El Puerto de Málaga acepta zanjar el juicio por un pufo de cuatro millones sin garantías de que recuperará el dinero

El 13 de febrero de 2008 el buque Stolt Capability maniobraba contra un temporal cuando colisionó contra un pilote del atraque Sur del Puerto de Málaga. La noticia apenas mereció atención de los medios locales, pero cuando una empresa especializada acudió a reparar los desperfectos, dos años después, descubrió la punta del iceberg de un gran fraude: allí no había lo que se suponía, sino pilotes más cortos y menos escollera.

Desde entonces hasta ahora ha aflorado la corrupción sistemática en la ambiciosa renovación que acometió el Puerto entre finales del siglo XX y principios del XXI: las adjudicatarias de varias obras, en connivencia con personal de la Autoridad Portuaria, lograron beneficios extraordinarios gracias a certificaciones por partidas infladas o inexistentes. El pufo no se limitó al atraque Sur (781.204,92 euros públicos defraudados, según sentencia firme), sino que se extendió al muelle de contenedores (4.033.180 euros, según los informes periciales) o al espaldón del dique de Levante hoy en descomposición por corrosión, donde aparecieron partidas sin ejecutar por 167.000 euros.

Casi 15 años después del suceso, el Puerto de Málaga se dispone a dar carpetazo al último de los asuntos que sigue vivo en los tribunales. Siguiendo la propuesta de la Abogacía del Estado, su Consejo de Administración ha validado un trato que rebaja la pena a los dos ingenieros acusados de falsear las certificaciones de las obras del muelle de contenedores (condenados ya en firme por el atraque Sur), lo que evitaría que entren en prisión.

El Puerto aboga por pasar página, y parece esgrimir razones de humanidad. Según la nota que presentó la Abogacía del Estado, debe tenerse en cuenta la “crítica situación tanto patrimonial como personal y familiar”, así como la edad “avanzada” de los acusados, aunque fuentes de la Fiscalía descartan que eso tenga un peso en sus decisiones procesales.

Los dos acusados, J.P.G.F. y J.F.D., admiten los hechos y ponen “a disposición de la Autoridad Portuaria” las casas y bienes que ya tienen embargados por el caso del atraque Sur. Está claro que eso no servirá para compensar el dinero público defraudado en el Muelle de contenedores, más de cuatro millones de euros, y así lo admite la propia Abogacía del Estado.

Por su parte, las empresas Sando, Dragados y Urbaser (que se lucraron con el engaño) quieren seguir pleiteando para evitar el pago de la indemnización, lo que plantea la duda de qué obtiene el Puerto con este acuerdo, si la responsabilidad penal se diluye y la civil (las indemnizaciones) sigue en el aire.

Aunque estaba previsto que el acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado (en representación del Puerto) y los acusados se firmase este lunes en la Audiencia Provincial, la vista se suspendió y no tiene nueva fecha.

Sólo UGT votó en contra del acuerdo

El acuerdo lleva meses cocinándose, y obtuvo el visto bueno del Consejo de Administración del Puerto de Málaga el pasado 30 de noviembre, con el único voto en contra del representante de la sección sindical de UGT.

El sindicato ha protestado ante el presidente de la Autoridad Portuaria por que se “indulte” a los responsables “sin establecer contrapartidas firmes que prevengan nuevos episodios fraudulentos”. Para UGT, el fraude millonario lastró la capacidad del Puerto para acometer inversiones, mejorar sus infraestructuras o mantener y mejorar los salarios de su personal. “La conformidad planteada no compensa ni de lejos ese agujero financiero ni otorga garantías de no repetición”, se lee en un escrito remitido al Presidente.

Fuentes del sindicato, que denuncian la opacidad con la que se llevó el asunto al Consejo de Administración, advierten de que el mensaje que envía el acuerdo es pernicioso y daña la imagen del Puerto. “Al final nos quedamos sin responsables y no pasa nada”. El caso contrasta con la práctica general de la Abogacía del Estado, que suele mantener los pleitos hasta el final.

Código Ético del Puerto para desalentar “toda actividad fraudulenta”

Tampoco está en sintonía con lo que proclama el Puerto respecto a su posición contra la corrupción. En enero de 2022, la Autoridad Portuaria suscribió una declaración institucional de “compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas”.

Esa misma declaración, firmada por Carlos Rubio, señala que el “objetivo principal” del Código Ético es promover “una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, y extender esa cultura a sus ”proveedores, contratistas, clientes, concesionarios, licenciatarios y colaboradores externos“.

El pacto supone un reconocimiento expreso del fraude “al emitir a sabiendas certificaciones falsas, proponer un modificado falso y elaborar un proyecto de liquidación falso”. El perjuicio patrimonial fue de 4.033.180 euros sólo en ejecución material, a lo que habría que sumar la parte proporcional de los coeficientes aplicados a la liquidación por gastos generales, beneficio industrial, actualización de precios y baja de licitación.

Los acusados se conformarían con que su conducta supone un delito de falsedad en documento oficial y malversación, y aceptarían una rebaja de penas de dos años y tres meses de prisión (que pedía la Fiscalía inicialmente) a un año y seis meses de prisión, que se suspendería por cuatro años, según fuentes del procedimiento.

Las empresas discuten la cuantía

Para aplicar esta rebaja es clave la lentitud de la justicia: la investigación se inició en 2012 y hasta 2021 no se abrió fase de juicio oral. Después, la fecha de juicio volvió a sufrir un nuevo retraso. Según la Abogacía del Estado, esta dilación tan acusada podría provocar que, si se siguiese hasta sentencia, el tribunal rebajase la pena hasta en dos grados.

La abogada del Estado también asume que las empresas seguirán oponiéndose a pagar indemnización alguna, a pesar de que ya fueron condenadas por el caso del atraque Sur. Son ellas las que se lucraron de las falsas certificaciones. En el caso del muelle de contenedores, Dragados participaba en la UTE al 48%, Sando con el 32% y Urbaser con el 20%.

Sin embargo, el acuerdo que ahora se quiere cerrar no las vincula: su responsabilidad penal prescribió y no aceptan la responsabilidad civil, de modo que seguirán discutiendo ante la Audiencia Provincial de Málaga la cuantía de los daños. Para eso será necesario un contraste pericial que se prevé largo y complejo.

El acuerdo debía ser refrendado ante la Audiencia Provincial este lunes, pero la vista se suspendió por la reciente jubilación de su presidente.