El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha aplaudido la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado el viernes en Consejo de Ministros, y acto seguido ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que delegue la gestión de esta importante ayuda social a las comunidades autónomas. Sin embargo, el vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín, ha revelado este lunes otra posición política muy distinta.
La discrepancia de la Junta de Andalucía no está en el contenido de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital, sino en su gestión. Marín dice tener “dudas” con la fórmula elegida por el Gobierno central para regular el Ingreso Mínimo Vital, adelanta que puede ser “inconstitucional” y no descarta que la Junta interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional que, de ser aceptado, podría paralizar el desarrollo de unas ayudas que beneficiarán a más de dos millones de españoles en riesgo de exclusión. La Consejería de Presidencia matizó horas más tarde que “en ningún caso” solicitarán la paralización de las ayudas “mientras se resuelve este litigio competencial”.
Fuentes del Ejecutivo andaluz explican a este periódico que se estudia si hay una “invasión de competencias autonómicas” -son las regiones quienes gestionan las políticas sociales- y advierten de que “lo idóneo” sería llegar a un acuerdo entre ambas administraciones para que la Junta pueda gestionar estas ayudas, como hace con su propia renta social, “y así no tener que llegar a los tribunales”. “Primero veremos si realmente esa decisión del Gobierno no roza las competencias de las comunidades autónomas”, dice Marín, que ha aclarado que “se está trabajando en un informe desde ayer [por el domingo], que es cuando hemos conocido la noticia oficialmente”. “Si tenemos que recurrirla (la decisión del Gobierno), lo haremos, igual que hemos hecho con los 537 millones” de la liquidación del IVA de 2017, que la Junta reclama al Gobierno, y “con la que hemos tenido que irnos al Constitucional”, asegura el vicepresidente.
Marín ha respondido a preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo de Europa Press, pero su anuncio parece precipitado. Este periódico ha consultado con el equipo de prensa de cuatro departamentos del Gobierno andaluz -Presidencia, Vicepresidencia, la Consejería de Empleo y la Consejería de Igualdad- y ninguno ha corroborado que se haya solicitado ya un informe jurídico que avale el recurso de inconstitucionalidad. El departamento de Igualdad, que dirige Rocío Ruiz (Cs), sí está trabajando desde este domingo en un informe sobre el Ingreso Mínimo Vital, tras conocer la letra pequeña del mismo.
A media tarde, desde la Consejería de Presidencia han matizado a este periódico que el Gobierno andaluz “nunca va a recurrir el Ingreso Mínimo Vital como tal”, y que se tratará de “apurar una negociación política con el Gobierno” para corregir este “bordeo de competencias autonómicas, que sí nos parece una barbaridad”. La Junta apela a la vía política, “como se ha negociado en torno al futuro de ETA o con el independentismo catalán”, y espera que “el presidente atienda a razones”.
En caso de que “el presidente se enroque” no prospere la “solución política”, entonces la Junta sí planteará un recurso de inconstitucionalidad, pero “en ningún caso se solicitaría al tribunal la paralización del Ingreso Mínimo Vital”. “No vamos a pedir que la gente deje de recibir las ayudas mientras se resuelve este litigio competencial, explican fuentes próximas al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Desde Presidencia recuerdan que el Gobierno de Sánchez también ha interpuesto hace poco sendos recursos de inconstitucionalidad contra normas andaluzas por invasión de competencias, incluido el famoso decreto ley que ha modificado 21 leyes y otros seis decretos, y que ha abierto una negociación bilateral para evitar los tribunales.
Moreno se reúne este martes con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, para abordar este asunto, entre otras cuestiones. Los ayuntamientos, al ser la administración más próxima al ciudadano, también han planteado dudas sobre cómo se va a gestionar la nueva ayuda del Gobierno central para la gente en riesgo de pobreza.
Durante su comparecencia, el vicepresidente Marín también ha cuestionado el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las comunidades forales de Navarra y País Vasco para que ellas sí gestionen directamente estos recursos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes esos acuerdos “en el marco del orden constitucional”, sin embargo, el vicepresidente de la Junta lo ve como otro “agravio” a Andalucía, fruto de la relación preferente del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los nacionalistas vascos, de quien dependen para la estabilidad de la legislatura.
“No sabemos hasta qué punto entra en competencia desleal con las comunidades autónomas la decisión del Gobierno de España. Hay regiones capaces de gestionar recursos del Estado con lealtad y hacerlo bien. No creo que Navarra y País Vasco sean más inteligentes y nosotros pedimos el mismo trato”, ha subrayado Marín, en referencia a las dos únicas comunidades que inicialmente van a ostentar la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital a través de la Seguridad Social.
El vicepresidente andaluz ha adoptado un perfil más duro de lo habitual durante esta crisis sanitaria, con constantes críticas y denuncias al Gobierno central. Esta vez sus palabras han coincidido con el anuncio hecho este lunes por el vicesecretario de participación del Partido Popular nacional, Jaime de Olano, que ha confirmado que su partido votará a favor del Ingreso Mínimo Vital. Olano también ha pedido que “se gestione de la mejor manera posible”, esto es, que se delegue en las comunidades autónomas.
En Andalucía ya existe una renta social para las familias más vulnerables, que llega a 11.300 familias con escasos recursos. El IMV se podrá complementar con estas ayudas, pero aún se desconoce si será acumulativo. La norma que regula el Ingreso Mínimo Vital se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de ahí que desde el PSOE andaluz hayan pedido prudencia a Marín a la hora de “criticar una medida sin haberla leído”. “La locuacidad del vicepresidente le lleva a criticar una norma recién publicada en el BOE. No la ha leído y ya le está poniendo pegas”, asegura el diputado socialista Manuel Jiménez Barrios, tras recordar que está en juego una ayuda básica que beneficiará a 220.000 o 225.000 andaluces.
Marín ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en un desayuno informativo organizado por Europa Press, celebrado este lunes en Sevilla, y al que también han asistido la consejera de Empleo, Rocío blanco, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el consejero de Economía, Rogelio Velasco; los portavoces parlamentarios del PP-A, Ciudadanos (Cs) y de Vox, José Antonio Nieto, Sergio Romero y Alejandro Hernández.