Moreno computa en el plan andaluz para paliar los daños del temporal una partida millonaria que autorizó Montero una hora antes

Daniel Cela

Sevilla —

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María Jesús Montero y Juanma Moreno, rivales en unas elecciones andaluzas inminentes, anunciaron este martes casi a la vez -una desde el Gobierno central, otro desde la Junta de Andalucía- sendas partidas millonarias destinadas a paliar los daños de la borrasca en esta comunidad.

El pulso entre ambos por visibilizar el esfuerzo inversor de cada administración con la región que aspiran a gobernar se tradujo en una lluvia de millones para Andalucía: el Gobierno ha movilizado 7.000 millones de euros y la Junta otros 1.780 millones, cada cual con una batería de ayudas directas, obras de reconstrucción y exenciones fiscales que redundarán en beneficio de las familias desalojadas por el temporal, los municipios anegados, las casas destruidas, los negocios cerrados, las carreteras destrozadas y los sectores paralizados, singularmente la agricultura y la pesca.

Aunque el resultado hace pensar que ambos gobiernos -uno del PSOE-Sumar y otro del PP- han trabajado al unísono para coordinar sus planes de reconstrucción en Andalucía, lo que se visibilizó el martes fue una carrera de los dos candidatos por posicionar antes que el otro su plan de choque, sus millones, sus ayudas.

A las dos de la tarde, tras comparecer Montero y luego Moreno, en la Consejería andaluza de Hacienda se preguntaban si las ayudas estatales eran compatibles con las andaluzas -y viceversa- y no descartaban ya reestructurar el plan de reconstrucción que acababan de presentar: “Si nuestras medidas se solapan con las del Gobierno, se destinará el dinero a otra cosa...”.

Montero, una hora antes que Moreno

El Consejo de Ministros se celebra cada martes, pero éste se adelantó más de lo acostumbrado: la justificación era que Congreso celebraba esa mañana un acto solemne por la longevidad histórica de la Constitución Española. Montero, a la sazón secretaria general del PSOE andaluz, se erigió como portavoz de las ayudas millonarias que adjudican ocho ministerios del Gobierno, y que recalarán en Andalucía y en Extremadura.

Esa misma mañana, el presidente Moreno había reunido a sus consejeros en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, el espacio principal para recepciones oficiales en la sede de la Junta, para presentar -con logo incluido- un programa estrella para la reconstrucción de la Andalucía azotada por el temporal: el Plan Andalucía Actúa.

Montero golpeó una hora antes desgranando un gasto extraordinario de 7.000 millones de fondos propios, incluyendo exenciones fiscales que la Junta de Andalucía había reclamado días antes, y otras que Moreno tenía pensado anunciar esa misma mañana.

Cuando compareció el presidente de la Junta -se retrasó 40 minutos mientras su equipo estudiaba los números de la ministra- una parte sustancial de las reclamaciones que iba a trasladar al Gobierno central para “complementar” el Plan Andalucía Actúa ya estaban recogidas en el Real Decreto aprobado esa misma mañana por el Consejo de Ministros.

Se aprobó la posibilidad de gastar el superávit de 2025 [hasta marzo no estará la cifra oficial], y que la regla de gasto no sea un limitante. Una semana antes, el Gobierno de España ya había anticipado otra de las peticiones de Andalucía, remitiendo una carta a la Comisión Europea para solicitar la reprogramación de fondos europeos y la activación del fondo de crisis de la UE para responder a los destrozos del tren de borrascas. La solicitud formal aún no se ha cursado, explican desde el Ministerio, porque primero “corresponde hacer la evaluación detallada y exhaustiva de todos los daños”.

En el Palacio de San Telmo, donde fue convocada la prensa sin posibilidad de preguntar al presidente, el acto solemne arrancó con retraso y desconcierto. Los números andaluces que iba a presentar Moreno, a partir de una “reformulación” de los Presupuestos de 2026, venían opacados por los 7.000 millones anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los 7.000 millones de Montero incluyen una partida de la Junta, ¿no? ¿Ahí han metido nuestro superávit? No nos salen las cuentas”, se preguntaba en voz alta un asesor del presidente.

