Educación, ¿servicio público o derecho?

Comienza el nuevo curso educativo con varias novedades. La primera es que será la primera vez en tres años que arrancará sin la obligatoriedad del uso de mascarillas, entre otras relacionadas con un COVID en vías de control. La época estival ha añadido además otras novedades relacionadas con el inicio del curso político y la recién estrenada mayoría absoluta del PP en Andalucía. Lo que no es una novedad desde que gobierna el PP es que el verano haya estado “movidito” por las maniobras políticas que han ocurrido en este ámbito. 

No se ha puesto en marcha el nuevo curso aún, casi no se ha puesto en marcha la legislatura y la nueva administración de la Junta ya enseña bien sus cartas para asuntos relacionados con la Educación, sin novedades de fondo, pero sin rubor alguno en sus formas. Quienes tenemos la convicción de defender una Educación Pública de calidad podemos prepararnos para que, desde el gobierno de la Junta y usando el dinero público para ello, se hagan todas las maniobras posibles para que el sistema educativo andaluz sea cada vez más privado y menos público. 

La evolución presupuestaria no deja lugar a la duda en este aspecto. Ya prepararon bien el terreno en la legislatura anterior, con la aprobación del nuevo Decreto de escolarización, en febrero de 2020 (que derogaba el anterior, de 2011) en el que se prioriza a los centros concertados frente a los públicos en los mecanismos de elección de centro para nuevas matriculaciones. Ahora, durante el verano, la nueva administración de la Junta ha renombrado una dirección general como de “Planificación, centros y enseñanza concertada”. Es un pequeño cambio de lenguaje pero toda una declaración de intenciones. 

Siempre he tenido la sensación de que al mencionar así a la Educación, como servicio público, en vez de como un derecho básico, hemos caído en una trampa

El gobierno del PP y la derecha en general se refieren a estas actuaciones dentro de lo que denominan gestión de los “Servicios Públicos”. Particularmente no puedo ocultar mi rechazo a esta denominación al referirse a la Educación, ni mi incomodidad como docente y como parte de la comunidad educativa que defiende la Educación Pública, cuando desde cualquiera de las organizaciones que defienden el modelo educativo público se refieren a ella también con esa fórmula. Siempre he tenido la sensación de que al mencionar así a la Educación, como servicio público, en vez de como un derecho básico, hemos caído en una trampa, una más, un hilo más de toda tela de araña que el ideario neoliberal ha tejido en torno a nuestra realidad social y que pone de manifiesto a través de su lenguaje. No hace falta más que recordar lo viciado del término “libertad” que desde la Junta se aplicó para referirse al dichoso pin parental o a la elección de centro. Son solo ejemplos de lo medido que tiene la derecha su lenguaje y de lo influyente que es para determinados aspectos cotidianos. 

Si nos referimos al sistema educativo como un servicio público, quienes defendemos el derecho a una Educación Pública de calidad estaremos “jugando en campo contrario” y con sus normas. Como servicio público, las miles de aulas que ha recortado el gobierno del PP o las aulas abarrotadas hasta lo ilegal en muchos casos forman parte de un modelo de gestión. Hay otro, de acuerdo, pero la confrontación entre ambos no deja de ser una especie de escaparate en el que los dos modelos son legítimos, y hay que elegir uno. Es decir, si se critica todo esto solo como modelo de gestión estaremos entrando en su marco de discusión, en su terreno de juego, y en ese terreno no les importa discutir porque se estará trasladando a nivel social que el sistema educativo tiene que estar sometido a los principios neoliberales de sostenibilidad económica, de contención del gasto… de cualquiera de los principios que hagan que el valor económico esté por delante de cualquiera de los valores propiamente educativos y esto tendrá muchos adeptos. 

