La china en el zapato de quienes gobiernan los bienes culturales en Aragón
Este 4 de febrero, en la sala de conciertos La Lata de Bombillas y en el contexto de la campaña electoral autonómica, el ministro de Cultura mantenía una charla con aragoneses que trabajan en el sector del que se ocupa, ya sea como artistas, como gestores o desde el asociacionismo. Y allí estaba Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) levantando la voz una vez más, reclamando a Ernest Urtasun el amparo del Estado ante los desmanes urbanísticos que se están llevando por delante algunos de los mejores ejemplos de arquitectura moderna de Zaragoza: entre ellos, el convento de las Dominicas de Santa Inés, la Universidad Laboral… o, pronto si nadie lo impide, el edificio de Correos en la estación del Portillo.
Todos ellos, aunque registrados en los catálogos nacionales de referencia por su valía, van cayendo víctimas de la piqueta ante la inacción —cuando menos— de las autoridades locales. Conservar estos testimonios de una época y de unas formas de hacer arquitectónicas que ya son historia es uno de los empeños del momento para Apudepa, como lo son salvar los inmuebles de Estébanes 12-14 y Mayor 72, también en Zaragoza, o el convento de Capuchinos de Teruel y, con alcance general, poner coto a las amenazas al territorio por la proliferación de centros de datos y parques eólicos, así como revertir las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
Este colectivo ciudadano ha sido la china en el zapato de quienes gobiernan los bienes histórico-artísticos en esta comunidad desde su nacimiento, del que están a punto de cumplirse 30 años. Algo incómodo e imposible de ignorar. Se pusieron sus cimientos el 29 de febrero de 1996, en una asamblea en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Lo alentaba la historiadora del arte Belén Boloqui con la complicidad del abogado, poeta y ex Justicia de Aragón Emilio Gastón. Ella se mantiene al frente y Gastón, que falleció en 2018, va a ser recordado en los próximos meses con motivo del trigésimo aniversario, en el que la memoria de lo conseguido convivirá con el mantenimiento de la pelea que ha marcado la existencia del grupo ciudadano.
Apudepa se creó en un contexto de falta de consideración hacia el patrimonio y de especulación urbanística que, mudando algunas de sus características, se mantiene en esencia. Su bienintencionada voluntad fundacional era aportar, de acuerdo con su misión constituyente, el conocimiento y la experiencia de sus socios -fundamentalmente historiadores, arquitectos, restauradores, arqueólogos...-, incidiendo en colaborar de forma desinteresada con las administraciones de todos los niveles. Pronto, el tiempo la fue poniendo a la contra de ellas, y también de los poderes fácticos. Enseguida se hizo protagonista en su actividad el ejercicio de la acción pública que aparece en su nombre —aportación al proyecto de Emilio Gastón—, una figura legal que habilita a cualquiera a exigir ante un juez la protección de los bienes colectivos, en este caso los culturales. Los éxitos y fracasos en la Azucarera de Épila, la Estación de Canfranc, el Teatro Fleta, la cueva de Chaves, la antigua Fundición Averly o, ahora mismo, la mencionada sede de Correos jalonan su historia.
El homenaje a Gastón espera desde el anterior aniversario de fecha redonda, en 2021, cuando no pudo ser por la crisis sanitaria de la covid. En primavera se le recordará en lo que fue su despacho en el Palacio de Armijo, sede del Justicia de Aragón, y también en las Cortes, donde se conserva gran parte de su biblioteca. Una estatuilla con su efigie, además, será a partir de ahora el trofeo de los premios que otorga la asociación a las buenas prácticas en la defensa del patrimonio. Otras actividades en preparación para este 2026 serán sendas jornadas dedicadas a compartir las experiencias de otros grupos aragoneses que actúan en el mismo ámbito, como Artiborain, La Devanadera y Fuset, o la del fiscal de Medio Ambiente de Teruel, Jorge Moradell. Además, Apudepa lanzará una campaña de difusión de su actividad en las redes sociales, buscando renovar su acercamiento a la sociedad.
El desgaste del asociacionismo y la pelea judicial
“El aragonés, en general —lamenta Belén Boloqui—, es poco comprometido y una asociación como la nuestra exige un esfuerzo tremendo. Todos los colectivos sociales, medioambientales, patrimoniales, necesitamos más gente. Nosotros hemos tenido la suerte de mantener siempre cierta estabilidad aunque hayan ido rotando las personas. Llegamos a ser más de 170 socios y ahora somos 150, y con esas cuotas nos mantenemos”.
La asociación está declarada de utilidad pública desde 2013, lo cual requiere un trabajo de ‘papeleo’ notable pero conlleva la defensa jurídica gratuita; una ventaja cuando se hace frente a poderosas fuerzas económicas como las del mundo de la construcción. El desgaste de los litigios hace mella y esa implicación de los socios se hace imprescindible.
