La “violencia intrafamiliar” incorporada por Vox a los presupuestos ya tiene atención en Andalucía

La puesta en marcha de un teléfono de atención para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, que se incorporará a los presupuestos de la Junta de Andalucía a propuesta de Vox, “amplia el concepto de violencia” y, por ende, los servicios públicos prestados desde la administración autonómica, según ha defendido el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo cierto es que la Junta ya tiene habilitados varios números de teléfono específicos para menores de edad, para mujeres víctimas de violencia machista, para personas mayores y para víctimas en general.

El teléfono previsto “para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar” ¿es para mujeres maltratadas?, se le preguntó al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, en su comparecencia junto al consejero de Hacienda y el de Economía. “Por supuesto”, dijo. ¿Y eso no supondrá una duplicidad de servicios para el mismo fin? “No hemos aclarado cómo vamos a hacerlo desde el punto de vista administrativo”, responde Bravo, tras insistir en que la idea es “ampliar” a todo tipo de violencia. ¿Como cual? “Por ejemplo, las mujeres alcohólicas que pegan a sus hijos”, dice el portavoz de Vox. “La violencia no tiene género, por eso hablamos siempre de violencia intrafamiliar”, sentenció Hernández.

Por eso no queda claro cómo se va a articular el nuevo teléfono y va a convivir con los servicios que ya existen. Es el caso del teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 900 200 999 para mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas y ex parejas, al margen del 016 nacional para la “atención a víctimas de malos tratos por violencia de género”. Ambos son “servicios gratuitos y permanentes, disponibles durante las 24 horas, todos los días del año, día y noche”. Según el último informe anual de 2018, el teléfono andaluz recibió un total de 20.759 consultas.

Teléfono de atención a los menores

Respecto a menores (posibles víctimas de la denominada por el partido de extrema derecha como “violencia intrafamiliar”) ya existe un teléfono del Defensor del Menor. Durante el año 2017, según consta en el último informe hecho público, en asuntos de menores, se han recibido 2.208 consultas, tanto a través del teléfono gratuito específico del Defensor del Menor (900 50 61 13), como a través del teléfono de la propia institución (954 21 21 21), atención presencial, internet o redes sociales. El informe destaca la “importante incidencia” que tienen las consultas realizadas a través de medios telefónicos, que asciende al 84,5% de las consultas.

Desde el teléfono específico del Defensor del Menor llegan “denuncias de malos tratos”, en cuyo caso se da traslado de los antecedentes a la Administración competente (servicios sociales municipales o servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía), según se refleja en el mismo informe anual.

Asimismo, entre la atención telefónica para temas de menores, la Junta dispone de un teléfono de notificación de posibles situaciones de maltrato infantil (900 851 818).

Se trata de un servicio para la atención de quejas o denuncias sobre malos tratos físicos o psíquicos, y situaciones de abandono o desatención de menores. El objetivo principal es detectar de forma rápida situaciones de alto riesgo para intervenir en ellas de la forma más adecuada. Las llamadas pueden realizarse de forma completamente anónima, explica la Junta.

Los mayores, igualmente posibles víctimas, cuentan con el Teléfono de Atención a las Personas Mayores (900 85 83 81), un servicio gratuito gestionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas, en el marco de las políticas de promoción de la autonomía personal y prevención de posibles situaciones de riesgo que puedan sufrir las personas mayores en Andalucía.

Asimismo, la Junta puso en marcha el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia y actualmente tiene en funcionamiento nueve oficinas, que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras para atender la demanda del Campo de Gibraltar. Además de presencialmente, este recurso también se atiende telefónicamente (un número por provincia).

“Se amplía la cobertura”, aseguran

Sin embargo, Vox ha solicitado este nuevo teléfono con lo que consigue incluir en los presupuestos conceptos que forman parte de su marco mental, aunque no supongan un gran impacto económico. El informe de impacto de género que acompaña a las cuentas y que evalúa el gasto de cada departamento desde la perspectiva de género -un documento blindado por ley- será “revisado” con idea de suprimir el concepto “género”, que Vox considera “ideológico”, y sustituirlo por “igualdad”.

Aún no está establecido cómo se pondrá en marcha este teléfono “desde el punto de vista administrativo”, según el consejero, quien insistió ante la prensa en que en ese punto del acuerdo “se amplía la cobertura para supuestos de violencia en el ámbito familiar, una reivindicación que planteaba Vox y que no genera dudas: todos los partidos estamos a favor de proteger a quien sufre cualquier violencia y si hay un entorno más duro es el familiar. Viene a mejorar lo que ahora tenemos sin ningún tipo de dudas”, remachó Bravo.

La violencia en la familia, amparada por el Código Penal

Como ya informó eldiario.es, la violencia intrafamiliar que se incorpora a los presupuestos andaluces de PP y Cs ya está tipificada en el Código Penal, en concreto en el Título VII 'De las torturas y otros delitos contra la integridad moral'. El artículo 173.2 castiga a “el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente”, “o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar”, con atención especial en personas vulnerables por ser dependientes.

Hasta la Ley de Violencia de Género en 2004 aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en España se juzgaba la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas bajo el paraguas de la violencia doméstica o familiar que ahora se incluye en las cuentas andaluzas, aunque sea de forma telefónica. La Asociación de Mujeres Juristas Themis señalaba entonces que “en la violencia doméstica no hay una carga histórica de dominación y creencia de poder sobre la mujer. Esa es la diferencia” y la explicación de que haya hecho falta una ley específica para un problema que se ha cobrado ya 1.000 víctimas en 16 años.