La izquierda reprocha a Susana Díaz su “neoliberalismo” con la rebaja fiscal y el PP lo ve “insuficiente”
- Los populares consideran que C's podría “presionar más” en la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones
El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha considerado este miércoles que el pacto firmado entre el PSOE y C's para reformar el impuesto de sucesiones y donaciones con la garantía del apoyo para los presupuestos autonómicos de 2018 “es un paso adelante pero insuficiente”. Por ello, ha anunciado enmiendas de su grupo para bonificar el impuesto al 99% entre familiares directos y establecer un mínimo exento entre hermanos y sobrinos.
En este sentido, ha remarcado que “el patrimonio de una familia es sagrado y no se debe pagar por él”. Para precisar: “No estamos ante un debate de ricos y pobres, sino de padres e hijos, mujeres y maridos, hermanos y sobrinos, porque ese patrimonio es suyo y hay que protegerlo de la voracidad fiscal de la Junta de Andalucía”.
Tras recalcar que el PSOE y C's se han visto “forzados por la presión de la calle”, ha mencionado la “respuesta masiva” de los andaluces a la campaña del PP contra el impuesto. “El PP puso este asunto en la agenda política y los andaluces respondieron con 330.000 firmas de apoyo”, ha puntualizado, convencido sin embargo de que C's “podría presionar más” a los socialistas.
Finalmente, ha vuelto a invitar a Susana Díaz a hablar sobre la rebaja de los tramos autonómicos del IRPF, sobre nuevas deducciones para las rentas medias y bajas, sobre cómo blindar la inversión en educación y sanidad, y sobre un cambio en la gestión que dé respuesta a “los gravísimos problemas” de los servicios públicos y el empleo en la comunidad autónoma.
Desde IU, la diputada Elena Cortés ha criticado esta “rebaja fiscal absolutamente regresiva” que hará que “los que ya son ricos sean todavía más ricos”. En su opinión, supone una “injusticia social porque es un impuesto que grava la riqueza” y de su pago quedarán exentos los pocos que todavía tenían que hacerle frente en Andalucía. De hecho, ha recordado que la propia Consejería de Hacienda y Administración Pública reconocía que el 97% de las herencias con el límite de 175.000 euros -es decir antes incluso de que se impusiera la primera reforma fiscal exigida por C's que lo elevó a 250.000 desde este año- “estaba exento”.
Su compañero de filas Antonio Maíllo ha aseverado que esto sitúa a Susana Díaz como “la presidenta más de derechas de la historia de Andalucía”. Le parece “muy grave” la decisión porque el debate presupuestario “sigue pivotando en torno al objetivo para el que se ha creado C's que no es otro que el desmantelamiento del sistema tributario y por tanto del estado de bienestar”. Ha censurado que el PSOE participe de “manera entusiasta” de esta “hoja de ruta de C's”.
En este sentido, el portavoz parlamentario de IU se ha preguntado cuántas inversiones en servicios públicos se pierden por el bocado a esta recaudación. Ha recordado que hace tres años, con IU en el Gobierno de Andalucía, el debate presupuestario giraba en torno a la banca pública, “y ahora en el desguace del sistema tributario”.
Ha avisado a los socialistas de que “han sepultado” el marco de negociación iniciado con el grupo de trabajo para afrontar un posicionamiento común del Parlamento de Andalucía de cara al debate de financiación. “Susana Díaz ha roto su principio”, ha sentenciado, pese a que no lo van a abandonar pero cree que cualquier posibilidad de acuerdo ha quedado condenada.
También Podemos ha coincidido en que este acuerdo “sitúa a Susana Díaz en el ala más derecha del PSOE”. Su diputada Esperanza Gómez ha calificado de “rendición del Gobierno de Susana Díaz a las exigencias de C's, con lo que cede a las políticas neoliberales” que ha recordado que el PP lleva “años defendiendo en Andalucía”.
La parlamentaria ha aprovechado para recordarle a los socialistas cuando definían como “dumping fiscal” el modelo de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y la actual presidenta Cristina Cifuentes, “y ahora lo copian”. Los cálculos de su formación pasan por que las arcas públicas dejarán de ingresar unos 250 millones de euros por este concepto, lo que supone casi el 75%.