Los educadores sociales rechazan que el Gobierno de Aragón deje de exigir su titulación en los centros de menores

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) se ha sumado al rechazo a la orden del Gobierno de Aragón que permitirá, de forma excepcional, contratar en centros de menores a profesionales con titulaciones distintas a Educación Social cuando se trate de plazas de difícil cobertura. Después de que esta semana los sindicatos CGT, CCOO y UGT denunciaran que la medida supone un caso de “intrusismo profesional”, el Colegio ha reclamado ahora su retirada al considerar que supone un “intrusismo claro y evidente” y que pone en riesgo la calidad de la atención a los menores.

La orden, firmada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, modifica los requisitos de personal de los centros de menores tutelados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). En concreto, permite que, cuando una plaza sea declarada de difícil cobertura y no haya sido posible encontrar candidatos con el grado de Educación Social a través del INAEM, las entidades puedan contratar a titulados en Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio, siempre que acrediten experiencia profesional equivalente. El Ejecutivo justifica el cambio por las dificultades para cubrir determinados puestos de atención directa y por la necesidad de garantizar el funcionamiento de un servicio que considera esencial.

En un comunicado difundido este jueves, el Colegio recuerda que este año se cumplen veinte años de su creación y reivindica el trabajo realizado desde entonces para lograr el reconocimiento de la profesión en Aragón. “Fueron muchas las personas que creyeron en este proyecto, apostando fuerte por la profesionalización”, señala la entidad, que asegura haber logrado durante estas dos décadas consolidar espacios laborales que antes estaban vetados para los educadores sociales.

“El intrusismo profesional nunca ha sido una cuestión negociable”, sostiene el Colegio, que considera que permitir que otros titulados desempeñen funciones propias de los educadores sociales supone “un contrasentido que resultaría impensable con otras profesiones”. Además, recuerda que aprobó un protocolo específico para actuar frente al intrusismo y asegura que nunca se había encontrado “ante una situación como la que plantea actualmente el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia”.

A juicio del CEES Aragón, la orden permite contratar personal “que no disponga de la acreditación o cualificación requerida”, favoreciendo “un intrusismo claro y evidente que solo puede redundar en la precarización de nuestro trabajo y en una calidad del servicio sin garantías”.

El Colegio también recupera el precedente del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, cerrado judicialmente en agosto de 2024 tras destaparse presuntos abusos que continúan siendo investigados. Recuerda que entonces “se puso el grito en el cielo por el intrusismo profesional acontecido” y que tanto la Administración como las entidades trabajaron para reforzar el reconocimiento de la profesión y evitar que personas sin la cualificación necesaria desempeñaran funciones de educador social. “Dos años después, se plantea, insólitamente, que pueda ejercer de educador social cualquier profesional que acredite experiencia y formación 'parecidas'”, critica el comunicado.

El Colegio sostiene que la falta de profesionales no puede resolverse rebajando los requisitos de acceso, sino mejorando las condiciones laborales del sector. En este sentido, considera que la declaración de “difícil cobertura” no debe utilizarse para “eludir la obligación de mantener plantillas suficientes y condiciones laborales dignas”, ya que, a su juicio, normaliza la contratación de personal sin la titulación requerida en detrimento de la calidad asistencial. En la misma línea se ha manifestado este jueves el sindicato CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón) que también ha reclamado la retirada de la medida al considerar que “abre la puerta de par en par al intrusismo profesional”. La organización sostiene que el Ejecutivo utiliza la dificultad para cubrir plazas para “eludir el verdadero problema de fondo”, que atribuye a las “precarias condiciones laborales y salariales” del sector, y advierte de que rebajar los requisitos “perjudica directamente a los menores tutelados que requieren de la mejor atención especializada posible”.

Por todo ello, el colegio profesional solicita la revocación y nulidad de la orden al entender que “vulnera el marco legal de una profesión regulada, perjudica el interés superior del menor y supone un desprestigio profesional”. Además, anuncia que continuará emprendiendo las acciones que considere oportunas para “defender la profesión” y se ofrece a mantener reuniones con el Gobierno de Aragón para trasladar su posición.