Sandra Gómez, eurodiputada socialista: “La derecha europea quiere resetear el presupuesto y sacrificar la PAC y Erasmus”

La eurodiputada socialista Sandra Gómez, miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo y coordinadora del grupo S&D en la Comisión de Peticiones, ha centrado buena parte de su trabajo en dos cuestiones con especial incidencia en la Comunitat Valenciana: la defensa de las víctimas de la dana y la protección de los sectores económicos valencianos ante el futuro presupuesto comunitario. Gómez reclama más recursos para afrontar las catástrofes climáticas, rechaza que las nuevas prioridades europeas se financien a costa de la agricultura y la cohesión social y defiende que las grandes tecnológicas contribuyan a financiar las políticas públicas. También alerta del avance de la ultraderecha y de su influencia en las instituciones europeas.

En estos dos primeros años de legislatura europea, ¿en qué asuntos relacionados con la Comunitat Valenciana has centrado tu trabajo?

Hay dos cuestiones en las que he puesto especialmente el foco por su relación directa con los problemas que afectan a los valencianos. La primera es dar visibilidad a la posición de las víctimas de la dana y contrarrestar el maltrato institucional que sufrieron durante el primer año. Conseguimos que vinieran al Parlamento Europeo, que fueran recibidas por Roberta Metsola y Ursula von der Leyen y que pudieran intervenir en la comisión. Hasta entonces, nadie las había recibido por parte de las instituciones europeas y no habían tenido la oportunidad de expresarse en un ámbito institucional de estas características.

La segunda cuestión es aprender de lo ocurrido. Por eso propusimos una misión del Parlamento Europeo a Valencia, prevista para octubre, en la que nos reuniremos con representantes institucionales y personal técnico, incluidos profesionales de emergencias. [La entrevista se celebró antes del adelanto electoral y la mayoría de PP y Vox la ha pospuesto al año 2027].

Queremos aprender a combatir unas catástrofes que serán cada vez más intensas y frecuentes. Sus consecuencias son devastadoras y también están relacionadas con décadas de malas prácticas urbanísticas, especialmente en determinadas zonas de la provincia de Valencia. Tenemos que prepararnos para ser más resilientes, prevenir mejor y actuar de manera más eficaz.

¿Cuál es el objetivo concreto de esa misión a Valencia y qué esperáis obtener de ella?

El objetivo es que las instituciones europeas aprendan de lo que pasó en Valencia. Es evidente que fallaron las políticas de prevención, las de intervención y también las posteriores, relacionadas con la recuperación y con la respuesta a las personas que sufrieron las consecuencias de la dana. Tenemos que aprender cómo deben actuar las instituciones antes, durante y después de este tipo de catástrofes. La Unión Europea dispone de mecanismos para ayudar a los Estados, desde el Mecanismo de Protección Civil hasta el Fondo de Solidaridad, del que fui ponente en la ayuda destinada a Valencia.

Creo que la UE debe dar un paso más. Ursula von der Leyen lo planteó en el debate sobre el estado de la Unión: hay que ayudar a los países a prepararse para las catástrofes. Europa es la región del mundo que más está sufriendo el calentamiento global y vamos a enfrentarnos a incendios devastadores, inundaciones, lluvias intensas, desertificación y sequías prolongadas. Esta misión debe ayudarnos a encontrar las claves para construir una arquitectura europea de prevención y respuesta ante las catástrofes climáticas.

La Comisión de Peticiones es uno de los pocos espacios del Parlamento Europeo en los que la ciudadanía puede dirigirse directamente a las instituciones. ¿Crees que los partidos están instrumentalizando esta herramienta?

Completamente. Y es una pena. Me preocupa que incluso la misión a Valencia pueda ser objeto de un intento de instrumentalización política, cuando debería ser un espacio para escuchar a la ciudadanía.

Siempre lo digo: la Comisión de Peticiones es el espacio que tienen los ciudadanos para hablar directamente con las instituciones. Los políticos ya disponemos de otros foros. Hay que dejar que sean ellos quienes marquen los temas.

Un ejemplo relacionado con Valencia fue el caso de Mónica, hace unos meses, cuando PP y Vox recuperaron una petición de 2021 vinculada a sus problemas judiciales justo una semana después de anunciarse las elecciones municipales. Fue bochornoso que, en lugar de comparecer la ciudadana, acudiera una diputada del PP a defenderla.

