Eficiencia energética en las viviendas: los ingenieros industriales quieren equipararse a los arquitectos para firmar los informes técnicos

Los aragoneses pueden acceder a una subvención del ejecutivo autonómico con el fin de mejorar la eficiencia energética de sus viviendas, ya sean edificios unifamiliares o plurifamiliares. También, para la rehabilitación residencial y vivienda social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Estas ayudas pueden oscilar entre los 700 y los 30.000 euros; en este último caso, para edificios con más de 20 viviendas. Los requisitos que se contemplan incluyen la presentación de una documentación firmada por un “técnico competente” en materia de vivienda.

Y aquí se produce una diferencia de criterios. Los ingenieros industriales, apartados de esta posibilidad por la reglamentación frente a lo arquitectos, que sí tienen la potestad de firmar este tipo de informes, lamentan esta condición y se reivindican como capaces de desarrollar esta labor. La clave se encuentra en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), en vigor desde 1999 y que en su artículo 10 señala que los arquitectos son los únicos con la capacidad para actuar en edificios de tipo residencial en todas sus formas  y, asimismo, administrativos, sanitarios, religiosos, docentes y culturales.

La LOE sí ampara a los ingenieros, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos en edificios de tipo aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, minero o de telecomunicaciones. La ley general se aplica en las comunidades autónomas, aunque a estas se les ha transferido la competencia de la rehabilitación de viviendas. Mientras que en Euskadi sí se considera válidos a los ingenieros industriales al mismo nivel que los arquitectos, y así lo defiende la Autoridad Vasca de la Competencia, no sucede así en Aragón. El nuevo ejecutivo presidido por Jorge Azcón no se plantea en esta legislatura ningún cambio al respecto.

El departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística que encabeza Octavio López (PP) señala que se trata de una “norma estatal sobre la que no pueden intervenir las comunidades autónomas”. Fuentes de la consejería recalcan que “el artículo 10 de la LOE habla claramente de quién es competente para hacer proyectos de uso residencial”, los “arquitectos”. Sin perspectivas de cambios, los ingenieros industriales elevan la voz para señalar que se trata de una interpretación que no se ajusta a la realidad.

El secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR), Francisco Serrano, ha tratado de cambiar esta situación en los últimos años, con gobiernos autonómicos socialistas y populares, sin éxito. Reconoce que es “muy complicado”, salvo que se posean herramientas de presión. No es el caso. “Desde 1999 han cambiado muchas cosas y la LOE sigue ahí. Pero es que la instalación de placas solares o el agua caliente sanitaria son temas de ingeniería. Para todo se aplica que lo deben hacer arquitectos”, indica.

Los ingenieros industriales se reunieron con la anterior dirección de Vivienda, que les transmitió que esa era una labor de arquitectos y arquitectos técnicos. “El problema -explica Serrano- es que la LOE contraviene leyes que se aplican en Europa”. Se refiere a las leyes de unidad de mercado y de competencia y a la paradoja de que los ingenieros industriales “puedan desarrollar ciertas actividades en otras comunidades autónomas y en Aragón, no”.

En un informe fechado en enero de este año, el Consejo Vasco de la Competencia (CVC) consideraba competentes a los ingenieros industriales para la emisión de memorias y certificados de eficiencia energética financiados por Europa a través del programa Next Generation, que se puso en marcha para hacer frente a la crisis del covid. Concluye que poseen la condición de titulado competente “las personas que cuenten con la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda”. Y lamenta que “hasta el momento no se ha aprobado ninguna norma que adecue la figura del técnico competente a los conocimientos y cualificaciones profesionales”.

En la Inspección Técnica de Edificios (ITE), los ingenieros industriales han llevado esta cuestión ante la justicia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) falló en contra de sus intereses. Serrano subraya que se trata de una situación que atañe a la libre competencia en el ejercicio de las prácticas profesionales. En 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a partir de la denuncia de un ingeniero industrial al Ayuntamiento de Zaragoza, resolvió no incoar un proceso sancionador contra el consistorio y, a la vez, recomendar a este “una interpretación favorable a la libre competencia entre los profesionales con capacidad técnica”.

El secretario técnico del COIIAR recuerda que se habían llevado a cabo alrededor de 200 inspecciones técnicas solo en Zaragoza antes de que se les impidiera: “No es que no sepamos, es que no nos dejan”. La LOE parte en su opinión de un principio erróneo, ya que “el uso que se dé al edificio, residencial o del tipo que sea, es lo de menos. Lo importante es la estructura y los cimientos. El uso posterior es un ‘invento’ de 1999 que no tiene más sentido que el ornato”.

Este colectivo ha tratado de que su presencia se hiciese notar en Madrid, si bien “no tenemos mano desde Aragón” y lo han de llevar a cabo a través del consejo general. De momento, sin éxito. A este respecto, Francisco Serrano reivindica que el Gobierno de Aragón sí es competente “en la rehabilitación de la vivienda”, y podría optar por una fórmula “liberalizadora” del mercado. “Bien aplicado, el que sepa y pueda debería hacerlo. Con ingeniería en el mercado de la vivienda habría mas técnicos y, por tanto, el precio se abarataría”.

Ha habido amagos de eliminar esta distinción que se quedaron por el camino, con una directiva de servicios y un anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales que se paralizaron. “Lo correcto sería decir técnicos competentes en edificación”, concluye Serrano.