“Mi marido ha llegado a enviar a mujeres a Lourdes en vez de a la Unidad de Protección frente al Acoso”, confiesa una de las militares que ha sido víctima de acoso en las Fuerzas Armadas. Se refiere a la zaragozana Lourdes Cebollero, excapitana del Ejército de Tierra que protagonizó a finales de la década pasada un dramático episodio que terminó con ella –la víctima– retirada de la carrera militar, un capítulo que no solo no se ha cerrado, sino que ha llegado hasta los tribunales europeos.
Con el paso de los años, Cebollero se ha convertido en una suerte de baluarte involuntario en la lucha contra el sexismo en las Fuerzas Armadas. En una entrevista con elDiario.es, se muestra muy crítica con el papel del Ministerio de Defensa en este ámbito, y en particular con la ministra Margarita Robles, a la que califica de “muñeco de trapo”.
La excapitana aragonesa –de natural sin pelos en la lengua– habla con conocimiento de causa cuando afirma tajante: “Para las mujeres militares, denunciar el acoso se convierte en una trampa mortal. Te deja económica, psicológica y profesionalmente muerta”.
Han pasado ocho años desde que denunció su situación en el acuartelamiento de San Fernando, cuando descubrió que en el vestuario de mujeres se había habilitado un espacio para que los hombres dejaran sus bicicletas. Visto con perspectiva, ¿ha merecido la pena?
En esto coincido plenamente con Zaida Cantera: no volvería a denunciar. Ni yo, ni Zaida, ni ninguna de las mujeres que han pasado por un calvario como el nuestro. En el Ministerio de Defensa, denunciar está penado: las que nos hemos atrevido a denunciar hemos perdido nuestro trabajo, nos hemos tenido que ir de las Fuerzas Armadas, y han permanecido las personas que han saltado los límites. Eso demuestra que algo no funciona.
Me lo dijo hace unos años una teniente coronel, ahora general del Ejército español, que estaba en la UPA: "No tengo entidad moral para animar a las mujeres a denunciar cuando sé que las estoy poniendo a los pies de los caballos
¿Qué es lo que falla?
En el mismo momento en que manifiestas tu intención de denunciar, el mando siempre dice lo mismo: déjalo, que ya sabes cómo es esto. Porque no quiere que se ponga en cuestión 'el buen nombre' de su unidad, que es una frase muy manida. Y se piensa que se va a poner en duda su carrera militar. Pero eso no debería implicar que se tengan que callar, y lo hacen casi todos.
Es muy crítica con el papel de la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) puesto en marcha por el Ministerio de Defensa.
El órgano que se creó par dar apoyo psicológico a la víctima se ha convertido en una losa para la denunciante. No puede ser que llames a la UPA y que este organismo le comunique al jefe de la unidad tu intención de denunciar, la mera intención; si la pones, estás penada.
¿Tiene pruebas de que se han comunicado potenciales denuncias a los mandos de las unidades?
Claro. Un expediente sancionador contra un comandante denunciado por una teniente del Ejército del Aire: ¿por qué este señor, que fue sancionado, me entregó la documentación de la víctima, con nombre, apellido, número de teléfono y la descripción de los hechos? ¿Cómo pueden acabar en manos del presunto acosador hasta los informes psicológicos y psiquiátricos de las víctimas de acoso? Son documentos marcados como reservados, y aun así acaban en manos de los denunciados. ¿Es esto lo correcto? Para la mujer militar, denunciar el acoso se convierte en una trampa mortal. Te deja económica, psicológica y profesionalmente muerta.
Esta semana contábamos el caso vivido por dos soldados, Ana y Débora, en una misma unidad del cuartel de San Fernando, en Zaragoza.
Débora se ha atrevido a hablar sin tener nada que ganar: lo ha hecho solo por un sentido de la justicia y el deber. Yo misma tampoco tengo nada que ganar. Las Fuerzas Armadas han sido mi casa, no parí en el Ejército por horas. Han sido mi medio de vida y las he respetado. Pero lo mínimo que se debe hacer es cumplir la legalidad vigente.
¿Cree que en el Ministerio de Defensa son conscientes de lo que sucede?
La ministra Robles se llegó a poner en contacto con usted para conocer su situación.