Eso destruye una herramienta de participación ciudadana que es muy valiosa. Cuando las peticiones nacen realmente de la ciudadanía, nos permiten conocer de primera mano sus preocupaciones sobre discapacidad, inclusión escolar, medioambiente o inteligencia artificial. He escuchado antes en la Comisión de Peticiones preocupaciones sobre las redes sociales y la inteligencia artificial que en otras comisiones que posteriormente han empezado a debatirlas. Las peticiones nos adelantan cuáles son los asuntos que preocupan a la gente y debemos respetar ese valor.

También formas parte de la Comisión de Presupuestos. ¿Qué se juega la Comunitat Valenciana en la negociación de las próximas cuentas europeas?

Nos jugamos mucho. Ahora estamos trabajando en el próximo marco financiero plurianual, que establecerá el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años. Está en juego cuánto apoyo recibirá nuestra agricultura, qué recursos tendrá nuestro sector industrial —tanto los sectores tradicionales como los emergentes— y qué fondos podrán recibir nuestros ayuntamientos a través de las políticas de cohesión y del Fondo Social Europeo.

Todo esto está en cuestión porque la derecha europea quiere resetear el presupuesto. Pretende reorganizar las prioridades tradicionales, como la Política Agraria Común (PAC), los fondos de cohesión o el programa Erasmus, para destinar la inmensa mayoría de los recursos a defensa y al fondo de competitividad. Son cuestiones necesarias, pero no pueden sustituir las ayudas que necesita un agricultor valenciano ni las políticas que permiten a nuestros municipios desarrollarse. No podemos abandonar unas prioridades para financiar otras.

¿La solución pasa por ampliar el presupuesto europeo?

Efectivamente. No se puede hacer más con menos. El Grupo Socialista no quiere renunciar a la política agraria común, a la política de cohesión ni a las políticas sociales. Entendemos que deben incorporarse nuevas prioridades, como las que ayuden a nuestra industria y nos permitan protegernos y defendernos mejor. Pero una cosa no puede hacerse a costa de la otra. Queremos un presupuesto más ambicioso y necesitamos nuevos recursos para financiarlo.

Hablas de nuevos recursos propios. ¿Qué fórmulas defendéis para obtenerlos?

Los eurobonos son una posibilidad, sin lugar a dudas, pero ni siquiera recurriendo a la deuda o refinanciando los fondos Next Generation resolveríamos todo el problema. Estamos hablando de nuevos ingresos. Una de las propuestas que he defendido en la comisión es establecer una tasa para las grandes tecnológicas. ¿Cuánto gana Meta por operar en el mercado único europeo? Un autónomo valenciano paga, proporcionalmente, muchísimo más que Meta o Elon Musk. Queremos que las compañías extracomunitarias que hacen negocio en Europa contribuyan también, como lo hacemos los demás, a financiar los servicios y las políticas públicas.

España ya intentó poner en marcha la llamada tasa Google. ¿Por qué es necesaria una tasa europea?

Porque, cuando solo existe en algunos países, su alcance es limitado. Francia, Italia y España, entre otros, han adoptado medidas, pero no están armonizadas y buena parte de la actividad queda fuera. Necesitamos una solución europea que permita que estas grandes compañías contribuyan de manera justa. No tiene sentido que empresas que obtienen enormes beneficios gracias al mercado único tengan una contribución proporcionalmente inferior a la de muchos pequeños empresarios y autónomos.

La fiscalidad internacional de las grandes multinacionales también está bloqueada en el marco de la OCDE. ¿Qué está pasando?

Esa negociación está paralizada por las tensiones con la Administración estadounidense. Estados Unidos forma parte de la OCDE y no quiere aprobar el acuerdo. Sabemos que Trump dirige buena parte de su política atendiendo a los intereses de las grandes tecnológicas, que le ayudaron enormemente durante la campaña electoral.

Lo vemos en la relación que mantiene con los propietarios de estas compañías y en su resistencia a establecer límites, incluso cuando hablamos de proteger a nuestros hijos. Cuando planteamos normas para controlar las redes sociales y proteger a los menores, recibimos respuestas y amenazas comerciales. Cuando hablamos de regular la inteligencia artificial, también encontramos resistencias. Europa tiene que defender su capacidad para establecer reglas.

La preocupación por las redes sociales y la inteligencia artificial está cada vez más presente en el Parlamento Europeo. ¿Qué riesgos te preocupan especialmente?

