Los afectados por las becas Erasmus deberán esperar a que el TSJA se pronuncie
El proceso judicial iniciado en 2014 contra la Junta de Andalucía por las becas Erasmus del curso 2011-2012 parece enquistarse con el paso del tiempo. Sin novedades procesales aparentes, los alumnos que hace cinco años se vieron afectados por no haber cobrado buena parte de sus becas para estudiar en el extranjero, van a tener que seguir esperando una solución a tenor de lo que Universidad de Granada y Junta de Andalucía aseguran.
Ambas instituciones muestran su disposición a escuchar las demandas de los estudiantes pero con matices. El millón de euros que aproximadamente debería el Gobierno andaluz por lo que dejó de pagar contra lo estipulado en su propio BOJA del año 2008, seguirá de momento en el cajón pese a los esfuerzos de buena parte de los 2.000 jóvenes de la Universidad de Granada afectados por el descenso repentino de las cuantías. Por esa misma razón hace tres años se inició un procedimiento judicial por parte de 200 de esos alumnos para reclamarle el pago a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Un proceso en el que ahora se escudan ambas instituciones para explicar si habrá o no soluciones a medio plazo.
Fuentes de la Universidad de Granada sostienen que la institución académica se encuentra en este juicio como testigo y no como parte denunciada. Por eso “no queremos valorar el asunto hasta que no haya novedades procesales porque respetamos las decisiones judiciales” señalan las mismas fuentes. No obstante añaden que la UGR hizo un esfuerzo para tratar de solventar parte del problema en cuanto tuvo conocimiento de que el Gobierno andaluz no pagaría su parte de la beca en su totalidad. Que adelantaron con fondos propios lo que la Junta no aportaba y que incluso dieron salida a una beca extraordinaria para las rentas más bajas. Una ayuda que para la mayoría de estudiantes fue “insuficiente porque los criterios económicos que había que cumplir eran muy restrictivos y solo para rentas muy bajas”. La universidad se defiende al aclarar que “al tener tantos estudiantes Erasmus no podemos pagar con nuestros fondos todo lo que nos gustaría”.
Es más, la UGR recuerda que en 2015 “un único recurso planteado por uno de los alumnos se ganó por la Universidad en sentencia del Juzgado Contencioso Nº 4 de 24/03/2015, que ha quedado firme”. A pesar de ello recalcan su interés en ayudar a los estudiantes al tiempo que señalan que el problema que existe “corresponde al anterior rectorado con lo que el actual equipo que gobierna la Universidad de Granada no conoce tan profundamente el tema” tal y como explican fuentes de la institución.
La Junta prefiere guardar silencio
El Gobierno andaluz es el principal aludido por la mayoría de estudiantes que piden que se les pague el dinero que no se les dio en su día y que a algunos los dejó en una situación económica muy complicada. Entienden que es la Junta de Andalucía la que debe dar respuesta a un problema generado desde el seno de la Consejería de Economía que gestiona las becas Erasmus. Por eso la denuncia en el TSJA es contra ella al entender que de las tres partes en que se dividen estas ayudas en las que dos la dan la Unión Europea y el Ministerio de Educación y la tercera, la de la Junta, disminuyó las becas sin avisar y en contra de lo estipulado en el BOJA de 2008 del Gobierno andaluz que las regulaba.
En ese sentido la Consejería se suma a la Universidad de Granada al “respetar el proceso judicial” mientras se muestran algo más opacos con respecto a una eventual solución del problema. El Gobierno andaluz está “abierto a escuchar las demandas de los estudiantes” pero no ofrece más detalles sobre si hará algo al respecto. Lo que sí dejan claro es que en estos momentos no habrá movimientos “a la espera de que la Justicia se pronuncie” según afirman desde la Consejería de Economía.
Los estudiantes plantean nuevas vías
Tras la publicación del problema que continúa en el tiempo con las becas Erasmus del curso 2011-2012, algunos de los afectados se han puesto en contacto con eldiario.es/andalucia para señalar que se plantean aumentar sus esfuerzos para reclamar a la Junta de Andalucía el dinero que aún debe desde hace un lustro. Los mismos estudiantes meditan incorporarse a la denuncia que ya se interpuso en 2014 y no descartan nuevas vías.
Una de ellas es la que podría abrirse con la Delegación General de Estudiantes de la UGR. Su coordinadora jurídica, Clàudia Costa, afirma que están dispuesto a emprender nuevas acciones si “los estudiantes se ponen en contacto con nosotros y nos lo piden” porque por iniciativa propia la Delegación no cuenta con mecanismos para ello. Costa además explica que en este caso parece claro que el problema reside en “la Junta de Andalucía porque es la que debe pagar las becas a las que se comprometió” por lo que no corresponde a la UGR hacer frente a esos pagos. No obstante desde el organismo estudiantil están dispuestos a ayudar a aquellos alumnos que lo soliciten aunque creen que el problema para los becarios persistirá en el tiempo si no se logra un acuerdo antes de que la Justicia se pronuncie.
