“Con F de feminismo” fue uno de los 'claims' de la última campaña institucional del 28 de febrero por el Día de Andalucía. “Esa 'F' ha costado mucho”, confesó la consejera de Igualdad de la Junta, Rocío Ruiz, en una entrevista con elDiario.es Andalucía unos días después de la efeméride. La palabra “Feminismo” no aparece en los programas electorales de los partidos del Gobierno de la Junta (PP y Ciudadanos), ni aparecía en sus programas de 2018. En el partido naranja recayó finalmente para esta legislatura las competencias en materia de Mujer e Igualdad, al frente de las cuales ha estado Ruiz durante estos tres años y medio. Ella ha sabido lidiar las sucesivas peticiones de dimisión de Vox y, ni mucho menos en el mismo sentido que Macarena Olona habla del “hombre como complementario”, ha encabezado incluso un posicionamiento oficial junto a los hombres “valientes” que luchan por una igualdad real a través de una “nueva” agenda política centrada en las masculinidades igualitarias.
La gestión de las políticas de igualdad y mujer ha ido avanzando durante estos tres años y medio hasta el punto de que parece que la legislatura se le ha quedado corta a Ruiz. Lo viene manteniendo a nivel interno en los últimos meses, cuando el adelanto electoral ya era casi un hecho. En noviembre, de hecho, anunciaba que tres planes estratégicos sobre Igualdad, Violencia de género y Trata con fines de explotación irían viendo la luz en los meses siguientes, como así ha sido. “Empezó con mal pie, supongo que por las presiones que podía tener, pero ha ido a mejor cambiando de actitud y ha querido ser nuestra aliada en los últimos meses”, comenta Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) en representación de Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido, quien habla de “avances y retrocesos” en la materia durante el Gobierno de PP y Ciudadanos. “Una legislatura con alguna luz y muchas sombras”, opina una mujer con conocimiento de causa en los asuntos de igualdad desde el primer partido de la oposición, la socialista Soledad Pérez, que resalta la “habilidad” de la consejera para “lavar las vergüenzas del PP con Vox”.
Con una “firme determinación de acabar con la violencia machista” y una rotunda condena en cada asesinato, el presidente Moreno ha dejado por cumplir una de las apuestas electorales con las que se presentó en 2018: un Pacto Andaluz contra la Violencia de Género en Andalucía. El Consejo de Gobierno conoce periódicamente, a través de la Consejería de Igualdad, los informes de seguimiento de la ley estatal contra la violencia de género donde se analiza el cumplimiento, desarrollo y aplicación de la norma. “Nuestra prioridad es erradicar la violencia machista”, dice su programa electoral en el apartado de políticas de igualdad. “Las políticas contra la violencia de género le han salido gratis a la Junta, porque se han hecho con dinero del Gobierno de España”, comenta Soledad Pérez.
Lo cierto es que, desde el primer día de legislatura el Gobierno andaluz ha tenido que lidiar con la política negacionista que defiende Vox, socio en la sombra para la aprobación de los presupuestos anuales y a quien la Junta concedió la creación del teléfono de violencia intrafamiliar, un concepto que forma parte del discurso habitual de los de Santiago Abascal y que algún miembro destacado de la Junta ha asumido, como el consejero de Salud y Familias. “La Junta ha hecho lo uno y lo contrario”, recuerda en ese aspecto la diputada Soledad Pérez.
Barbotta, por su parte, denuncia que tanto ese teléfono, que pretende “invisibilizar” otros ya existentes para la atención a mujeres víctimas, o la moción de Vox para eliminar el lenguaje inclusivo de los libros de texto de Andalucía, aprobada el año pasado, o la subvención en 2020 de un millón de euros de ayudas para asociaciones antiabortistas, obedecen al “estrangulamiento” a las mujeres y las asociaciones de mujeres derivadas del primer acuerdo presupuestario de PP-Cs-Vox de junio de 2019. “Todo está directamente relacionado”, apunta, si bien en aquel acuerdo tan solo había una mención explícita al ámbito de la igualdad, relativa precisamente a las asociaciones provida (“ayudas y asesoramiento para las mujeres españolas embarazadas que no quieran abortar”), y otra al referido teléfono de violencia intrafamiliar.
