La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, por unanimidad, permitir a las hermanas García Caparrós el acceso al expediente desclasificado de su hermano Manuel José, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por la autonomía plena.
Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós cursaron una solicitud al Congreso para entrar en sus archivos y consultar personalmente el expediente del asesinato de su hermano “sin anonimizar”, es decir, sin los nombres de los implicados tachados. Cumplirán así un anhelo con casi 50 años de reivindicación, aunque el mismo informe de la Dirección de Archivos que autoriza su visita les advierte de que no podrán “difundir” ni “revelar” ni “reproducir” el contenido, porque siguen siendo documentos “secretos” y su “estatus jurídico” no ha cambiado. Las hermanas del joven malagueño se exponen a multas y penas de cárcel si lo hacen.
El pasado 31 de octubre, la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso emitió un informe favorable a la petición de acceso de las García Caparrós, que fue elevado a la Mesa para su consideración. Este martes todos los partidos han votado a favor.
El director del Archivo, Miguel Ángel Gozalo, ha escrito un email a las hermanas del malagueño, “por cortesía”, para trasladarles el acuerdo de la Mesa y preguntarles qué día acudirán a consultar las actas (ellas han anunciado ya que irán el próximo 18 de noviembre). “Dada la singularidad” de este caso, Gozalo se ha ofrecido a recibirlas personalmente.
La decisión del órgano rector del Congreso ha sido unánime, aunque para ello los diputados del PP han tenido que rectificar su posición inicial, que soliviantó muchísimo a los suyos en Andalucía.
El mes pasado, los cuatro miembros del PP en la Mesa se habían opuesto a la reforma del reglamento de Archivos de la Cámara, necesaria para abrir las actas de García Caparrós a la familia. Esa reforma salió adelante gracias a la mayoría de PSOE y Sumar, pero el rechazo de los populares puso en un compromiso al PP andaluz y al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que se había comprometido personalmente con las hermanas a desatascar una reivindicación que duraba más de cuarenta años.
Moreno justificó el voto contrario de sus compañeros en Madrid alegando que “no sabían” que la votación sobre la reforma del reglamento de Archivos del Congreso afectaba directamente a la familia de García Caparrós, aunque las actas internas de aquella reunión, reveladas por El Diario, demostraron más tarde que los diputados del PP sabían que ambas iniciativas venían de la mano, a través de una iniciativa conjunta del grupo Sumar.
La popular Carmen Navarro, Secretaria Cuarta de la Mesa, denunció antes de que se votase la citada reforma que “la finalidad” de aquella norma no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General [el letrado mayor], sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós“.
En el entorno del presidente andaluz, aquel tropiezo sentó fatal. “Menuda cagada”, admitieron fuentes de la dirección del PP-A, conscientes de que se arañaba el discurso andalucista de Moreno, su compromiso personal con las hermanas García Caparrós, y el propio voto de su partido en el Parlamento autonómico, donde dos años antes se aprobó con la mayoría absoluta popular una iniciativa del partido de Teresa Rodríguez -Adelante Andalucía- para instar al Congreso a dar apertura a las actas completas.
El dirigente popular, además, convirtió el 4 de diciembre -día de las manifestaciones autonomistas en la que murió García Caparrós- en una efeméride oficial del calendario andaluz, en el que desde hace tres años se conmemora el Día de la Bandera.
Actas secretas abiertas, pero que no se puede revelar su contenido
La Comisión especial de Encuesta sobre la muerte del joven sindicalista en Málaga el 4 de diciembre de 1977 se constituyó el 13 de enero de 1978, al amparo del Reglamento provisional del Congreso de los Diputados vigente en aquella legislatura. Las reuniones y deliberaciones eran secretas, confidenciales, tenían carácter reservado -tanto las actas como los informes, testimonios, grabaciones, material gráfico o de otra naturaleza que se usaron- y se hicieron a puerta cerrada. Los trabajos concluyeron el 9 de noviembre del 78, hace ahora 47 años.
