La Justicia de Aragón reclama al Ayuntamiento de Zaragoza actuar ante el abandono de un antiguo centro de salud

La Justicia de Aragón ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza que adopte medidas para garantizar la seguridad y salubridad del antiguo centro de salud Inocencio Jiménez, un edificio situado en la calle Mosén Manuel Oliver Altavas que se encuentra sin uso y presenta, según la institución, un deterioro que permite el acceso al interior. La recomendación llega después de una queja ciudadana y tras constatar la Policía Local que desde 2024 se han producido varias intervenciones relacionadas con el inmueble.

La resolución, firmada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, reclama al Ayuntamiento que valore ejercer sus potestades urbanísticas y adopte las medidas necesarias para que el edificio se mantenga en condiciones adecuadas de “seguridad, salubridad e higiene”. Entre las actuaciones que plantea figura, de manera expresa, garantizar un cerramiento adecuado y eficaz que impida el acceso al inmueble.

El expediente se inició a raíz de la queja presentada por un ciudadano, que alertó del estado de abandono del antiguo centro sanitario. Según su escrito, se estarían produciendo accesos no autorizados al edificio, sustracciones de materiales como ventanas y cableado y presencia habitual de personas en la azotea. También señalaba la falta de un cerramiento que impidiera la entrada y advertía de posibles riesgos para la seguridad, además de problemas de insalubridad.

La Policía Local ha confirmado que la situación no es nueva. En marzo de 2024 ya trasladó a la Junta Municipal de Oliver-Valdefierro las actuaciones realizadas para que la propiedad adoptara medidas destinadas a impedir el acceso al interior del inmueble. Desde entonces, según el informe remitido al Justicia, constan varias intervenciones policiales por la entrada de menores y por la sustracción de materiales. También se han tramitado denuncias por posibles infracciones de la normativa de seguridad ciudadana y, cuando correspondía, se ha acudido a dependencias de la Policía Nacional por posibles ilícitos penales.

El Justicia subraya que el edificio se encuentra actualmente sin uso y “posiblemente deteriorado”, y considera especialmente relevante que no disponga de un cerramiento adecuado para impedir la entrada. La presencia de menores en el interior en algunas de las intervenciones policiales refuerza, a juicio de la institución, el riesgo para la seguridad.

La titularidad del edificio, sin determinar

Uno de los obstáculos señalados en la resolución es que no se ha podido determinar de forma fehaciente quién es el propietario del inmueble. El Ayuntamiento trasladó la petición de información a la Policía Local y la institución reconoce que no dispone de datos concretos y exactos sobre la titularidad.

La falta de identificación de la propiedad, sin embargo, no debería impedir que se actúe si existe un riesgo para personas o bienes. La resolución recuerda que la Ley de Urbanismo de Aragón obliga a los propietarios a conservar los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato y establece también que los ayuntamientos deben velar por el cumplimiento de ese deber. Entre las herramientas de las administraciones locales están las órdenes de ejecución, la ejecución subsidiaria y la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad pública.

En este caso, el Justicia considera que, aunque sea necesario aclarar previamente la titularidad, si existe un riesgo inminente debe prevalecer el deber de garantizar la seguridad del edificio. La normativa permite entonces adoptar las medidas urgentes necesarias para evitar daños a personas y bienes.

La institución ha dado al Ayuntamiento de Zaragoza un plazo de un mes para comunicar si acepta o no la sugerencia y, en caso de rechazarla, explicar las razones.