Entre los logros más sonados, el haber conseguido que la Estación de Canfranc mantuviera al menos su fisonomía exterior, en una pugna en la que sus argumentos obtuvieron respaldo judicial pero que no le evitó tener que pagar las costas por uno de los recursos, en 2011, lo cual le puso en serios aprietos. También puede presumir de la condena a dos años de prisión y una multa de 25 millones a un empresario, tras otro proceso largo y difícil, por haber destruido la cueva de Chaves —uno de los yacimientos neolíticos más importantes de España— para hacer un abrevadero. No llegó a entrar en prisión ni a abonar dicha cantidad. “Dentro del desastre, al menos se hizo justicia al reconocer la barbaridad y la culpabilidad de Victorino Alonso”, dice Boloqui. Y recuerda, entre los éxitos más recientes, la detención de las demoliciones en el Seminario de Huesca, en una lucha conjunta con la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de la ciudad; o haber salvado el edificio del número 72 de la calle Mayor de Zaragoza, que estuvo adosado a una de las puertas romanas de la ciudad y para el cual ya se había anunciado la demolición.
La brecha abierta por Averly
En la existencia de Apudepa hay una movilización que marca un antes y un después. La defensa integral de la antigua Fundición Averly, en Zaragoza, abrió una crisis en el seno de la asociación. Aquel era un conjunto único en el sur de Europa por su altísimo grado de preservación, una auténtica foto fija de una época de la industria. “Dos terceras partes no existen y allí siguen construyéndose pisos. Se salvó el archivo y casi 200 bienes muebles, hoy catalogados y controlados, pero tuvimos una enorme decepción. ¡Qué memoria del siglo XIX había allí!”, se lamenta Boloqui.
El arquitecto Carlos Bitrián, quien la había relevado al frente de Apudepa, terminó abandonando la asociación por divergencias sobre la forma de actuar en este caso. Él pretendía mantener la presión judicial sobre lo que se iba a construir, aun habiéndose consumado los derribos en Averly, y los socios liderados por Boloqui —que volvió entonces a asumir la presidencia— consideraban que ello podía llevar a una crisis de identidad del colectivo.
Carlos Bitrián había llegado a Apudepa en 2006 conmovido por el desastre del Teatro Fleta, que había adquirido el Gobierno de Aragón ocho años antes y entonces ya se encontraba semiderruido y abandonado a su suerte. “Yo creo que en algunos casos hay que llegar hasta el final. Las administraciones y los poderes que están detrás nos tienen muy bien tomadas las medidas y saben qué tienen que hacer. Por eso quieren derribar cuanto antes. No dejan de pasar barbaridades”, dice Bitrián, quien ve “el modelo económico del ladrillo” como origen de muchos males y se duele, evocando reivindicaciones en las que se implicó a fondo, de que siga avanzando el deterioro del Pueblo Viejo de Belchite o de la Escuela de Artes en Zaragoza.
En todo caso, Bitrián se felicita de cómo Apudepa ha logrado extender la conciencia sobre la preservación del patrimonio y ha sido una barrera, con su acción judicial continuada, para evitar algunos desmanes: “Si no hubiera existido esta asociación, las cosas estarían mucho peor. Al menos, los gobiernos se lo piensan antes de actuar”.
Problemas estructurales y compartidos
Coincide con Boloqui en que las amenazas a los bienes culturales son comunes a toda España. Dice esta: “En todas las comunidades tenemos los mismos problemas. Los ayuntamientos no tienen en cuenta para nada la legislación protectora del patrimonio. Zaragoza, por ejemplo, con todo el patrimonio moderno y contemporáneo, tiene catalogadas cuatro cosas y ni tan siquiera se protegen estas. Y, luego, las direcciones generales de Patrimonio de los gobiernos autonómicos están infradotadas y no toman las iniciativas que tienen que tomar de proteger y de enfrentarse a los ayuntamientos. Y no digamos la situación en los pueblos, donde falta un asesoramiento tremendo, no lo hay... O sea, que son problemas estructurales”.
Apudepa actúa cotidianamente en relación con grupos similares de distintos territorios y tiene presencia en dos plataformas de ámbito nacional: la Coordinadora para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia (Recuperando) y la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y Natural (Unión por el Patrimonio). Se organiza en distintos grupos de trabajo centrados en las distintas causas y está dirigida actualmente por una junta de diez miembros, con presencia de jóvenes (la asociación sigue renovándose), que mantiene una comunicación continua. Puede contactarse a través de la siguiente dirección de correo electrónico: apudepa@gmail.com.