Desde entonces esa documentación secreta ha estado custodiada por el Congreso, aunque en ocasiones se han autorizado consultas restringidas, pero siempre bajo estrictas condiciones y con datos y nombres personales anonimizados.
Algunos investigadores y diputados han tenido acceso parcial a esas actas: la investigadora Rosa Burgos, en 2007, que luego escribiría un libro sobre el asesinato de García Caparrós revelando datos que hasta entonces se desconocían [como las iniciales del policía que le disparó]; Jaime Relanzón Ramón, comandante de la Guardia Civil, que solicitó acceso a las actas secretas en el contexto de un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial; la diputada malagueña de IU Eva García Sempere (en 2017); el exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Presidencia, el socialista Manuel Jiménez Barrios; el parlamentario andaluz del PP Juan Ramón Ferreira; y ya en 2024, varios diputados de Sumar.
El Congreso, con los votos de PSOE y Sumar y el rechazo frontal del PP, aprobó recientemente una modificación de las normas de acceso a los archivos, que dejaba sin efecto un precepto de la Ley de Patrimonio Histórico Español, sobre el que prima la nueva Ley de Memoria Democrática, de 2022.
La actualización del sistema de acceso al Archivo del Congreso, restringido hasta ahora a historiadores por una Instrucción de 1984, autoriza la consulta a sociólogos, periodistas y cualquier “interesado”, incluido los “herederos” de protagonistas de esa documentación bajo custodia. Por esa rendija legal se ha colado la familia García Caparrós, acompañada en esta reivindicación desde hace más de cuarenta años por Izquierda Unida.
Las hermanas podrán consultar el expediente completo, pero con dos salvedades: no tendrán acceso a las “actas taquigráficas secretas” -“es insuficiente la legitimación de las solicitantes porque no son miembros del Congreso”, reza el informe del Departamento de Archivos de la Cámara Baja. Y, sobre todo, no podrán difundir ni revelar el contenido secreto al que tengan acceso, so pena de recibir una multa económica o de cárcel.
Entre los documentos custodiados sobre el asesinato de García Caparrós se encuentra el único ejemplar del acta taquigráfica de la sesión secreta del Pleno del Congreso de 9 de noviembre de 1978, en la cual se discutió y aprobó el dictamen final de la Comisión de Encuesta. “Esta acta se halla depositada en protocolo especial bajo la autoridad de la Presidencia”, dice el documento.
Entre los fondos depositados en el Archivo figuraban 36 cintas magnetofónicas que solo se encontraban transcritas parcialmente en la documentación original de la Comisión y que recientemente -el pasado 29 y 30 de octubre- “estas cintas fueron digitalizadas por los servicios de la Cámara”.
El informe también advierte a las hermanas García Caparrós de que el contenido al que van a tener acceso mantiene su condición “secreto” y “reservado”. En consecuencia, no pueden revelarlo cuando salgan de hacer la consulta. “Los documentos solicitados no dejan de tener carácter secreto aunque se autorice su acceso. Dicha autorización (...) no altera su estatus jurídico ni supone su publicidad general. En consecuencia, parece obligado advertir a las solicitantes que deberán respetar estrictamente su carácter reservado, no pudiendo difundirla ni reproducirla públicamente total ni parcialmente. Su divulgación podría conllevar las correspondientes responsabilidades”, reza el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Desde el Congreso aseguran que se trataría de responsabilidades “de tipo penal”. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que, en este contexto específico, lo que podría verse comprometido es el artículo 11 de la Ley de Secretos Oficiales, que regula la obligación de las personas autorizadas a manejar “información clasificada” de cumplir con las medidas de protección establecidas, tanto de manera reglamentaria como las particulares que se definan.
Estas medidas, basadas en el principio de “necesidad de conocer”, limitan el acceso a la información únicamente a aquellos cuyo trabajo lo requiere o, en este caso, por razones personales de los herederos. Las penas de tipo básico por revelación de secretos van de uno a cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses; y las penas para la revelación agravada -si además de difundir datos encubiertos, estos se ceden a terceros- irían de dos a cinco años de cárcel.