Tribunales

Admitida a trámite una denuncia contra el alcalde de Órgiva (PP) por presunta prevaricación en la contratación de personal

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana (PP), su primer teniente de alcalde, José Miguel Herrera y una funcionaria del Consistorio, se enfrentan a una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Órgiva por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y malversación. El tribunal ha abierto diligencias tras una denuncia de Ciudadanos al apreciar presuntos fraudes en la contratación de personal público. El regidor ha declinado hacer declaraciones al asegurar que no han recibido notificación alguna del juzgado.

Según el relato de los hechos y la providencia dictada por la jueza que ha abierto diligencias, y a los que ha tenido acceso este medio, el Ayuntamiento de Órgiva habría estado contratando de forma irregular a parte de la plantilla municipal desde 2019. Sobre todo, desde que José Miguel Herrera, concejal de Ciudadanos Independientes (CIN), asumiera el cargo de edil de Personal en junio de ese año. De acuerdo con la versión que aporta Ciudadanos, había varios indicios que desvelaban que algo no se estaba llevando a cabo con pulcritud en la contratación.

El primero de ellos es que Órgiva, que apenas cuenta con una población de 5.500 habitantes, había aumentado su gasto en personal anual de apenas 35.000 a 300.000 euros. Una cifra considerable no solo por la población que tiene este pueblo de La Alpujarra, sino porque el presupuesto que maneja suele rondar los 6 millones de euros. El segundo indicio es que desde que José Miguel Herrera había asumido en exclusiva el área de contratos de personal las incorporaciones se estaban llevando a cabo sin reglamentación municipal. Generando así la duda de la discrecionalidad en las contrataciones que investiga el juzgado.

Por ello, Ciudadanos y el PSOE solicitaron varios documentos que acreditasen el funcionamiento real de la bolsa de trabajo, encontrándose con contradicciones en ellos. Según se desprende de la denuncia, dos de los informes, emitidos en noviembre de 2020, llegan a declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de contratos llevados a cabo hasta ese momento por incumplir no solo un decreto dictado por el alcalde con fecha de ese mismo año, sino sin que la Intervención municipal pudiera determinar si el gasto en personal estaba siendo correctamente fiscalizado. Algo esencial en cualquier ayuntamiento, en Órgiva no se estaba llevando a cabo. De hecho, el propio interventor del Consistorio ha recomendado la puesta en marcha de una auditoría que pueda determinar cuánto y cómo se ha gastado el dinero de contratación.

Contratos sospechosos

Hay varios ejemplos en la denuncia que ponen en duda cómo se ha operado en este área y que dan sustento a los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y malversación contra las tres personas investigadas, entre las que está el alcalde. En diciembre de 2020 se inició un proceso para contratar a seis peones de limpieza que demostró que al menos dos de ellos se habían incorporado sin que hubiese documentos que acreditasen que cumplían con los requisitos. La convocatoria establecía una baremación por experiencia que en estos casos no estaba justificada y que, sin embargo, les había hecho sumar 0,90 y 3 puntos que fueron esenciales para que acabasen siendo contratados.

Otro de estos casos alude directamente al alcalde, Raúl Orellana. Según el relato de los hechos que consta en la denuncia, el regidor habría obviado la reglamentación municipal y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para incorporar al Ayuntamiento de Órgiva a una persona en las labores de auxiliar administrativo para Ayuda a Domicilio. Contrato que está bajo sospecha porque se habría excedido el plazo máximo de vinculación que establece la norma y la cuantía máxima para el salario, que está fijado en 15.000 euros. A pesar de ello, se emitieron facturas mensuales de más de 1.500 euros que obligaron a la Intervención Municipal a revisar 19 de estas cuentas y emitir sus correspondientes informes, pero sin efecto. Según la denuncia, el área de Servicios Sociales ninguneó todas estas correcciones, lo que en la práctica supone obviar la función de la Intervención.

Además de todo lo anterior, el equipo de Gobierno se habría negado sistemáticamente a ofrecer documentación sobre los contratos realizados. De hecho, a pesar de que se le solicitó a la funcionaria encargada de personal los decretos de alcaldía sobre la apertura de la bolsa de trabajo y que por ley estaba obligada a entregarla, esta se negó asegurando que no tenía la autorización pertinente del alcalde, Raúl Orellana. Un extremo que incumple lo que se recoge en el artículo 15.b del Reglamento de Organización y Funcionamientos de las Entidades Locales y que otorga libre acceso a estos documentos.

Para Ciudadanos resulta evidente que el Ayuntamiento de Órgiva, con el regidor Raúl Orellana al frente, está obviando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad a la hora de contratar a parte del personal público. La retahíla de contratos menores que están bajo sospecha desde 2019 así lo demuestran, así como el aumento de gasto en incorporaciones de profesionales a puestos como fontaneros o electricistas municipales que estarían siendo claramente utilizados para beneficiar a personas concretas. Además, se establece que entre junio de 2019 y febrero de 2020 el concejal de Contratación, José Miguel Herrera, firmó 441 contratos que no estaban sujetos a ninguna normativa. Motivos por los que Ciudadanos denunció y el Juzgado de Instrucción 2 de Órgiva ha abierto diligencias.

Este medio se ha puesto en contacto con el alcalde, Raúl Orellana, para conocer su versión de los hechos y poder contrastar los términos de la denuncia. Sin embargo, el regidor dice no haber recibido aún la notificación de la apertura de diligencias, por lo que ha declinado hacer declaraciones. Por otra parte, fuentes consistoriales consultadas, dan verosimilitud a los hechos que se investigan.