El Ministerio de Hacienda distribuyó una tabla con el desglose de gasto de los 7.000 millones de euros, partida a partida, todo de fondos propios: 2.874 millones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 200 millones del Ministerio de Interior; 2.000 millones de Política Territorial; 691,2 millones de TRansición Ecológica y Reto Demográfico; 163,2 millones del Ministerio de Transportes; 940 millones del Ministerio de Hacienda; 250 millones de Economía, Comercio y Empresa; y 50 millones del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En total, 7.168,5 millones de gasto directo, sin incluir el impacto de otras medidas articuladas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para amortiguar el cese de actividad de autónomos; para exenciones a empresas en ERTE por fuerza mayor; aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social y moratoria de intereses; y la compatibilidad de las ayudas del temporal con el Ingreso Mínimo Vital.

El superávit de 2024 y el de 2025

La Junta de Andalucía presentó un desglose de las inversiones y ayudas a las que destinará sus 1.758 millones de euros, pero no especificó de dónde proviene el dinero. El presidente habló de una “reorganización” inédita del Presupuesto de 2026, recién aprobado, detrayendo partidas de algunas consejerías para destinarlas a las ayudas y la reparación de daños.

Pero la Consejería de Hacienda también confirmó que en esos 1.780 millones se computa parte de los remanentes sin gastar del Presupuesto de 2024 y otra parte del superávit de 2025, un dinero que la Junta aún no tiene disponible, y que depende de una autorización expresa de la ministra de Hacienda.

En realidad, Montero había desbloqueado una hora antes ese superávit de 2025 que, por ley, únicamente se podía destinar a la cancelación de deuda a través de una amortización anticipada. “Han contabilizado un dinero que no tienen, pensando que así abrirían otro frente de confrontación con nosotros”, explican fuentes del Gobierno.

Del dinero que la Junta ha movilizado para la reconstrucción de la Andalucía afectada por la borrasca -los 1.780 millones- otra parte corresponde al cese de liquidación (algo más de 130 millones), a la reprogramación de fondos europeos y al fondo de gestión de ayudas de emergencia de la Política Agraria Común (PAC). Sobre estas últimas ayudas de la UE, el propio Moreno reconoció que eran “lentas” de tramitar, pues se concedieron tras los incendios del verano pasado, “y aún no han llegado”.

Por último, el fondo lo completan los 500 millones de la sección 31 del Presupuesto andaluz, una especie de “saco” para gastos disponible para todas las consejerías -de aquí se iba a financiar un plan de digitalización para autónomos- que ahora se va a modificar íntegramente.

Andalucía cerró el ejercicio presupuestario de 2024 con un superávit de 1.158 millones, en torno al 0,74 % del PIB regional, según los datos del Ministerio de Hacienda. Esa diferencia entre ingresos y gastos, según la Junta, es el resultado de la llegada de una partida de fondos europeos ejecutados en 2023 y al incremento de la recaudación tributaria derivada del aumento del mercado inmobiliario.

La semana pasada, la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ya formuló la petición al Gobierno para que le autorizase a usar el superávit de 2025. Moreno lo ratificó un día después y volvió a demandarlo en sede parlamentaria. Este martes, además, han incluido en su reclamación poder usar también los remanentes de 2024, que es una partida más cuantiosa (la de 2025 se estima en unos 400 millones).

El departamento de Montero replica que para hacer uso del superávit de 2024, Andalucía no necesita una autorización extra, porque el Gobierno ya admitió esta posibilidad en un Real Decreto, aprobado el pasado diciembre, por el que se adoptaron “medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas”.

El artículo 2 del Real Decreto “habilita el destino del superávit de 2024 obtenido por las comunidades para financiar inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027, como excepción y como alternativa a la regla general de gasto, por la que dicho superávit se debe dedicar a la reducción de la deuda pública”.

Ese margen de gasto extra estaba condicionado a que la comunidad autónoma cumpliera con el periodo medio de pago y con los objetivos de estabilidad y deuda pública. La Junta de Andalucía, de hecho, ya anunció entonces que cumplía con esos criterios y, por tanto, estaba en disposición de recuperar esos 1.150 millones para la ejecución de inversiones. También de ese margen extra quiere sacar ahora una parte para destinarla a paliar los destrozos del temporal, por ejemplo a arreglar carreteras o caminos rurales, si el Gobierno admite que entran en la categoría de “inversiones sostenibles”.