El TSJA condena al Ayuntamiento de Granada a pagar 13 millones de euros por un pleito urbanístico
El urbanismo sigue provocando terremotos en Granada. Si hace ya más de un mes la exconcejal de dicho área, Isabel Nieto, fue detenida junto al que fuera alcalde, Torres Hurtado, ambos del PP, por la operación Nazarí que investiga construcciones en suelo público, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al consistorio a pagar una multa millonaria. Más de 13 millones de euros, según ha explicado el nuevo concejal de urbanismo, Miguel Ángel Fernández.
El origen del problema, al que debe hacer frente el nuevo equipo de gobierno del PSOE, está en unos terrenos que se encuentran en el norte de la capital, en el barrio de la Chana cerca del instituto Severo Ochoa. Dichos terrenos fueron reclamados por una promotora llamada Vargas e Hijos en 2005. La misma asegura que esas parcelas se han cedido al Ayuntamiento de Granada sin su consentimiento puesto que es la constructora la verdadera propietaria.
Después de varios años de litigio entre la promotora y el consistorio, la Comisión Provincial de Valoraciones fallaría en 2007 que el Ayuntamiento de Granada debía pagar una compensación de más de 13 millones de euros a Vargas e Hijos por haberse quedado con sus terrenos merced a un convenio urbanístico previo. Pero debido a que la cantidad era muy elevada, la entonces concejal de urbanismo, Isabel Nieto, negoció una rebaja con la promotora por la cual se pagarían 3,5 millones de euros en lugar de los 13.
De aquellos 3,5 millones de euros la mayor parte serían pagados en especie mediante dos parcelas cedidas a Vargas e Hijos y el resto, un millón de euros, abonado directamente a la constructora. Sin embargo, esa operación estaba supeditada a que el proyecto de reparcelación de los nuevos terrenos a ceder se inscribiese en el Registro de la Propiedad. Si bien eso no se produjo porque la documentación entregada no era suficiente. La propia Isabel Nieto se llegó a quejar ante el Gobierno de España de que el del Registro de la Propiedad número 2 de Granada estaba bloqueando el proceso.
El proceso siguió adelante sin que se le pagase lo pactado a Vargas e Hijos dilatando el proceso a través de distintas fases administrativas. En paralelo, el TSJA continuaba por vía judicial aquella primera decisión de la Comisión Provincial de Valoraciones que condenaba a pagarle a la promotora más de 13 millones de euros. Un hecho que ha confirmado el propio Ayuntamiento de Granada este mismo viernes.
Tanto el concejal de economía, Baldomero Oliver, como el de urbanismo, Miguel Ángel Fernández, califican este fallo como algo “catastrófico” para las arcas municipales. Por esa misma razón han asegurado que van a impedir que cualquier papel que tenga que ver con el procedimiento sea manipulado o se pierda para tratar de aclarar lo sucedido y evitar que el consistorio deba pagar una cantidad tan elevada: concretamente, 13.267.000 euros .
