Tenemos derecho a la ciudad

El derecho a la Ciudad, que es derecho a la vivienda, el derecho al barrio, derecho al espacio público, forma parte del propio desarrollo emocional, ético y moral para cualquier persona.

Andalucía, como bien dijera Domínguez Ortiz, es un país de ciudades. Las nueve grandes ciudades metropolitanas andaluzas, junto con el sistema de ciudades medias, articulan la mayor parte de su territorio, protagonizan el desarrollo de la actividad económica y productiva y del sector servicios.

Las ciudades son también el ámbito donde el urbanismo y sus decisiones tecnocráticas y políticas sigue hoy día generando numerosas suspicacias en cuanto a los resultados que está teniendo la Ley de Integración del suelo y sostenibilidad de Andalucía (LISTA). La perversión de algunas figuras de la planificación urbana tiende de nuevo hacia un urbanismo a la carta, con el cambio rápido de uso de suelos de necesarias dotaciones y equipamientos en uso residencial, o la vuelta de los megaproyectos al rebufo de una simplificación administrativa.

Además, no da pie a que las plusvalías generadas por el planeamiento urbanístico repercutan justamente sobre el interés general, ni mucho menos, relegando los principios del artículo 47 de la Constitución, que determina regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Y es que la Carta Magna establece que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Aún estamos lejos de conseguirlo, y lo peor es que los que llegan de nuevo se olvidan de que existe. Es el caso del urbanismo de Sevilla y los 15 estudios de ordenación en tramitación, lo que resulta al menos preocupante.

En Sevilla, como en muchas ciudades andaluzas, se impone el pensamiento dominante de una ciudad como oportunidad de negocio y generación de plusvalías a costa de priorizar los beneficios del sector privado, y al relato de que desde lo público es muy complicado hacerlo. Los modelos de ciudad que así se generan producen las mayores desigualdades sociales, con operaciones de recalificación, ausencia de vivienda pública, con estructuras cada vez más desordenadas e insostenibles, y supeditando su desarrollo aun a costa de pérdidas para el interés público general.

En este contexto urge reclamar el derecho a la ciudad como consigna moral y ética de la sociedad, que produzca una transformación profunda en la forma de administrar el urbanismo de las ciudades, como de Sevilla y su región urbana, de forma que los poderes públicos garanticen espacios de decisión para co-crear y producir la ciudad desde el respeto a la capacidad de participación en la toma de decisiones de los habitantes de las áreas urbanas.

La sociedad debe trabajar por el derecho a la ciudad como nuevo derecho humano colectivo del que participan todas las personas, para poder habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, decidir y disfrutar su ciudad de forma democrática, participativa, saludable, segura y ambientalmente sostenible.

Solamente desde el derecho a la ciudad se entiende la prioridad de las operaciones de regeneración, rehabilitación y revitalización urbana, frente a la tradicional extensión de la ciudad en nuevo suelo urbanizado, que en la mayoría de los casos no genera plusvalías para el interés general.

La sociedad no puede seguir observando el espectáculo sin poder participar democráticamente en los procesos de transformación del suelo, sin que se vislumbren cambios en la forma de entender el espacio público. En nuestra ciudad contamos con ejemplos recientes como las operaciones de nueva vivienda en Palmas Altas, con ausencia de viviendas en alquiler social, barrio que seguirá aislado sin transporte público hasta dentro de 20 años. La falta de derecho a la ciudad en su dimensión social resulta un hecho.

Desde la Plataforma vecinal para el Derecho a la Ciudad exigimos a los responsables públicos que prioricen las políticas de suelo y vivienda que la hagan accesible a todos los sectores sociales, y especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos. Una ciudad contemporánea y avanzada es aquella que cuenta con estos ejes programáticos:

-Intervenir en el mercado de suelo para poder construir viviendas asequibles, conscientes de la alta repercusión que tiene el coste del suelo sobre ellas.

-Desarrollar políticas sociales que eviten la segregación espacial entre barrios de ricos y barrios de pobres, reconociendo que la mejor forma de integración es la que se produce mediante la mezcla de los diferentes estratos sociales, como siempre ocurrió en los barrios y ciudades andaluzas.

-Establecer compromisos entre la ciudad, la naturaleza y sus infraestructuras verdes. Esto supone también evitar la fragmentación y degradación del paisaje urbano y periurbano, y adoptar estrategias a largo plazo que prevengan la degradación medioambiental, evitando impactos en el futuro.

-Integrar las minorías sociales y la diversidad cultural y racial, respetando las identidades y formas de expresión de sus habitantes sin discriminar. Asegurar el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas en valores de igualdad para favorecer una vida libre de violencia.

-Desarrollar la movilidad sostenible para que la buena calidad del aire de las ciudades esté garantizada, en sus dos principales componentes: el Derecho a la Ciudad de prioridad peatonal, el derecho al transporte público eficiente por su capacidad de reducir el uso del automóvil, y en transformar la forma de entender la ciudad y reducir los tiempos entre sus centralidades.

-Adoptar el Derecho a la Ciudad como estrategia general de la vida urbana.