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Sabiñánigo sigue sin Plan de Emergencia Exterior un año después de constituirse el comité para su implantación

El Plan contempla prevenir y actuar ante los accidentes que pudieran producirse en los establecimientos industriales de la localidad que trabajan con sustancias peligrosas

Miguel Barluenga

Huesca —

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En noviembre de 2017 se constituyó el comité de seguimiento e implantación del Plan de Emergencia Exterior de Sabiñánigo, y todavía este no se ha puesto en marcha. Se está a la espera de que el Gobierno de Aragón envíe el cronograma o calendario de trabajo, que prometió la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, en la última reunión que se celebró en la capital serrablesa. Así lo afirmó la alcaldesa de la localidad, Berta Fernández, en un Pleno municipal celebrado el pasado 31 de octubre.

El denominado Plan de Emergencia Exterior de la fábrica de Ercros en Sabiñánigo establece el modo de prevenir y actuar en el caso de un accidente grave que pueda producirse en este establecimiento o su entorno inmediato. La empresa cuenta con una plantilla de unos 200 trabajadores y se fabrican productos básicos de química orgánica e inorgánica.

La implantación del Plan contempla facilitar los conocimientos y dar a conocer las acciones para que estas se realicen en caso de necesidad de una manera efectiva y coordinada. También se contempla en este punto la información a la población. La implantación debería acabar con la ejecución de un programa de ejercicios y simulacros para comprobar su operatividad y qué aspectos se pueden mejorar.

Respecto al mantenimiento, se trata del conjunto de acciones encaminadas a garantizar que los procesos de actuación previstos son operativos y que su actualización debe planificarse en función de las necesidades que surjan. Asimismo, debe contener comprobaciones periódicas, programas de ejercicios, simulacros, programas de información para los habitantes de Sabiñánigo, la enseñanza básica de las medidas de protección personal y las revisiones del propio Plan. El responsable de estos apartados, según sus estatutos, debería ser el director del Plan, quien tendría que establecer un calendario anual de actividades en lo que se refiere a comprobaciones y simulacros y en lo que atañe a la difusión del texto entre la población afectada.

El comité de implantación y seguimiento se constituyó con la presencia de representantes de la subdelegación del Gobierno en Huesca, la delegación territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, la dirección general de Justicia e Interior, la Comarca del Alto Gállego, el Ayuntamiento de Sabiñánigo y la empresa Ercros.

Sistema de aviso a la población

Las antedichas declaraciones de la alcaldesa fueron su respuesta a las cuestiones planteadas por el portavoz de Cambiar Sabiñánigo, Javier Sadornil, que considera “muy grave” el retraso en la implantación.

Sadornil defiende que es “urgente” que el actual equipo de gobierno asuma en la implantación del Plan “el liderazgo que le corresponde”, puesto que “su inacción, en el caso de producirse una situación de emergencia, ”dejaría totalmente vulnerable a la población afectada al no estar debidamente avisada ni informada de cómo actuar“.

Recuerda, además, que, entre otras medidas, el plan incluye la instalación de un sistema de alarmas de aviso a la población ante efectos de los accidentes que pudieran producirse en los establecimientos industriales de la localidad que trabajan con sustancias peligrosas, la información a la ciudadanía sobre el modo de actuar ante incidencia o la realización de simulacros.

Este sistema de alarmas, explica, tiene un coste estimado de 88.000 euros. Responsabilidad económica que corresponde, tal como establece la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, a las empresas al indicar en su articulado que correrá a cargo de estas la instalación y mantenimiento de los sistemas de generación de señales de alarma a la población, señala Sadornil.

Igualmente, Cambiar Sabiñánigo solicita a la alcaldesa que proponga y logre que las torres de aviso lleven incorporados sistemas de medición de los contaminantes que potencialmente puedan emitir estas empresas y que sea la propia administración la responsable de su gestión.

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