¿Orwell entre nosotros?

La Orden ministerial por la que se da curso al “Procedimiento de actuación contra la desinformación” ha dado lugar a una de esas polémicas tan españolas en las que mezclamos argumentos y razones con pasiones y emociones, como si nos fuera la vida en ello. Muchos han acudido al recurso facilón de hablar del “Ministerio de la verdad”, acusando al Gobierno de impulsar la censura contra el uso de la libertad de expresión. Curiosamente, son los mismos que se rasgan y se rasgaban las vestiduras cada vez que algunos artistas se expresan en clave de humor sobre las creencias religiosas católicas, pero no lo hacen cuando se difama colectivamente a los inmigrantes afirmando que vienen a nuestras tierras a delinquir o a robarnos, por ejemplo.

No pretendo entrar a fondo en el análisis de la citada Orden, pero sí diré que de la lectura atenta de la misma, así como de su comparación con la “Comunicación de la Comisión Europea sobre la lucha contra la desinformación en línea”, extraigo la conclusión de que estamos ante una decisión que se limita a definir qué órgano de la Administración General del Estado será el competente para coordinarse con la Comisión y los Estados miembros ante la declaración europea de alerta, sin que contemple ningún tipo de medida disciplinaria o sancionadora, como es lógico en nuestro Estado de derecho, salvo que medie una decisión judicial al respecto. Creo sinceramente que la desmesura ha primado en la mayoría de las reacciones que se han sucedido sobre esta actuación del Gobierno.

Pero lo que sí me parece oportuno es abordar la realidad y el papel de los medios de comunicación e información en nuestro país en este tiempo. Vivimos en una sociedad de la información y la comunicación, en la que los medios – los convencionales y los más innovadores como las redes sociales – juegan un papel muy relevante, porque de ellos, en gran medida, depende una condición decisiva para que el acto de representación que es la clave de nuestro sistema de democracia parlamentaria sea posible: el derecho a la información y la libertad de expresión. Junto a los medios de comunicación e información, existe otro actor a considerar, los poderes económico-financieros. Hoy más que nunca, esos poderes, en la sociedad de la globalización financiera, no son conocidos, no tienen rostro, pero nadie duda de que son en muchas ocasiones, “la mano que mece la cuna” de los mercados y de las economías del mundo, tomando medidas que afectan de forma muy notable a la vida de la ciudadanía.                                                                            

Nadie duda hoy de que un sistema democrático requiere no solo instituciones representativas y poderes del Estado que emanen de la soberanía popular, sino también de medios de comunicación e información que aseguren el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión. Una primera precisión que me importa hacer es que tanto el derecho a la información como la libertad de expresión atañen a cada ciudadano y ciudadana, porque son ellos, cada una y cada uno, titulares de esos derechos, por eso están recogidos en el Título I de la Constitución. El primero es – como establece el artículo 20 - el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, y es, justamente por ello, requisito imprescindible para que el ejercicio del voto sea informado, y por lo tanto libre. La segunda es la potestad de cada persona para “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” por cualesquiera de los medios que estén a su alcance, mientras más mejor. Por lo tanto, los sujetos titulares de estos derechos y libertades son los ciudadanos individualmente considerados, no los medios de comunicación.

 

Cuando los medios se convierten en meros instrumentos de intereses financieros o ideológicos, en voceros de adoctrinamiento, o en inductores de comportamientos partidarios, cambian de naturaleza, y no sirven al conjunto de la sociedad

Los medios son, sin duda, instrumento para que la información y la expresión sean reales, y eso significa que deben de cumplir fielmente tal función. Son ellos los depositarios, en gran medida, de la prestación de una especie de servicio público esencial, la información. Por eso, cuando se convierten en meros  instrumentos de intereses financieros o ideológicos, en voceros de adoctrinamiento, o en inductores de comportamientos partidarios, cambian de naturaleza, y no sirven al conjunto de la sociedad.

A mi juicio, habría que definir un equilibrio entre la propiedad de los medios, los profesionales de los medios, y los usuarios de los medios; equilibrio que permitiría avanzar hacia una mejor situación de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso habría que adoptar medidas de transparencia y de participación que generaran una dinámica distinta. Transparencia, para que sea pública la composición del accionariado de las sociedades propietarias de cada medio, y para que se difunda regularmente la publicidad privada e institucional que cada medio recibe, con el fin de que la opinión pública conozca quiénes y con qué factores pueden estar condicionando su línea informativa. Participación, para que los profesionales que trabajan en los medios tengan un cauce a través del cual puedan intervenir en la redacción y presentación de las informaciones que ofrecen al público, muchas veces desconectadas de los titulares con que son encabezadas, impuestos por la línea editorial del medio. Es desgraciadamente muy frecuente encontrar medios en los que el contenido de la información no tiene nada que ver con el sentido del titular de la misma.

Debería también existir en cada medio una figura que ampare el derecho de los destinatarios de los medios – el lector, el oyente, el espectador son los titulares del derecho  – a que se les garantice la veracidad de la información, y el cumplimiento del “manual de estilo” en cuestiones tan decisivas como la separación entre información y opinión, lamentablemente ignorada de forma sistemática por muchos medios de titularidad privada, pero también por algunos medios de titularidad pública, como la RTVA. ¿En cuántos medios se contrasta una información antes de darla? ¿Cómo se puede abrir un Informativo de una televisión pública con una opinión sobre la gestión del gobierno?

Seguramente, estas ideas no serán capaces por sí solas de hacer que cambie el panorama bastante desolador de nuestros medios y el aún más preocupante de las redes sociales, pero de lo que sí estoy seguro es de que la situación actual y la deriva que comporta nos están conduciendo a una auténtico Ministerio de la mentira, en forma de generalización de la insidia, la calumnia, el insulto y la falsedad plenamente impunes profesional, social y jurídicamente hablando, que hará de la sociedad del inmediato futuro una sociedad menos libre y menos informada, una sociedad menos democrática, y, por ello, una sociedad más dócil y manejable por los poderes reales, esos que, como decía antes, mecen nuestras cunas.