Los interinos aragoneses seguirán movilizándose contra el 'icetazo' porque “no resuelve la temporalidad”

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que el acuerdo aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, con el beneplácito de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF no cumple una sola de las exigencias de la legislación europea y supone una nueva vulneración de los derechos de los trabajadores públicos en situación de abuso. STEPA ha pedido a los partidos políticos que no convaliden el decreto ley del Gobierno –conocido como “Icetazo” por haber sido impulsado por el ministro Miquel Iceta- y ha resaltado que seguirá también sus movilizaciones para conseguir una solución justa en la legislación autonómica de Aragón.

STEPA resalta que el llamado “acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas”, firmado entre el Gobierno y los sindicatos es “un acuerdo de la vergüenza, impropio e indigno de un Estado social y democrático. No ofrece seguridad jurídica, no define con claridad la situación de abuso, y no incorpora medidas disuasorias, ni mucho menos sancionadoras”, aseguran en nota de prensa.

Este pacto revalida los “Acuerdazos” de 2017 y 2018, apostando por procesos de estabilización. Así de nuevo se opta por “consolidar plazas y no personas, sin garantizar los derechos de los interinos en fraude de ley”, aquellos que llevan más de tres años ocupando un puesto. De esta manera, desde los sindicatos aseguran que el plan no cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de junio, según la cual un proceso de consolidación “no es la respuesta adecuada para sancionar el abuso de temporalidad”, ya que no garantiza la compensación a quienes la han sufrido ni supone una sanción a los responsables.

Europa ya ha señalado que sólo la indemnización por despido improcedente podría ser acorde al Derecho de la Unión, por lo que el sindicato incide en la reconversión de los temporales en abuso como fijos a extinguir como “la solución más justa y económica”.

Igualmente se subraya que en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público no se establecen cortapisas para evitar que el abuso se reproduzca en el futuro. En efecto, el acuerdo establece una duración máxima de tres años de temporalidad, pero añade que “no obstante” el interino puede permanecer hasta la resolución de la convocatoria, dejando así sin efecto este plazo máximo. Explican que tampoco se da seguridad jurídica en las referencias a las “actuaciones irregulares” y las “responsabilidades” de las Administraciones.

STEPA recalca que la sanción existente en el sector privado al abuso de la temporalidad es la estabilidad en el puesto y en ningún modo puede ser equivalente la indemnización mínima prevista (20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades y vinculada solo al último nombramiento).

17.000 “víctimas” en la DGA

De esta manera, desde STEPA se concluye que “se desprecia a miles de servidores públicos que han venido desarrollando una labor fundamental en las administraciones, en muchos casos durante décadas. Con la paradoja del apoyo de los grandes sindicatos, cuando negar la protección debida a cualquier trabajador víctima del abuso de la temporalidad, en su mayoría mujeres de difícil reinserción laboral, es socavar los cimientos del derecho a un trabajo digno”.

STEPA estima que solo en la DGA son unos 17.000 interinos que han superado el límite legal de tres años en su plaza, lo que supone el 28,5% de los casi 60.000 trabajadores que integran la plantilla de la administración autonómica. Otro 20% también son temporales pero no habrían sobrepasado todavía el límite de tres años y no estarían por lo tanto en fraude de ley, si bien les afecta una norma que no garantiza su declarado objetivo de reducir este intolerable índice de temporalidad al 8%.

El sindicato aragonés se ha unido a la petición de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal para pedir que el Congreso “ponga algo de sentido común” y no convalide “semejante despropósito” en contra de los trabajadores públicos y contrario a las directrices europeas.

Además de apoyar las acciones a nivel nacional que se estimen, STEPA señala que sigue teniendo como objetivo que el Gobierno de Aragón “asuma su responsabilidad, utilizando su propia capacidad legislativa”.

Con este fin ya se ha presentado a la Mesa de las Cortes de Aragón, al amparo del Reglamento de la Cámara que permite llevar a cabo iniciativas ciudadanas, una Proposición no de Ley que insta al Gobierno de Aragón a “arbitrar los mecanismos legislativos y las medidas organizativas oportunas para dar una solución excepcional al abuso de temporalidad en la Administración del Gobierno de Aragón”, mediante una nueva Disposición Transitoria a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

CCOO considera que es un “primer paso”

Según CCOO, este acuerdo debía contener un nuevo acuerdo de estabilización en línea con los anteriores suscritos en 2017 y 2018; la transposición de la Directiva Comunitaria 1999/70 en sus aspectos de no discriminación entre personal fijo y temporal, y medidas para evitar el abuso o fraude en la contratación y un tercer apartado con compromisos de seguir negociando el resto de materias pendientes en septiembre. 

Este sindicato asegura que el nuevo acuerdo “marca la simplificación de las fases de oposición con la posibilidad de agrupar pruebas y agilización de los plazos. En cuanto a la fase de concurso, se define que el peso de la experiencia deberá ser mayoritario. El Acuerdo, en esta materia, simplifica los procesos en la Administración local al suspender los artículos concretos de su legislación que podrían ralentizar el proceso”. Y considera que este es un “primer paso para la eliminación definitiva de la tasa de reposición que se ha constituido como uno de los motivos fundamentales de la alta tasa de temporalidad en las Administraciones”.