

En relación con la población extranjera que se encuentra dentro de prisión, los resultados del informe SPACE muestran variaciones significativas entre los países que componen el Consejo de Europa. En los países de Europa del Este la tasa de encarcelamiento de personas extranjeras suele ser inferior al 5%, mientras que en Europa Central y Occidental varía desde el 2% al 70%. Nuestro Estado refleja esta misma disparidad regional ya que, en los centros penitenciarios de la Administración General del Estado, el porcentaje de población extranjera se sitúa en el 25,1%, esto es, dentro de la media europea. Sin embargo, las prisiones de Catalunya son, con el 46%, la novena administración con la mayor tasa de personas extranjeras privadas de libertad.

A modo de conclusión se puede sostener que, si bien es cierto que España es uno de los países donde se ha producido un mayor descenso de la tasa de encarcelamiento en la última década, ello no se traduce en una menor intensidad punitiva de nuestro sistema penal. En primer lugar, porque, a pesar de este descenso, seguimos manteniendo un elevado número de personas privadas de libertad en comparación con el resto de países del continente. En segundo lugar, porque la dureza de la administración penitenciaria no afecta por igual a todo el mundo, ya que nuestro Estado se encuentra entre los diez sistemas penales del Consejo de Europa que más tiempo mantiene a una persona en prisión, con un mayor número de población con más de 50 años, con más mujeres privadas de libertad y, para el caso de Catalunya, con un mayor porcentaje de extranjeros entre su población reclusa.

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