Vecinos de dos pueblos de Huesca se manifiestan contra un macroproyecto de regadíos: “Está al filo de la legalidad”

Los vecinos de las localidades oscenses de Salillas y Huerto han manifestado este viernes, ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en Zaragoza, su oposición el proyecto promovido por las Comunidades de Regantes de los Sectores X y XI del Canal del Flumen.

Se trata de una nueva movilización que se suma a otras llevadas a cabo hasta ahora, “ante los oídos sordos de los responsables a nuestras reivindicaciones”, ha dicho el coordinador de los afectados por el proyecto promovido por las Comunidades de Regantes de los Sectores X y XI del Canal del Flumen, Jesús Viñuales.

En ello ha incidido Viñuales, quien ha subrayado que los vecinos de ambas localidades altoaragonesas llevan “más de dos años y medio de incansable oposición” a un proyecto que pretende “imponer” el Ministerio de Agricultura “haciendo uso de su apisonadora”.

Del mismo modo, ha lamentado que sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas después de una docena de actos de protesta, entre los que ha habido charlas, concentraciones o cortes de carretera.

El coordinador de los afectados ha apuntado que se trata de un megaproyecto financiado mediante 55 millones de euros de fondos Next Generation que “vende eficiencia energética” y que los regantes ahorrarán en su factura de la luz pero “a un precio muy caro” para los vecinos de Salillas y Huerto, así como para la Comunidad de Regantes A-19-20. “Sufriremos enormes perjuicios sin ningún beneficio, al contrario que los beneficiarios”, ha alertado, a la vez que ha recalcado que “existen otras alternativas” para reducir la factura de la luz.

Un proyecto “al filo de la legalidad”

Además, ha apuntado que, al margen de la oposición de los vecinos, existe algo muy grave que debería hacer saltar todas las alarmas“, porque ”los caminos por los que ha circulado la tramitación de este proyecto han ido siempre en el filo de la legalidad o fuera de ella“. ”Existen numerosas irregularidades que ya han sido denunciadas en los distintos estamentos competentes“, ha añadido Viñuales.

Ha informado de que actualmente siguen pendientes de resolución dos recursos contencioso administrativos interpuestos en la Audiencia Nacional, de los cuales uno ha sido elevado al Tribunal Supremo, y se baraja la interposición de un tercero.

En referencia a las “últimas irregularidades detectadas”, los afectados han manifestado que “la ejecución del proyecto ha comenzado sin contar con las autorizaciones necesarias, la CHE es uno de los organismos que deben otorgar numerosas autorizaciones para ejecutar las obras”.

“Algunas de estas autorizaciones no deberían concederse, atendiendo a criterios objetivos, y de cualquier forma, deberían existir previamente al inicio de las obras e incluso de la adjudicación de las mismas”, ha agregado.

Existen, por ejemplo, “criterios ambientales y de seguridad que impiden la autorización de la construcción de las balsas en 'zona de policía' del Guatizalema, y del cruce del mismo río mediante dos acueductos elevados” y “tampoco se ha realizado un estudio técnico formal que permita asegurar que el cambio de Canal de abastecimiento inherente al proyecto tenga unas consecuencias asumibles por el sistema, imprescindible para autorizarlo”.

Viñuales ha insistido en que “existen alternativas que satisfarían a los beneficiarios sin perjudicar a terceros y además serían más baratas”. Por último, ha asegurado que han comprobado “que el vigente Análisis de Alterativas del Proyecto, se ha falseado con el objetivo de que la alternativa adoptada aparezca como la más económica”.