Parece que en Doñana se empieza a ver la luz al final del túnel respecto de una de las amenazas más inminentes que se ciernen sobre este espacio único en el mundo e identificado con todo tipo de títulos y distinciones a nivel mundial. Esta amenaza está impresa en el proyecto de almacenamiento gasístico que la empresa Gas Natural Fenosa pretende ejecutar en el entorno de Doñana y está avalada por el Gobierno central y, hasta hace muy poco, por el Gobierno de la Junta de Andalucía con una declaración de interés general y con autorizaciones ambientales favorables a su implantación respectivamente.
Es surrealista que un espacio como Doñana, con un paisaje marismeño único, nutrido por el agua del acuífero 27, clave para la supervivencia de las especies que lo habitan y para conservar su biodiversidad, que lo han hecho merecedor de ser Reserva de la Biosfera de la Unesco, Zona de Especial Importancia para las Aves, Zona de Especial Conservación, integrante de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Patrimonio de la Humanidad, así como de reconocimientos como la Carta Europea de Turismo Sostenible o el Diploma del Consejo de Europa a la gestión y conservación, esté sometido de manera permanente a los intereses particulares y especulativos de las empresas y a la inacción e irresponsabilidad política de unos gobiernos que responden más a incrementar los dividendos de estas empresas que al interés general y la conservación del patrimonio.
Una vez más ha sido la presión social, fruto de la suma de esfuerzos de algunas organizaciones políticas, sociales, ecologistas y personas a nivel individual las que han tenido que echarse literalmente a la calle para pedir que se proteja nuestro patrimonio natural. Un patrimonio que es un préstamo que nos hacen las generaciones futuras.
La historia empieza como un caso más de puertas giratorias cuando Felipe González simultanea su presidencia en el Consejo de Participación de Doñana (2009-2012) con un cargo en el Consejo de Administración de Gas Natural (2010-2015). Tras su salida del Consejo de Participación se aprueba el proyecto gasístico. Tanto los gobiernos del PP como del PSOE han puesto en jaque la supervivencia Doñana.
Los trámites de Gas Natural Fenosa empezaron en 2006 y todos los subproyectos, un total de cuatro, obtuvieron Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Gobierno central, y Autorización Ambiental Unificada (AAU) por parte del Gobierno andaluz. El pistoletazo de salida a las obras se produce en septiembre de 2016 -fue EQUO quien dio la voz de alarma- y la amenaza del gas “fósil” en Doñana empieza a materializarse. Previo, en marzo, se declara el proyecto de interés general por parte del Gobierno central.
Se empezaba a pagar de este modo la inacción e irresponsabilidad de la Junta de Andalucía durante tantos años ante el proyecto de almacenar gas en Doñana, y fruto de la presión social se iniciaba por el Gobierno andaluz una acción improvisada y contrarreloj que culminaba con la ampliación de la zona protegida del parque en 14.000 hectáreas, la aprobación del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión, que llevaba más de 10 años sin renovarse y en el cual se indicaba expresamente que actividades de este tipo son inviables, y la revocación de algunas de las autorizaciones ambientales concedidas.
Esta inversión de tiempo, esfuerzo y recursos se podría haber evitado si realmente el Gobierno andaluz hubiera priorizado la conservación de Doñana por encima de otros intereses empresariales encaminados a especular con un combustible como el gas; un combustible fósil que genera metano, que contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global 40 veces más que el dióxido de carbono.
A día de hoy, la mayoría de las infraestructuras gasísticas construidas en nuestro país están infrautilizadas. De hecho, la planificación gasística del estado está paralizada. El objetivo del almacén gasístico previsto es almacenar un tercio de todo el gas que se consume en España, y a día de hoy no es necesario seguir aumentando sus reservas. Es curioso que cuando hemos preguntado por qué almacenar gas en Doñana se nos hable de la necesidad de disponer de reservas para Europa. Así Europa, que ha sido hasta hace poco líder en la lucha contra el cambio climático, también nos ha puesto en la difícil tesitura de elegir entre ser Reserva de la Biosfera o reserva de gas.
Tampoco hemos visto una acción coordinada del Gobierno andaluz para impulsar las energías limpias y priorizar su uso por delante de las energías fósiles. De hecho, la tan traída y llevada Ley de Medidas contra el Cambio Climático en Andalucía no se termina de aprobar, como tampoco la Junta hace efectivas las competencias compartidas que tiene en materia energética ni pone en práctica el principio de su propia Ley de Fomento de las Energías Renovables de priorizar las energías limpias por delante de las fósiles.
Ha sido la presión de partidos políticos como EQUO y de multitud de organizaciones sociales y ecologistas la que ha hecho rectificar a nuestros respectivos gobiernos central y andaluz, así como la movilización ciudadana para decir que Doñana no es un almacén de gas. Ha sido nuestra acción decidida para requerir un análisis serio y riguroso de los riesgos de este proyecto en su conjunto, y no por partes como se había hecho, teniendo en cuenta el impacto global de los cuatro subproyectos en su conjunto, para valorar debidamente el riesgo para el acuífero y para la población por los riesgos sísmicos potenciales que puede tener la ejecución del proyecto de Gas Natural Fenosa.
Hemos tenido que recordar a nuestros gobiernos con más de 180.000 firmas ciudadanas entregadas que Doñana es Patrimonio de la Humanidad y seña de identidad de nuestro territorio y que no podemos seguir soportando el chantaje de empresas especuladoras que solicitan indemnizaciones millonarias de nuestros bolsillos si las normativas en vigor no se ajustan a sus necesidades. Hemos tenido que recordarles que no se pueden seguir socializando las pérdidas de las empresas, fruto de una mala planificación, de la desidia política o del interés personal de algunos de nuestros dirigentes.
Pero lo peor de todo es que para hacerlo posible hemos tenido que recurrir al Defensor del Pueblo para solicitar los informes técnicos y científicos pertinentes que valorasen los riesgos globales del proyecto del almacén de gas en Doñana.
No está siendo un camino de rosas, pero ya hay pronunciamiento del Centro Superior de Investigaciones Científicas en relación a la necesidad de valorar los cuatro subproyectos en su conjunto, y pronto tendremos el del Instituto Geológico y Minero de España, insisto, a pesar de nuestros gobiernos.
Tomar la calles y defender nuestro patrimonio natural como ciudadanos y ciudadanas de Andalucía es un orgullo, pero también nos indica que se hace camino al andar y que aunque se acerca el principio del fin de este proyecto innecesario, sólo veremos la luz al final del túnel y acabaremos con las amenazas que se ciernen sobre Doñana si seguimos alerta, controlando la acción de gobierno, trabajando con rigor y siempre tomando el pulso a la calle.
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