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ARAGÓN

Huesca reivindica su papel histórico como la segunda capital aragonesa

El Ayuntamiento ha tratado de impulsar durante esta legislatura iniciativas destinadas a que se aumente la asignación anual que le otorga el Gobierno de Aragón y que es de unos 600.000 euros

Con la última de las iniciativas planteadas, la descartada ley de capitalidad para Huesca, reclamaba 2,5 millones

Argumenta el Consistorio que, como capital de provincia con una notable área de influencia comarcal, debe participar de los ingresos de la Comunidad y obtener más incentivos económicos para la mejora de la estructura local

De izquierda a derecha, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe

De izquierda a derecha, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe Gobierno de Aragón / Zaragoza

“¿Por qué Zaragoza sí y Huesca no?”. Con estas palabras, el alcalde de la capital oscense, Luis Felipe, sintetiza una reivindicación histórica. La segunda ciudad de Aragón se siente infravalorada más allá de su ámbito de influencia en la comarca y el resto de la provincia. Por ello, el Ayuntamiento ha tratado de impulsar en los últimos años iniciativas destinadas a que aumente la asignación anual que el Gobierno de Aragón incluye de manera anual en sus presupuestos y que es en la actualidad de 600.000 euros. El intento más reciente, una sugerida Ley de Capitalidad que Javier Lambán ya ha descartado.

Pero se han explorado otras posibilidades en el pasado reciente. Siempre con el mismo punto de partida. “Somos capital de provincia, con una notable área de influencia comarcal y el segundo municipio en número de habitantes -53.000-. Solicitamos que las vías de financiación aportadas por la DGA defiendan la participación en los ingresos de la comunidad y el programa de política territorial destinado a incentivar la mejora de la estructura local. También, la inclusión de transferencias para la colaboración en los gastos corrientes y la realización de las inversiones necesarias”, expresó en un Pleno el concejal de Aragón Sí Puede Fernando Justes.

En la actualidad, el convenio de Política Territorial del Gobierno de Aragón está fijado en 600.000 euros anuales para Huesca y 305.000 para el Teruel, donde gobierna el Partido Popular. Se trata de una cantidad encaminada a la mejora de la estructura local. En 2018 se ocupó en la renovación de pavimento de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva José María Escriche y el acondicionamiento de la antigua Audiencia Provincial como Casa de Música.

El presupuesto de ambos proyectos ascendía a 618.503 euros en total, de los que el Ejecutivo aragonés aportaba 400.000 para el equipamiento deportivo y 200.000 para el cultural, mientras que el resto corrió a cargo del Ayuntamiento. Con todo, la inversión más importante de lo que va de legislatura se ha destinado a la reapertura del cuartel Sancho Ramírez: 2,5 millones distribuidos en cuatro ejercicios para financiar la adquisición de terrenos destinados a la ampliación y el acondicionamiento del acuartelamiento.

En el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que integran el Fondo Local, la Ley de Administración Local prevé un “tratamiento específico para la ciudad de Huesca dentro del programa de política territorial”. La capital no lo considera suficiente, y sí entiende que puede existir una ley compatible con la de Zaragoza aprobada a finales de 2017. Sin embargo, el contenido del texto publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de aquel año presenta matices que hacen de Zaragoza un caso único en el conjunto de la Comunidad Autónoma, de manera similar a lo que sucede con las leyes de capitalidad de Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.

Así, se dice que “la ciudad de Zaragoza responde al modelo de “ciudad capital” de un territorio administrativo amplio y complejo por numerosas razones históricas, geográficas, sociales y económicas”. El artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón precisa que “Zaragoza, como capital de Aragón, dispondrá de un régimen especial establecido por ley de Cortes de Aragón”. El artículo 61 de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón contempla la posibilidad de establecer un régimen especial competencial y financiero para el municipio de Zaragoza, “en atención a su condición de capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus peculiaridades propias”.

El Estatuto, “viene a resaltar su condición de capital así como la trascendencia territorial de esta

gran ciudad en el contexto de la Comunidad Autónoma”, como sede de las principales instituciones autonómicas y acogiendo “a más de la mitad de la población aragonesa, “siendo desde el punto de vista de la vertebración del territorio, de vital importancia no solamente para Aragón sino también para el Valle del Ebro y el cuadrante nororiental español, sin olvidar su trascendencia a nivel supranacional”. Javier Lambán replica a la petición del Ayuntamiento de Huesca, conocida la traba institucional, con el proyecto de ley sobre financiación local remitido a las Cortes en agosto de 2018 y que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria. Establece “con criterios técnicos” la asignación concedida a cada ayuntamiento aragonés. Y Huesca duplicará su asignación hasta los 1,2 millones de euros.

Sin embargo, en 2017 la capital oscense reclamó 3,5 millones y en este ejercicio demandaba 2,5. Luis Felipe no valora si hay que reformar o no el Estatuto: “Reivindico para la capital, la segunda ciudad de Aragón, un marco estable de financiación a través de una iniciativa legislativa”. El primer edil entiende que “la solidaridad es algo fundamental y la capital de Aragón la debe tener con el resto del territorio. No queremos estar pendientes de las subvenciones que llegan del Gobierno de Aragón, sino contar con una financiación estable que garantice servicios, inversiones y proyectos con una planificación a medio y largo plazo garantizando los recursos que necesitamos”.

En 2017, el Ayuntamiento de Huesca propuso un convenio para conseguir una financiación estable que cifró en 3,5 millones anuales. La propuesta recogía criterios territoriales y de vertebración para fijar esa financiación y los servicios que el Consistorio presta a sus ciudadanos al margen de su competencia.

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