Es obvio que el modelo de gestión del sistema educativo por parte del PP, al tratarlo como un servicio público más, está provocando que el derecho a la Educación se aleje cada vez más de cada vez más gente. Con su gestión, el PP no trata a la Educación como un derecho y es ahí donde hay que llevar la discusión, una discusión que el PP esquiva siempre de mala manera. Al PP le gusta tratar al sistema educativo como un servicio público que hay que hacer lo más barato posible y no quiere ni oír hablar de que el sistema educativo sea una herramienta para administrar un derecho, porque visto así, las prioridades económicas son, lógicamente, secundarias. 

La gestión del sistema educativo por parte del PP está afectando al derecho a la Educación

A nivel social es fácil entender que un derecho todo el mundo lo posee por igual. Dentro de la comunidad educativa andaluza no han dejado de producirse protestas por este déficit a lo largo de la anterior legislatura. No todo el mundo está recibiendo su derecho por igual: recortes en programas de compensación educativa, en aulas, en infraestructuras, en recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales para afrontar su proceso de aprendizaje en igualdad… En definitiva, la gestión del sistema educativo por parte del PP está afectando al derecho a la Educación, que es un derecho señalado en la carta de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía. 

La Educación es algo más que el edificio del cole y la plantilla de profesorado, personal de administración y de servicios: es todo lo que cada persona que pasa una década de su vida en los centros educativos se lleva consigo, como formación de personas ciudadanas y que además le permita después afrontar la búsqueda de un futuro laboral con el que planificar su vida. Viendo la Educación así, no sería de extrañar que cualquier gobierno se viera conminado por la mayoría social a “dejarse de historias” y a buscar el dinero que haga falta para tener su derecho a la Educación intacto, que bien sabemos en Andalucía lo que significa la Educación como ascensor social y como instrumento para la creación de igualdad, de cualquier tipo de igualdad, de género, cultural, étnica… incluso la económica.

El sistema educativo seguirá gestionándose como un servicio público más, buscando la eficacia económica, y todo lo que busque mejorar el derecho a la educación será empujado al fracaso

Pero el verano ha traído más inconvenientes del gobierno de la Junta con sus primeras actuaciones sobre el sistema educativo andaluz. No ha tardado mucho en reafirmarse en su posición ante la dicotomía del título de este artículo. Y así, como quien no quiere la cosa, en pleno agosto ya se han observado atisbos de tensión en Andalucía y se han visto las primeras escaramuzas. Con esa meticulosidad en el uso del lenguaje, casi a la vez que el nuevo gobierno andaluz anunciaba su gabinete y el cambio de nomenclatura de una Consejería -que ya no será de Educación si no de “Desarrollo Educativo”- y la novedad comentada sobre una Dirección General que lleva la enseñanza concertada incluso en su nombre, la mesa del Parlamento denegaba, con los votos de PP y Vox, la prórroga de dos meses para la preceptiva recogida de firmas de una Iniciativa Legislativa Popular que pretende bajar la ratio máxima de nuestras aulas por ley. 

Esa negativa era impensable, no había más que razones para concederla y hacía 16 años que no ocurría algo parecido. En el contexto de todo lo escrito hasta ahora, esta situación significa un mensaje muy claro: el sistema educativo seguirá gestionándose como un servicio público más, buscando la eficacia económica, y todo lo que busque mejorar el derecho a la educación será empujado al fracaso.

No han podido esta vez hacer derrapar esta iniciativa. Las organizaciones implicadas han conseguido, sin prórroga de tiempo, el número de firmas necesario y muchas más para que se pueda tramitar en el Parlamento. Una vez allí, el camino de las firmas y de la propuesta del cambio de la Ley para bajar la ratio máxima en Andalucía estará tan en manos del PP, que la tensión volverá a subir en la comunidad educativa andaluza, que ha mostrado bien a las claras su reivindicación con casi 53.000 firmas (ojo, que son muchísimas) presentadas en un tiempo récord. Así las cosas, en este escenario, antes de que el “negocio” al que nos lleva la mayoría absoluta del PP se consume, quienes defienden una Educación Pública de calidad en Andalucía tendrán que estar en disposición de defender no solo un modelo de gestión del sistema educativo; habrá que defender un derecho mismo, ni más ni menos que el derecho a la Educación.