En febrero de 2019, una vez concluidas mis imputaciones, me llamó. Cesó al coronel Félix Allo y al teniente coronel Rafael Fernández Sisniega y me lo comunicó. Y eso supuso que todo el mundo en mi unidad me reprochara a mí los ceses, lo que derivó en una carnicería que me obligó a coger la baja en un mes. No podía ni salir de la oficina. Esa situación que yo comuniqué por escrito al Ministerio se convirtió en un silencio absoluto por parte de la ministra. En el Congreso de los Diputados, a los pocos días de recibirme, dijo que protegería la confidencialidad de la denunciante, pero posteriormente dejó escrito que la forma correcta de proceder era la contraria. ¿En qué quedamos? Si la identidad de la mujer se puede desvelar antes de iniciar un procedimiento administrativo al denunciado, que se lo digan a las mujeres. Pero que les dejen claras las reglas del juego.
¿Cómo ve el papel de la ministra?
¿Ministra, juez y feminista? Que ejerza como tal y cumpla la legalidad. Pero es un muñeco de trapo. Me reconoció personalmente la 'barbaridad' [de que se comunicara al denunciado los datos], ese fue el calificativo que empleó, y después se pone de espaldas a la ley y resuelve que las denuncias se tramiten de forma pública y con conocimiento por parte de quienes aún no han sido investigados. ¿Cómo casa eso?
¿Cuánto puede haber de sistémico en el sexismo que existe en el Ejército?
Puede que mucho. Pero cuando hay cuestiones tan fácilmente remediables como crear una unidad de acoso que cumpla para sus funciones.... Para lo que hay, mejor que ahorren dinero al erario. Me lo dijo hace unos años una teniente coronel, ahora general del Ejército español, que estaba en la UPA: “No tengo entidad moral para animar a las mujeres a denunciar cuando sé que las estoy poniendo a los pies de los caballos”.
Eso que dice es muy grave.
Si denuncias, el procedimiento se vuelve contra a ti. En los dos últimos años, de un contingente de 165.000 efectivos, ¿solo tres mujeres han logrado que se sancione administrativamente a un acosador, cuando el expediente se tiene que cerrar a los seis meses? [Cebollero se refiere a los últimos datos del Observatorio de la Vida Militar, según los cuales solo tres personas recibieron sanción disciplinaria entre 2022 y 2023 por acoso sexual o por razón de sexo] En la vía administrativa estamos muertas también. Las irregularidades son flagrantes. Los casos aislados de los que habla Defensa no es excusa. No quieren ver los casos que hay, no bajan a la tierra, al foro. Que salga Aramendía de su despacho. Lo conocen: sean sensibles a los problemas de las mujeres hoy. Ni Débora ni Ana se han inventado sus historias; existe, corríjanlo.
Cuenta que medio centenar de mujeres se han puesto en contacto con usted para que les ayude con el acoso sufrido. ¿Se ve como una especie de Robin Hood?
Para nada. Soy solo una mujer en una ciudad pequeña, Zaragoza, que desde que entró en las Fuerzas Armadas ha intentado que la legalidad imperara en todos los sentidos, como me enseñó mi padre, que trabajaba en la Administración de Justicia civil. Solo he tratado de que que se respetaran derechos constitucionales, y que el Ejército cumpliera con los valores de lealtad, que van de arriba abajo y de abajo arriba. Las mujeres también tienen derechos y no se pueden cercenar de esta manera.
Su denuncia ha llegado hasta Europa y ha sido admitida a trámite por el Tribunal de Estrasburgo, algo que no es muy habitual.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en sus manos resolver si existe o no la confidencialidad del denunciante y la protección de sus datos personales cuando denuncia y no se abre proceso contra el denunciado. Es decir, la protección del denunciante en aplicación de una directiva europea, la del ‘whistleblower’. He tenido que llegar hasta Europa porque el Tribunal Constitucional ya me ha dicho en tres ocasiones que no admite el recurso. En una línea se limita a decirte que no tiene trascendencia constitucional. Ante una violación flagrante de derechos, se ha puesto de perfil, y tendrá que ser el tribunal europeo el que dirá si sí o si no. Es lo mismo que tiene pendiente de votación y fallo la Audiencia Nacional.
¿Cuánto le han costado estos procesos?
Me he gastado ingentes cantidades de dinero en abogados, todo para que imperara la legalidad por encima de los galones. Dos procesos penales, vía administrativa durante seis años, recurso a la Audiencia Nacional, Estrasburgo... Y es algo que no conseguiremos ninguna de las mujeres que hemos denunciado, eso lo tengo muy claro.