La vicepresidenta del CAPM, entre los “retrocesos” en este tiempo, recuerda que el Pleno del Consejo tardó “año y medio” en reunirse y que muchas asociaciones “dejaron de funcionar” por la convocatoria de subvenciones de 2019. “Hemos tenido que aguantar que nos metieran en el mismo saco de los 'chiringuitos' cuando no saben que trabajamos con proyectos finalistas, que no aportan ningún beneficio económico a las asociaciones de mujeres”. Recuerda que, pese al apoyo de la consejera, al menos en la última etapa, “Ciudadanos es un partido que ha apoyado algunos temas” como los citados anteriormente “y que están cuestionando cosas que teníamos más que asumidas”. “No se puede hacer como que no pasa nada, ni se puede obviar, porque sale a la luz, la gente lo escucha, trasciende, se cuestiona”, apunta.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que desde 2019 cuenta con una unidad específica de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, defiende que Andalucía ha mejorado la atención a las víctimas con diez nuevos protocolos que impulsan la cooperación entre instituciones, administraciones y agentes sociales, aunque no contempla en principio una propuesta de Ciudadanos en 2018 para atender a víctimas de violencia machista que retiren una denuncia en ese sentido. Asimismo, el Teléfono de Infomación a la Mujer “ha multiplicado por 10” su presupuesto desde el inicio de la legislatura, con una inversión de más de 1,4 millones de euros. “En 2018 el presupuesto era de 103.000 euros y era una mera derivación de Salud Responde”, reconocen desde el IAM.
La Junta, además, acaba de aprobar el decreto que regula los centros municipales de la mujer, que prevé tanto la cofinanciación para el mantenimiento de los 180 centros existentes como la creación de nuevos espacios. También es de reciente aprobación, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres del pasado 8M, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía para el periodo 2022-2028, que tiene el fin último de “alcanzar la democracia paritaria y la plena incorporación de las mujeres en orden a superar cualquier discriminación social, política, económica o laboral”. Y ahora que la ley estatal del PSOE sobre prostitución ha dado su primer paso con el apoyo del PP y el voto dividido de Unidas Podemos, en noviembre la Junta aprobó la Estrategia Andaluza contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024, cuyo diseño ha contado con la participación de más de 40 organismos y entidades, entre ellas las 11 consejerías de la Junta.
La red de 34 centros de acogida de Andalucía, por otra parte y según el IAM, ha pasado de tener una plantilla de 133 profesionales a contar con un equipo técnico formado por un total de 225 personas, lo que supone un incremento superior al 69%. “Garantizaremos a todas las mujeres víctimas de violencia machista que estén en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual”, se comprometió el partido de Rocío Ruiz en 2018.
Para Soledad Pérez, la legislatura podría haber sido “la del impulso” a las políticas de igualdad después de que en 2018 se aprobaran por unanimidad leyes como la de Igualdad. “Las perspectivas eran buenísimas” pero se convirtieron en “gran decepción”, apunta. “Sin desmantelar totalmente unas políticas de igualdad, muy consolidadas en Andalucía, la Junta no ha dado pasos valientes, transformadores y revolucionarios. Solo se ha hecho una campaña contra la violencia de género [en 2019] y fue tan blanca que ni Vox la criticó. Y la oportunidad del Pacto estatal contra la Violencia de Género han traído 60 millones invisibles, porque nadie sabe qué esfuerzo añadido se ha hecho por parte de la Junta”.
“Suma cero”, insiste Pérez, quien comenta también cómo “el apoyo de Vox” ha servido para “quitar a las asociaciones feministas el liderazgo y reconocimiento que tenían, tachándolas de chiringuitos. Y Moreno, que preside el CAPM, no ha dicho nada con un silencio cómplice”. La portavoz del PSOE en la materia ofrece un “detalle”: “la Junta no ha hecho uso del régimen sancionador que preveía la Ley de Igualdad de 2018”. “No es que no haya sancionado a nada ni a nadie, es que ni siquiera ha abierto ningún expediente y esa posibilidad la ha guardado en un cajón. Ellos apuestan por la igualdad que sale gratis, la que no tiene reproche alguno”.
A tenor del balance que ha facilitado el IAM a este periódico, no se han establecido en cambio “programas y actuaciones específicas destinadas a las mujeres víctimas de violencia de género para facilitar el acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad”, una promesa del PP que apostaba por un 'programa específico de incentivos a la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia de género'. Lo pedía en 2016, lo propuso en 2018, pero no hay información al respecto.
Mientras la brecha salarial sigue siendo una realidad en Andalucía y en España, más allá de las campañas anuales del IAM poco se sabe del 'Programa Específico contra la Discriminación Salarial de las Mujeres Andaluzas' con el que se presentó el PP a las elecciones anteriores ni de esos anunciados “mecanismos que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la no discriminación en el empleo”. También Ciudadanos prometía en 2018 que trabajaría “para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres”.
Respecto a la comprometida mejora de las oportunidades de las mujeres rurales y su incorporación a la actividad agraria, desde este marzo se somete a información pública el II Plan Sectorial de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera y medioambiental de Andalucía-Horizonte 2027.
Por contra, en cuanto a las propuestas concretas del PP antes de entrar a gobernar en la Junta, no se ha ejecutado el prometido Plan Integral de la Mujer en el Deporte, ni se ha celebrado la Semana de la Mujer Deportista Andaluza, por la que en su nuevo programa vuelve a apostar. Tampoco ha habido un plan de choque contra el desempleo femenino, ni el plan de Apoyo a Mujeres Emprendedoras, ni se ha concretado una mayor protección y acciones formativas dirigidas a las empleadas de hogar y cuidadoras.
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