La principal investigadora del caso García Caparrós cuestiona que lo matara un policía y apunta a un confidente

En el casi medio siglo que ha pasado desde la muerte Manuel José García Caparrós, asesinado de un tiro durante la gran manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, se ha escrito mucho. Sobre el disparo; sobre la bala; sobre la operación que todo lo tapó; sobre la ley que alargó el silencio oficial en el mismísimo Congreso de los Diputados; sobre la lucha tenaz de sus hermanas por levantar el secreto; sobre la conversión de aquel joven de 18 años en un mártir del andalucismo; sobre su reconocimiento como víctima de la ultraderecha que atenazó la Transición a la democracia.

Lo que no se ha escrito nunca es el nombre del autor del disparo. 48 años han pasado desde el 4 de diciembre de 1977, y la identidad del asesino sigue envuelta en mil capas, un “acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”, porque nunca hubo interés en otra cosa por parte de las instituciones (jueces, Gobierno, diputados). Durante años, las hermanas Puri, Loli y Paqui García Caparrós soñaron con encontrarlo en los miles de folios que se llevaron del Congreso el pasado 18 de noviembre, que siguen siendo secretos para todos, menos para ellas. “Nos gustaría escuchar la verdad. Quién fue su asesino, quién preparó a la policía para salir a la calle. Vamos a buscar un buen abogado”, dijeron aquel día. Han pasado siete meses, y no hay noticias del autor.

En este tiempo, la hipótesis más extendida, casi incontrovertida, ha sido la de que fue un miembro de la Policía Armada, a partir de un indicio relevante: la bala que entró por la axila del joven para matarlo era una 9mm de las que usaba ese cuerpo represivo. Desde hace unos años circulan las iniciales del dueño de la pistola de la que pudo salir la bala, extraídas del sumario: M.P.R., un cabo de la Policía Armada que fue trasladado de inmediato a Vélez-Málaga.  

Ahora, casi medio siglo después, Rosa Burgos plantea otra hipótesis. Plantea que el autor fue, en realidad, un joven confidente policial, que luego recibió la cobertura del aparato para que nunca nadie le descubriera. Burgos no es cualquiera en relación al caso García Caparrós: secretaria judicial ya jubilada, fue ella la única persona que accedió sin restricciones, en 2007, a las actas secretas de la comisión de investigación del Congreso, hasta que la cámara accedió finalmente a entregárselas a las hermanas.

Fruto de aquella investigación publicó dos libros (La muerte de García Caparrós en la Transición política -2007- y Las muertes de García Caparrós) al que ahora añade Caso García Caparrós, la cara oculta de un crimen de Estado, todos publicados por El Observador, y este último con el apoyo de CCOO.

Un confidente delatado por un confidente

El nuevo libro enmienda la principal conclusión que se extraía de los dos primeros: el autor del disparo no fue un policía sino un civil, un confidente de los muchos que tenía la policía entre elementos de ultraderecha con licencia para apalizar y, llegado el caso, disparar. Escuadristas, protegidos y protectores del Movimiento, a los que la Policía prometía de un acceso futuro y proveía de armas sin identificar. Aquel día disparó para defender a los policías de las pedradas, según le habría confesado él mismo al confidente de Rosa Burgos. Era de Archidona.

Todo lo que vino después fue una fenomenal operación de encubrimiento: emborronarlo todo para que nunca hubiese un nombre. Sólo una difusa responsabilidad a un cuerpo ya extinto, los grises, y si acaso, muchos años después, unas iniciales.

“Ojo, este libro no es una tesis, sino una hipótesis. Quiero que eso quede claro”, advierte Burgos, que ya ha visto lo suficiente como para saber que aquí nada es lo que parece, o sí.

Sostiene ahora que algunos de los indicios en los que también ella se basó en sus primeras investigaciones fueron “preparados”, puestos allí como migas de pan, y admite que esta nueva obra es en cierto modo una enmienda a sus propias conclusiones.

