La ofrenda floral ante la placa que recuerda el lugar aproximado donde fue tiroteado Manuel José García Caparrós tiene cada año mayor concurrencia, en una evolución paralela a la que ha tenido la figura del joven como símbolo de la autonomía andaluza. Este jueves, cuando se cumplen 48 años de las masivas manifestaciones en Andalucía por la autonomía plena, y de su asesinato en medio de las cargas policiales que se produjeron en Málaga, han desfilado por allí candidatos a presidir la Junta de Andalucía, portavoces municipales y el alcalde De la Torre, acompañando a las hermanas García Caparrós, que han vuelto a reclamar que el Gobierno declare que su hermano fue una “víctima del terrorismo”, algo que el Presidente del Gobierno les dijo que estudiarían en el Ministerio del Interior.
“Por el simple hecho de llevar una bandera le dispararon por la espalda. Es de justicia”, han reclamado las hermanas, que se han felicitado de haber conseguido finalmente acceso a los documentos de la comisión del Congreso que investigó el suceso en 1978, pero han lamentado el manto de silencio que les ha impedido en todo este tiempo conocer a los responsables de la muerte. “Era muy fácil coger a la persona que disparó, por su pistola y por la bala. ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué quedó impune, por qué lo enviaron a otro pueblo? ¿O es que mis padres no tenían derecho a saber quién mató a su hijo? Ese policía, aunque esté muerto, saldrá a la luz. Le pese a quien le pese”, ha advertido Dolores. “El nombre del asesino tiene que salir a la luz”, han dicho luego.
Este es el primer año en que tienen en sus manos todos los documentos de la comisión de encuesta del Congreso que estudió aquellos sucesos y los de La Laguna (Tenerife), donde también murió un manifestante. Tras décadas reclamando, pudieron retirarlas el pasado 18 de noviembre, con una advertencia del departamento de archivos: aunque ellas tengan la dispensa para consultarlas, siguen siendo documentos secretos cuya revelación pública podría acarrear consecuencias penales, les han dicho.
Esta mañana no han contado nada: siguen escuchando los audios y revisando los papeles, pero para desentrañarlos por completo necesitan la ayuda de un abogado. Son casi 30 archivos sonoros y más de 2.000 folios.
“Aquel día muchos saltaron al río, otros corrimos a través de la obra del edificio de Hacienda. Estaba todo embarrado”, recuerda Manuel Garrido, a quien la carga policial le pilló sobre el puente de Tetuán, a escasos metros de donde murió García Caparrós. Se ha acercado a recordarlo y cuenta que escuchó los disparos, “varios, no sé cuántos”, aunque no se enteró de la muerte hasta por la noche.
“Aquello era una fiesta de personas. Había muchísimas familias, mujeres, niños, que venían a esto”. El Presidente de la Diputación Provincial, Francisco Cabezas, había advertido de que allí no ondearía la bandera, como sí ocurrió en el resto de capitales. Así que cuando José Trinidad Berlanga trepó para colocarla, la Policía, oculta tras el edificio y en los alrededores de la Catedral, intervino. “Estábamos encima del puente y vimos a los grises cargando desde la Diputación hacia acá”, relata Garrido. “Empezaron a cargar y se cortó la manifestación. Hubo personas que se quedaron atrapadas en el parque, y vinieron cargando hasta aquí aunque la cabeza de manifestación estaba ya en el Puente de las Américas, que es donde iban a dar un discurso los distintos políticos y ciudadanos”.
Antonio López, andalucista entonces y ahora, lleva años viniendo al homenaje. “Yo soy de la opinión de que el 4 de diciembre debe ser el Día de Andalucía”, proclama, alineándose con una corriente de asociaciones, sindicatos y partidos que consideran este día como la verdadera semilla de la autonomía andaluza. “Y el que la sigue la consigue”, vaticina.
Este año se ha presentado con un ejemplar de la revista Primera Plana en el que se da cuenta de los sucesos con abundante material fotográfico. Así quedaron registrados el momento en que José Trinidad Berlanga subió al balcón, las cargas posteriores y hasta los orificios de bala en las fachadas.
El día anterior, 3 de diciembre, López había organizado la manifestación de su pueblo, Torrox, uno de los primeros en salir a la calle. Habían hablado con el alcalde de entonces, y a diferencia de Cabezas, este había dado su consentimiento tácito a que colocaran la bandera en el Ayuntamiento: dejaron la puerta abierta.
A la ofrenda floral han acudido políticos de todo signo, con la excepción de los representantes de Vox. Han estado los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Podemos (José Antonio Delgado), el secretario provincial del PSOE (Josele Aguilar), el coordinador general de IU Andalucía, el del PCA (Ernesto Alba), los portavoces municipales de PSOE (Daniel Pérez) y Con Málaga (Toni Morillas y Nicolás Sguiglia) o el portavoz provincial de Adelante (Luis Rodrigo). Además, con varios de sus concejales ha acudido el alcalde, Francisco de la Torre (PP).
De la Torre, regidor desde el año 2000, se ha referido al episodio como “una tragedia para la familia y para todo el mundo”, pero ha evitado sumarse a la reclamación de que García Caparrós sea declarado “víctima del terrorismo”: “Es evidente que fue una víctima de aquel momento, pero calificar a la Policía Armada de ”terrorista“ es duro”.
Según ha dicho, “el uso del arma fue una imprudencia brutal” que acabó en tragedia. En su opinión, lo que ocurrió es que la Policía Armada “no estaba preparada para hacer frente a una manifestación que era pacífica, pero que degeneró en una manifestación violenta” a partir de la intervención policial. “Fue un error del gobernador civil, que había demostrado su vocación de apertura clarísima, pero no supo quizás gestionar aquel momento. Habría tenido que dar un golpe en la mesa y decir al presidente de la Diputación que ”se pone ahí la bandera y no me crees problema, por favor. Ni a mí, ni a Málaga ni a nadie“.
Él formó parte de la comisión de encuesta que investigó el asunto en el Congreso. A pregunta de este medio, esta mañana ha asegurado que desconocía que las actas sigan siendo secretas. “Yo creo que lo normal de un tiempo en que puede haber ciertos documentos que queden como reservados, es que luego pueda haber una apertura. Pasa en todos los países democráticos. No hay documentos que sean eternamente secretos”.
IU lleva años impulsando públicamente la desclasificación. A través del grupo Sumar, ahora ha culminado el proceso para que las hermanas puedan acceder a la documentación, previa reforma de la norma que rige el acceso a documentos del Congreso. “Estoy convencido que vamos a abrir el camino para que la conozca toda la sociedad”, ha señalado Maíllo.
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