¿Transición energética fallida?

El siguiente texto es una contestación al artículo titulado: ¿Qué es el movimiento NIMBY y cómo afecta a la transición energética? de Oliver Roales. La alusión en el título del artículo a un supuesto movimiento NIMBY (Not In My Backyard, es decir, “no en mi patio trasero”), es lo primero que me ha sorprendido porque es la primera vez que lo he leído en relación a la transición energética.

Me parece que no se ajusta a la realidad de quien se opone al modelo de transición que se ha implantado de facto. Un modelo en el que no se han tenido en cuenta voces discrepantes, algunas muy cualificadas, sobre cuestiones técnicas que debían considerarse. Se despliega con ese título y su posterior desarrollo la idea de una no aceptación por parte de determinadas personas y colectivos, de actividades o infraestructuras que son rechazadas para “mi patio trasero”, sin considerar el bien mayor que representan para la sociedad.

Esa asunción carece de rigor si la referimos a la transición energética. Porque es otra transición la que necesitamos. Y, con el recientemente tumbado RD Ley 7/2025 de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico, donde los argumentos que se han oído o leído estos días estaban basados exclusivamente en lógicas de disputa partidista al votar, entiendo que la pretensión de este artículo es defender las medidas que el RD proponía, a pesar de ser una mezcolanza de difícil digestión.

Como bien dicen algunos y hemos constatado otras, es una mala praxis legislativa, habitual en España, el abuso que se hace de los decretos-ley. La lógica dictaría incluir en el decreto solo las normas técnicas urgentes relativas a evitar futuros apagones, y tramitar en ley posterior (proceso más lento) lo demás incluido en el decreto. Pero se ha intentado forzar que los partidos tragaran en el Congreso esa mezcla heterogénea. Como se ha hecho en tantas ocasiones. “Al final lo que se ha conseguido es que se haya rechazado todo, tanto lo conveniente –y urgente– como lo discutible”.

Explica el sr. Roales, lo que supone el fenómeno NIMBY, que interpreta así: “Nacía como reacción legítima de comunidades a las imposiciones de infraestructuras claramente nocivas –vertederos, incineradoras, polígonos industriales, autopistas, líneas de alta tensión–que implicaban riesgos para la salud, el entorno y la calidad de vida”.

Cabría preguntarle ¿acaso son menos nocivos los macroproyectos que ocupan grandes extensiones de territorio y consumen grandes cantidades de materiales, algunos de los cuales son escasos y requieren ser extraídos por una dañina minería, además de requerir una red de líneas de alta tensión que distribuya la energía eléctrica producida? No, no es solo preocupación por el paisaje, como quiere señalar.

Dice que esos movimientos NIMBY se justificaban en una “defensa democrática frente a la arbitrariedad y la injusticia de tener que soportar los costes de lo común sin recibir ninguno de sus beneficios”, pero que ahora “la lógica NIMBY ha pasado de ser una reacción frente a la injusticia a convertirse en muchos casos en un obstáculo a la transformación colectiva que necesitamos”. ¿De verdad necesitamos la transformación que propone?

No aclara porqué, pero es erróneo afirmar que “las instalaciones eólicas y fotovoltaicas no son comparables ni en impacto ni en riesgo a las antiguas infraestructuras contaminantes. No suponen un peligro para la salud, no generan residuos tóxicos ni polución atmosférica, y su huella, más allá del impacto visual o paisajístico, es limitada y reversible en comparación con la minería, el fracking o la quema de combustibles fósiles”.

La realidad es que SÍ suponen un peligro para la salud porque SÍ producen residuos tóxicos y SÍ generan una gran huella (hídrica y ecológica) porque precisan de la minería y de la quema de combustibles fósiles para el transporte de esos materiales necesarios (algunos críticos), para abrir accesos, para construir las líneas de alta tensión que evacúen la electricidad producida y la lleven a donde se pretenda consumir y todo ello genera una cantidad de emisiones nada despreciable.

El modelo energético que se ha promovido es centralizado, satura los territorios con macroproyectos renovables a gran escala

Y sí, efectivamente hay quien impugna el modelo de despliegue de la Renovable Eléctrica Industrial por su carácter especulativo capitalista. No porque se coloque en el patio de atrás. Lo que parece interesar es mantener esa “España vacía o vaciada” para que la respuesta social esté ausente. El modelo energético que se ha promovido es centralizado, satura los territorios con macroproyectos renovables a gran escala.

Está deslocalizado y requiere centenares de kilómetros de líneas de alta tensión, lo que es devastador no solo para el paisaje, sino también para la planificación del territorio, para la biodiversidad y para la soberanía de las gentes que habitan el territorio. Además, invita a un consumo ilimitado. Eso no es lo que se esperaría de una transición energética justa. Es lo contrario.

Lo que verdaderamente se necesita es un tránsito a una generación renovable distribuida que esté en manos de las comunidades a las que sirve, que no necesita grandes redes de distribución (en las que se puede perder hasta un 25 % de la energía producida). Es imperativo incentivar el ahorro energético y no potenciar grandes consumos innecesarios (recordemos las competiciones del alcalde de Vigo a las que se han sumado otros) y favorecer el autoconsumo.

Efectivamente, como dice el autor, muchos lugares se sienten como “territorios de sacrificio” porque realmente lo están siendo, no es una percepción subjetiva. La realidad incómoda que se ignora conscientemente es que esos impactos ambientales y sociales en el sur global son –y se pretende que sigan siendo– los producidos por la extracción y transporte de materiales necesarios para las megaplantas que se van construyendo. Lo que SÍ se debería hacer es pedagogía, mucha pedagogía, para abordar los retos climáticos y ecológicos que tenemos delante, en lugar de decir que es fantástico y deseable ofrecer energía abundante y barata.

El modelo actual es insostenible, externaliza los costes al sur global, mantiene la dependencia de combustibles fósiles y desactiva cualquier posibilidad de democratizar la energía

El autor achaca un interés especulativo a propietarios de tierras que se oponen porque esperan una futura revalorización urbanística (pelotazo que la declaración de utilidad pública impediría). Así que el conflicto no sería ambiental ni social, sino especulativo. También podemos considerar especulativo y lesivo que grandes empresas pretendan beneficiarse de medidas como eximir de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), o aprovechar la utilidad pública que favorece expropiaciones forzosas, etc.

El debate público real y abierto es el que da voz a los colectivos territoriales afectados, a investigadores y plataformas ecologistas locales, además de la que se da sobradamente a la industria y sus lobbies. La realidad es que el modelo actual es insostenible, externaliza los costes al sur global, mantiene la dependencia de combustibles fósiles y desactiva cualquier posibilidad de democratizar la energía.

El autor, al fin, tiene razón cuando afirma: “Hace falta asumir que el confort energético tiene un coste material y que nadie puede vivir en la ficción de un suministro limpio y barato sin impacto propio”. Asumiendo esta verdad incuestionable, tocaría disminuir el impacto, no alimentando el sobredimensionado sector. Aceptar que en España, y en la UE, el consumo de electricidad cae desde 2008.

Quienes se han opuesto a la aprobación del RD Ley 7/2025 no han hecho gala de retardismo, sino que –consciente o inconscientemente– por ahora, han limitado el deterioro ambiental y afectación territorial/social. La transición energética que se está queriendo desplegar no contempla un plan B para cuando fracase. Y lo hará. Necesitamos con urgencia un modelo válido y realista.