El primer contingente de trabajadores chinos destinados a levantar la planta de CATL y Stellantis en Figueruelas está cerca de desembarcar en la provincia de Zaragoza. Serán entre 80 y 100 –en este caso, personal cualificado– de los casi 2.000 empleados del país asiático que permenecerán aquí durante la fase de construcción. Así será si logran los permisos necesarios, algo de lo que se están ocupando las administraciones implicadas.
Aunque el secretismo es máximo, la fecha prevista ya está marcada en el calendario: 10 de octubre. Fuentes implicadas en estos trámites aseguran sin embargo que los plazos para que lleguen estas personas ese día van “muy justos”, pero también destacan que si las autoridades chinas aceleran “aún hay tiempo de cumplirlos”.
Stellantis, en 'joint venture' con la empresa china CATL, va a impulsar una la gigafactoría de baterías para los coches eléctricos en el término municipal de Figueruelas, al lado de la planta de vehículos que existe desde hace más de 40 años. Hay que recordar que esta iniciativa ha sido una de las beneficiarias de las ayudas contempladas en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, con más de 270 millones de euros en total. La inversión total supera los 4.000 millones de euros.
Los promotores prevén crear unos 3.000 puestos de trabajo estables. Sin embargo, la compañía china decidió que fueran empleados de este país los que se encargaran de levantar la planta, lo cual supondrá que en torno a 1.850 trabajadores asiáticos –para hacernos una idea, un 50% más que toda la población de Figueruelas– permanezcan de forma temporal entre 2025 y 2026 en la zona, lo cual supone un reto logístico y habitacional para las administraciones autonómica y locales.
Desde Extranjería (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), el organismo encargado de visar la llegada de los empleados, solo confirman que “se están concediendo algunas autorizaciones”. En esa oficina aseeguran no tener conocimiento sobre las cifras de personal chino que va a venir a España, pero sí confirman que en el caso del personal técnico las autorizaciones se gestionarán a través de la figura novedosa e inédita: la de trabajadores altamente cualificados al amparo de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada por el Gobierno de Rajoy con el objetivo de recuperar al país de los efectos de la crisis financiera.
Esta regulación introduce supuestos supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de autorizaciones de residencia, con el objetivo en este caso de atraer inversiones a España. Los visados tendrán una validez de un año. La tramitación de las autorizaciones de residencia se efectuará por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, a través de medios telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones. El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación electrónica de la solicitud.
Opciones residenciales
Los municipios en torno a la planta están en la actualidad en conversaciones con el Gobierno de Aragón para que estos primeros trabajadores chinos encuentren alojamiento, para lo que se bajaran distintas opciones en un escenario de oferta residencial muy exigua. La más probable es que se instalen en módulos temporales en suelos que así lo permitan, incluso de uso industrial. “Nos han puesto varias opciones sobre la mesa. Quieren algo temporal, que no sea fijo, porque para ellos es un gasto transitorio, pero deben cumplir con la regulación”, explican de uno de los ayuntamientos afectados.
Por la forma de negociar del país asiático, las conversaciones mantienen un tono próximo a la confidencialidad. Aun así, los alcaldes piden claridad al Ejecutivo. “Claro que estamos dispuestos a participar. Pero cumpliendo la normativa y respetando todas las reservas. Ninguno de los alcaldes nos vamos a negar. No es la primera vez que recibimos un contingente de trabajadores extranjeros, aunque sí con este volumen”, admite un regidor.
Esta semana, las Cortes de Aragón han rechazado una iniciativa de Vox para agilizar los trámites administrativos vinculados con la construcción de viviendas destinadas a trabajadores. La iniciativa proponía buscar “soluciones habitacionales para los trabajadores” en un proyecto como el de Figueruelas. Todos los partidos lo rechazaron. El PP recordó que “las viviendas no se pueden construir dentro de los propios suelos industriales, como indica el texto de impulso”. “La implantación debe hacerse con respeto a la ordenación del territorio de los municipios”, argumentó el PSOE.