Marbella adaptará el PGOU de 1986 a la ley andaluza para desarrollar provisionalmente el urbanismo

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) adaptará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de rango autonómico, para elaborar una medida transitoria con la que ordenar el urbanismo del municipio hasta que el Consistorio cuente con un nuevo planeamiento, ha anunciado este miércoles el alcalde de la localidad, José Bernal.

El regidor, que ha comparecido junto a la concejal de Urbanismo, Isabel Pérez, y los portavoces de IU, Costa del Sol Sí Puede y OSP, Victoria Morales, Victoria Mendiola y Manuel Osorio, respectivamente, en rueda de prensa posterior a una Junta de Portavoces, ha asegurado que está es la fórmula que daba “más certidumbre” al desarrollo del urbanismo en el municipio, en solfa después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el PGOU de 2010.

La concejal de Urbanismo ha destacado que la adaptación del PGOU tendrá una vigencia indefinida y permitirá al Gobierno local contar con un “documento tan reglado y pautado que ofrece al urbanismo de Marbella la seguridad que necesita en estos momentos”.

“Vamos a tener un documento parecido a una revisión. Contendrá todo aquello que es necesario para trabajar en el día a día de la ciudad. Es lo que mejor nos puede solucionar el problema en la ciudad”, ha agregado.

La solución es la conclusión a la que han llegado los técnicos municipales y de la Junta que han trabajado en comisiones mixtas durante las últimas semanas tras analizar las fortalezas y debilidades de la adaptación del PGOU de 1986, ha indicado Bernal.

Los especialistas comenzarán la semana próxima la adaptación del PGOU de 1986 a la LOUA, proceso que podría culminar a finales de año.

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, visitará el municipio en los próximos días para transmitir “tranquilidad y seguridad” a los vecinos y colectivos del municipio, según Bernal.

La otra alternativa que barajaba el Gobierno local era aplicar unas normas sustantivas de forma transitoria hasta la aprobación del PGOU, opción que se ha descartado porque generaban un funcionamiento “irregular sobre el día a día” en la materia.

“Las normas tienen una vigencia de dos años. Pasado ese tiempo, estaríamos en la misma situación que ahora. Además, solo se podían acometer modificaciones pormenorizadas, por lo que dejaban fuera las modificaciones estructurales”, ha explicado la edil de Urbanismo.

El gobierno local confía en contar con el futuro PGOU en unos tres años, mientas que el PP calcula que el plazo será de cuatro o cinco.