Si volvió sobre sus pasos es porque un día de 2017, recién publicado Las muertes de García Caparrós, recibió un mensaje. “Ha trabajado tanto en el caso que merece conocer la verdad. Que sepa que el cabo M.P.R. no fue el autor del disparo”. Aquello la intrigó, pero no más que otras informaciones anónimas de dudosa credibilidad. “Pensé que podía ser un loco”, cuenta Burgos. Pero aquella persona siguió enviando mensajes y llamándola, y lo que contaba cuadraba con la documentación que ella tenía. Más aún: ataba algún cabo suelto.

La duda con la bala

Fue así como cuestionó la principal prueba de cargo contra M.P.R. La bala. Su confidente le explicó que, por cómo afectó al cuerpo, el proyectil no era un 9mm, sino un 7,65. Las heridas apenas se diferencian, pero sí provocan efectos diferentes. La bala provendría no de una pistola calibre 22, sino de una Star de cañón fijo, conocida como “la sindicalista”, una pequeña pistola de gran letalidad conocida así por su popularidad en el movimiento anarcosindicalista de primeros de siglo.

Esa revelación encaja con las primeras informaciones del caso. El 6 de diciembre, dos días después de la muerte, tanto Informaciones como ABC publicaron sendas crónicas en las que se señalaba que la bala no era de las que usaba la Policía. Lo mismo dijo Francisco Jiménez Quintero, dirigente de Fuerza Nueva. Pero poco después empezó a difundirse que era una 9mm, y así quedó.

En los documentos del sumario se refleja el escaso celo en la custodia del cadáver y de la propia bala. Fueron los médicos de guardia quienes extrajeron el proyectil. “Acudieron cuatro inspectores de Policía, que informaron de que la bala era de 9 mm corto, antes de que el juez levantara el cadáver”, relata Burgos. La comisión judicial no se personó en el hospital hasta varias horas después. “Fue el auxiliar quien recogió la bala, sin ninguna fe pública. El juez la tuvo luego en su mesita de noche”.

Durante la presentación de su libro, el pasado jueves, un asistente que dijo ser ATS en Emergencias corroboró la falta de custodia de la bala. “Fui a los quirófanos y vi el cuerpo. Estaba en la sala de traumatología. La bala se cayó, y un celador la puso allí porque el traumatólogo dijo que no tocáramos nada porque tenía que venir el juez”.

Después, el proyectil siguió un periplo de ida y vuelta a Madrid, pasando por Granada, hasta que años después se realizó la primera prueba balística, que ofreció “ligeras similitudes” con el arma del cabo de la policía. “Pero eso no es tajante”, zanja Burgos.

“Si tiraba de la manta iba a destapar la mierda”

La bala es el principal elemento de distorsión, pero no el único, en la doble investigación (judicial y en el Congreso) que nunca llegó a nada: en lugar de concretar la autoría, difuminó la responsabilidad material hasta hacerla inaprensible. Del segundo libro de Burgos se extraen las iniciales M.P.R., pero años después, alguien se puso en contacto con ella para hacerle ver que sus conclusiones eran erróneas, y ella las rectificó.

“Las informaciones no siempre se obtienen por los documentos, a veces vienen porque alguien te cuenta cosas; al principio no le das importancia, pero cuando indagas llegas a la conclusión de que lleva razón”, dice ahora la investigadora, quien cree que algunos indicios estaban puestos a modo de trampa. ¿Y por qué interesaba proteger al verdadero autor? “Porque si tiraba de la manta iba a destapar toda la mierda que había en la Policía, en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Seguridad, en el Ministerio de Gobernación”.

Sobre los motivos del confidente, cuya identidad Burgos ha prometido no revelar nunca, este mismo le dijo que no podía cargar con la conciencia de no contar lo que supo, mientras M.P.R. cargaba con la culpa. Él mismo vivió algo semejante. “Me dan escalofríos”, le dijo a la autora.

En cuanto al supuesto autor, murió. Nunca nadie se hizo responsable de la actuación de personas ajenas al cuerpo, ni de la operación que encubrió todo, ni de mantener los documentos secretos hasta para la propia familia. Él apretó el gatillo, pero a García Caparrós lo mataron muchos.