Las redes sociales tienen un modelo de negocio que monetiza la adicción y el consumo rápido. Esto tiene un impacto especialmente grave en la infancia y la adolescencia, tanto en el rendimiento escolar como en el estrés, el ciberacoso o el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales de menores. Todo eso hay que regularlo y controlarlo.

También debemos reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Podemos debatir sobre las noticias alarmistas relacionadas con la pérdida de control de la IA, pero hay que mirar también a lo que viene mañana y preguntarnos qué consecuencias tendrá para el empleo.

¿Cómo queremos regularla? ¿Cómo vamos a controlarla? ¿Cómo queremos introducirla en nuestra vida cotidiana? Si no lo pensamos ahora, dentro de diez años podemos encontrarnos con una transformación social muy profunda. Hay empresas que parecen estar muy por encima de los gobiernos. Por eso es tan importante actuar desde la Unión Europea. Si ni siquiera la UE dispone siempre de herramientas suficientes para controlar a estas compañías, imaginemos qué capacidad tendría cada país por separado.

Relacionas esa regulación con la soberanía europea. ¿Qué está en juego?

Hablo de soberanía fiscal porque es el ámbito en el que trabajo, pero la cuestión afecta a la soberanía europea en su conjunto. Las fuerzas populistas están siendo alentadas por grandes tecnológicas. Hemos visto su influencia en Alemania y su enorme impacto en Latinoamérica. Tenemos que protegernos. Estas compañías no necesariamente contribuyen a fortalecer la democracia tal y como nosotros la entendemos. No comparten siempre nuestra visión ni nuestros valores. Tenemos que ser valientes porque, dentro de unos años, quizá sea demasiado tarde.

Vienes de gobernar durante ocho años en el Ayuntamiento de Valencia con un gobierno de izquierdas. ¿Es difícil impulsar políticas progresistas con las mayorías actuales del Parlamento Europeo?

No estaba en el Parlamento en la legislatura anterior, pero quienes sí estaban me cuentan que ha experimentado un cambio tremendo. Las fuerzas antieuropeístas han ganado mucha fuerza. Si sumamos las tres grandes fuerzas contrarias a la Unión Europea, constituyen el primer bloque político de la Cámara. Afortunadamente, son fuerzas inconsistentes y no siempre son capaces de ponerse de acuerdo. Pero su peso es evidente.

Todo esto también exige una mirada autocrítica. Tenemos que reconocer la desconexión que existe entre las instituciones y la ciudadanía. Al mismo tiempo, no podemos ser ingenuos: en cada convocatoria electoral hay fuerzas que intentan influir en los resultados y que trascienden nuestras reglas democráticas. El Parlamento Europeo tiene capacidad para regular a las grandes tecnológicas y a otros sectores, como el energético. También podemos actuar sobre las criptomonedas, el juego online o la fiscalidad de las grandes compañías. Es evidente que existe un interés en influir en la composición de esta institución.

¿Qué responsabilidad atribuyes al Partido Popular Europeo en el avance de la ultraderecha?

El Partido Popular Europeo ha cometido un error estratégico al alcanzar acuerdos con las fuerzas populistas y de ultraderecha. La derecha se ha convertido en rehén de esas fuerzas, desde mi punto de vista equivocadamente. La ultraderecha no quiere colaborar con la derecha, sino engullirla. Lo estamos viendo en Alemania. El Partido Popular Europeo, con Manfred Weber al frente, debe revisar esa estrategia.

Hay otra posibilidad: construir un Parlamento que crea en Europa. La visión del Partido Popular y la del Grupo Socialista serán distintas en muchas cuestiones, pero compartimos la defensa de la Unión Europea, de una región que prospere económicamente y que, al mismo tiempo, proteja sus valores democráticos y su escudo social. Esa posición es ampliamente mayoritaria. Podemos alcanzar acuerdos entre el Partido Popular y los socialistas porque nos une una visión común de Europa. El PP debe dar marcha atrás y dejar de cerrar acuerdos puntuales con la ultraderecha, porque esas alianzas van contra la Unión Europea y también contra los propios intereses de la derecha.

¿Qué objetivos te marcas para la segunda mitad de la legislatura?

Quiero reforzar la soberanía fiscal de la Unión Europea. Hemos puesto en marcha una campaña de acción política, Make Big Pay, centrada en la necesidad de crear tasas para estas grandes compañías. Y, en segundo lugar, mi vocación es trabajar por un mundo más justo. Quiero reforzar también mi compromiso con la defensa de los derechos humanos.