Tres de cada cuatro vigilantes forestales terminan su contrato con más de la mitad de Aragón en alerta naranja por incendios

Tres de cada cuatro vigilantes de los puestos fijos de vigilancia forestal de Aragón han terminado su contrato esta semana, cuando la comunidad todavía mantiene buena parte de su territorio en alerta naranja por incendios. El 20 de septiembre finalizó el contrato del 72,5% de estos trabajadores de SARGA —la empresa pública del Gobierno de Aragón—, según denuncia un miembro del colectivo.

Tres días después, el escenario ha mejorado parcialmente: el parte de este miércoles 23 de septiembre reduce a nueve las zonas en alerta naranja. Sin embargo, la Dirección General de Gestión Forestal mantiene una disponibilidad alta o muy alta de combustible muerto en amplias zonas del tercio norte y de la Ibérica y advierte de que pueden producirse incendios de alta intensidad allí donde el combustible presenta mayor disponibilidad.

Los vigilantes de los puestos fijos forman parte del operativo de prevención y extinción y su función es detectar desde las torres y puntos de vigilancia las posibles columnas de humo para facilitar una intervención temprana. De hecho, el parte de incendios del Gobierno de Aragón de este miércoles recoge dos fuegos detectados por vigilantes fijos en las últimas horas, en Borja y Calanda, ambos de menos de una décima de hectárea y ya extinguidos. “Tenemos tres cuartas partes sin estar trabajando y el mismo territorio lo vigila un cuarto de la plantilla”, explica M. Lorenzo, un vigilante forestal que este verano se ha incorporado por primera vez al dispositivo. Según relata, cada puesto tiene un campo de visión determinado y la reducción del número de trabajadores supone dejar sin cubrir determinados puntos de observación que antes estaban atendidos.

La planificación de estos puestos se recoge en el Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (PAPVE) de 2026, que establece distintos calendarios de funcionamiento según cada puesto. Desde el Gobierno de Aragón señalan que “no se plantea ampliar la campaña”. Lorenzo, sin embargo, considera que el dispositivo debería poder adaptarse a las condiciones de cada campaña cuando el riesgo se prolonga más allá del periodo inicialmente previsto.

Una campaña que no todos los años debería terminar en la misma fecha

El trabajador defiende que, al margen de las reivindicaciones laborales de unos empleados que son fijos discontinuos, es necesario abordar la planificación del propio operativo, que a su juicio debería poder adaptarse a las condiciones de cada verano. “El problema es que no se plantea cuando se ve que hay peligro”, sostiene. Su reivindicación es que el dispositivo tenga capacidad para prolongar la vigilancia cuando las condiciones lo hagan necesario: “No todos los veranos son iguales”.

La propia documentación del operativo refleja que los periodos de funcionamiento de los puestos fijos no son homogéneos. En la resolución de despliegue de 2025 aparecen puestos con diferentes periodos de actividad a lo largo del año, en función de su ubicación.

Desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón señalan que cada puesto tiene su propio calendario, recogido en el Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (PAPVE) de 2026, y que en estos momentos “no se plantea ampliar la campaña”. El plan establece distintos periodos de funcionamiento para los puestos fijos de vigilancia en función de su ubicación. La red forma parte del sistema de vigilancia y detección de incendios del operativo y el documento recoge específicamente la planificación de estos puestos. El mismo documento establece que la época de peligro de incendios forestales en Aragón se extiende del 1 de abril al 15 de octubre.

La reivindicación de ampliar estas campañas tampoco es nueva. OSTA, en su programa para las elecciones sindicales de SARGA de 2025, incluyó expresamente a los trabajadores de los Puntos de Vigilancia Forestal (PFV) entre los colectivos que considera más precarizados y reclamó para ellos una contratación mínima de nueve meses al año. El sindicato también planteó que el tiempo de desplazamiento hasta los puntos de vigilancia fuese reconocido como tiempo de trabajo. El planteamiento sindical parte de que la duración de las campañas debería dar mayor estabilidad a estos trabajadores. En paralelo, los vigilantes reclaman que la planificación del operativo tenga en cuenta que los periodos de calor, sequedad y riesgo elevado pueden prolongarse más allá del verano tradicional.

Los puestos fijos de vigilancia dentro del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales son 80. Las plazas que aparecen como vacantes se cubren mediante contratos indefinidos o fijos discontinuos, mientras que las sustituciones y refuerzos pueden realizarse mediante contratos temporales.

Un verano excepcional para los incendios

La petición llega después de un verano especialmente complicado para Aragón, marcado por grandes incendios forestales y unas condiciones de calor y sequedad excepcionales. Entre el 12 de junio y el 13 de septiembre, los incendios afectaron a 35.675 hectáreas forestales, una superficie casi doce veces superior a la media registrada entre 2005 y 2025. En ese mismo periodo se contabilizaron 244 siniestros, un 64% más que la media histórica. El riesgo tampoco se concentró únicamente en los meses centrales del verano. El nivel muy alto de peligro de incendios se mantuvo desde mediados de junio hasta septiembre, salvo algunos días aislados, en una campaña marcada por temperaturas elevadas, falta de precipitaciones y un monte especialmente seco. En algunas zonas, los niveles de alerta roja o rojo plus llegaron a mantenerse durante una parte muy importante del verano.

El balance de la campaña deja además dos de los incendios más graves de la historia reciente de Aragón, los de Las Peñas de Riglos y Orés, que obligaron a desalojar numerosas localidades y calcinaron miles de hectáreas. Ahora, con parte de los montes todavía sometidos a un nivel de riesgo elevado, Lorenzo cuestiona que el calendario de finalización de sus contratos no pueda adaptarse a la situación sobre el terreno: “No es solo una cuestión laboral. Nos importa el monte y que se conserven las cosas”, señala el vigilante. A su juicio, mantener durante más tiempo los puestos de vigilancia permitiría disponer de más ojos sobre el territorio precisamente en unos días en los que el mapa oficial continúa señalando un riesgo relevante.