Una acusada en 'caso Alhambra' dice que el fraude de las entradas se hizo “con total descaro”

Una de las acusadas en el juicio por el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra ha sostenido este lunes ante el tribunal que esta práctica fraudulenta se hacía “con total descaro” de los implicados, que “no solo no se escondían” sino que “alardeaban de ello”, puesto que pensaban que aquello era “su cortijo” y la “gente tenía miedo” de hablar.

Así lo ha relatado María Pilar A.B., administradora en su momento de la agencia de viajes Washingtong Irving Travel y la cuñada del principal acusado en el llamado 'caso Alhambra', Francisco C.J., al que la Fiscalía considera “figura capital de la trama defraudatoria”.

“Francisco actuaba como todo (...) era el multiusos de la Alhambra”, ha sostenido María Pilar, que ha declarado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada después de ratificar la semana pasada un acuerdo con el Ministerio Público por el que acepta nueves meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Este acuerdo conllevó la retirada de la acusación para su marido, Juan C.J, al que la Fiscalía también vinculaba con la agencia de viajes Washingtong Irving Travel.

María Pilar ha relatado que durante el tiempo en el que supuestamente se produjo el fraude en la venta de entradas de la Alhambra, de 2002 a 2005, no tuvo “ningún tipo de relación” con Washingtong Irving Travel y que aparecía “en los papeles” como administradora por hacerle “un favor al hermano de su marido”, que “tenía problemas con Hacienda” y “no podía figurar en ninguna parte”.

Afirma que quien gestionaba la entidad era su cuñado y que “nunca leyó lo que firmaba” porque se sentía “tranquila”, al estar la sociedad también inscrita a nombre del hijo de éste. Ha garantizado que no fue hasta 2005 cuando comenzó a implicarse en la agencia de viajes y a percatarse de la existencia de irregularidades que luego denunció ante la Policía Autonómica.

Según ha expuesto, su implicación en la agencia fue a raíz de que se produjeran “problemas” en un restaurante del que ella también era socia junto a otros acusados.

En este restaurante “el 90 por ciento de los clientes era personal de la Alhambra y nadie pagaba”, ha dicho, e incluso existían tarjetas VIP con descuentos para estas personas. De hecho, ha opinado que el establecimiento “no se creó para ganar dinero” sino para “pagar los favores” a Francisco C.J., guía de la agencia de viajes Daraxtour.

La negativa de María Pilar a que los clientes no abonaran sus consumiciones provocó, según su versión, “quejas” entre el personal de la Alhambra que acudía al establecimiento y “discusiones” con su cuñado.

María Pilar alega que fue en ese momento, ya en el año 2005, cuando comenzó a involucrarse en la agencia de viajes Washingtong Irving Travel y cuando detectó que “siempre faltaban entradas para los grupos” y las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo.

“MÁS PERSONAS QUE ENTRADAS”

“Entraban al recinto más personas que entradas” y “siempre les dejaban pasar los mismos” trabajadores, normalmente desde el acceso por los palacios nazaríes. “Había grupos de 30 con entradas de 15; grupos sin entrada o con entradas ya cortadas”.

Ha sostenido que su cuñado “estaba en todo”, no sólo de guía sino también de “proveedor”. “Proveía a casi todas las agencias; era el que proveía a todo el mundo de entradas cuando faltaban, también a Washingtong Irving Travel”, ha agregado y en esas ponía que “había que facturárselas a Paco”.

María Pilar ha negado haber hecho alguna vez “acopio de dinero”, haber “falsificado entradas” o “haber comprado voluntades” y ha justificado su acuerdo con la Fiscalía en que le pedían nueve años de cárcel y, al tener una familia, no se quería arriesgar, pero ha mostrado su confianza en la justicia.

Por otra parte, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha resuelto este lunes mantener a la Junta de Andalucía como acusación particular en la causa.

Al inicio del juicio, el presidente del tribunal, el magistrado José Requena Paredes, ha avanzado la decisión de desestimar la cuestión previa planteada por una de las defensas respecto a que la Junta no podía estar personada en el proceso al no contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno.

Requena Paredes ha justificado la personación de la Junta en la relevancia que esto supone para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva para la Comunidad Autónoma y en defensa del patrimonio histórico.

Tras resolverse esta cuestión, contra la que no cabe recurso --solo contra la sentencia que se dicte en su momento por esta causa--, un trabajador del BBVA al que únicamente acusa la Junta de Andalucía ha ratificado ante el tribunal el un preacuerdo de conformidad por el que ha aceptado tres meses de cárcel por apropiación indebida.

Se trata del cuarto acusado que ha ratificado un acuerdo de conformidad en esta causa, después de que en la primera sesión del juicio lo hicieran dos trabajadores del monumento --un oficial de primera y una controladora-- y la citada María Pilar A.B..

El juicio, que sienta en el banquillo a 49 personas, continuará este martes con la declaración previsiblemente del acusado Francisco C.J.