La nueva Oficina Municipal de Vivienda de Huesca atiende en tres meses a 170 usuarios
La Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Huesca ha atendido, desde que se puso en funcionamiento el pasado 29 de junio, a 170 usuarios. Quienes se han acercado hasta sus dependencias, situadas en los bajos de la Casa Consistorial, han solicitado ayuda en aspectos referentes a mediación de alquiler, mediación hipotecaria, asesoramiento energético y, de forma mayoritaria, el acceso a la Bolsa de Alquiler Social.
Así, con datos a 15 de septiembre, el 83% de las personas que han acudido a la Oficina Municipal de Vivienda lo han hecho interesadas en la Bolsa de Alquiler Social, bien porque se encontraban en una situación de lanzamiento por impago del alquiler, bien porque buscaban una mejora de vivienda. Son muchos los que también han solicitado información sobre las ayudas al alquiler o a la rehabilitación. El 17% restante se ha interesado por una mediación en el alquiler, algo cada vez más habitual, señalan los técnicos, debido a la creciente variedad que ofrecen los contratos, y que genera dudas acerca de qué parte debe asumir determinados gastos.
Fernando Justes, concejal de Vivienda en el consistorio oscense, explica que este “era un servicio muy demandado, como demuestra que en solo tres meses haya recibido la misma cantidad de familias que la anterior oficina en casi tres años”. Justes, edil por el grupo Aragón Sí Puede y activista de la plataforma Stop Desahucios de Huesca, hace referencia a la Oficina de Mediación Hipotecaria, un organismo creado durante la pasada legislatura de la popular Ana Alós.
El anterior servicio tenía un formato y orientación muy diferente a la actual: solo abría dos días a la semana, estaba atendida por un equipo de abogados que iban rotando y priorizaba la atención jurídica. En su momento ya fue criticada por Stop Desahucios y también por CHA por su falta de eficacia. El propio Ayuntamiento de Huesca, ya bajo el mandado del socialista Luis Felipe, solicitó en octubre de 2015 dejar sin efecto el convenio de la Oficina, firmado entre el propio consistorio, el Gobierno de Aragón y el Colegio de Abogados, por no haber dado “los frutos deseados”.
Según informó entonces el Diario del Altoaragón, el balance de la Oficina, tras dos años y medio de andadura, se resumía en la tramitación de una dación, un alquiler social y la adjudicación de cuatro pisos.
La nueva 'versión' tampoco se ha librado de la polémica. El Partido Popular oscense, ahora en la oposición, ha reprochado al consistorio que la Oficina tenga la gestión externalizada, ya que el servicio se sacó a concurso y está en manos de una asociación de consumidores.
El alquiler social, “último paso”
Justes señala que el objetivo prioritario de la actual Oficina Municipal de Vivienda es la “prevención”, por eso, como “último paso”, se tramita la inscripción en la Bolsa de Alquiler Social del Gobierno de Aragón para la concesión de una vivienda.
El concejal insiste en que “se va a dar un seguimiento a las familias para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos que se piden, porque el objetivo de las viviendas sociales no es que se cronifique su estancia en ellas, sino intentar que la situación de estas personas mejore para que el día de mañana puedan ser económicamente independientes”. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 15 viviendas para alquileres sociales, pero pronto podrían ser más, ya que se va llevar a cabo una campaña de captación similar a la que ya está en marcha en Zaragoza.
Deudas “descomunales” para las familias
César Torres, técnico de la Oficina Municipal de Vivienda, señala que, aún cuando no se están produciendo desalojos de primeras viviendas por deuda hipotecaria en la actualidad, deben mantenerse con la guardia alta. “Aunque las familias permanezcan en la casa, el proceso de ejecución hipotecaria sigue adelante: el banco se queda con la propiedad y los inquilinos se quedan con una deuda descomunal”, explica.
Cita como ejemplo el caso de pisos del barrio del Perpetuo Socorro, cuyo precio de mercado en la actualidad oscila en los 12.000 euros pero, al haberse comprado en pleno boom inmobiliario, están inscritos por un valor de 100.000 euros; una diferencia que supone un enorme lastre para las familias. En estas condiciones, “la negociación de la deuda, con según que bancos, se convierte en una pelea permanente”, cuenta Torres.
