Aragón avanza hacia una situación de casi pleno empleo y presenta indicadores macroeconómicos favorables, pero esa mejora no se traduce en un mayor bienestar para toda la población. Al contrario: la exclusión social se ha disparado en los últimos seis años y afecta ya a 300.000 personas, un 22,9% de la población, diez puntos más que en 2018. Así lo alerta el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa para Cáritas, presentado este miércoles.
El estudio —realizado a partir de 586 encuestas en Aragón y más de 12.000 en el conjunto del país— revela que la exclusión social alcanza al 22,9% de la población aragonesa, una proporción superior a la media española, y que la exclusión severa se ha duplicado, situándose entre 110.000 y 179.000 personas. Todo ello en una comunidad que registra una reducción del paro del 11% al 8%.
El director de Cáritas Aragón, Carlos Gómez, ha destacado esta paradoja: “En Aragón se está generando mucho empleo y los indicadores económicos son muy positivos, pero hay un reparto muy desigual de la riqueza. El empleo ya no garantiza el acceso al bienestar”. Gómez habla de un “empobrecimiento claro de las clases medias” y de un aumento del número de personas que cobran salarios mínimos independientemente de su cualificación académica.
El responsable de Cáritas advierte además de la creación de “nuevos perfiles de pobreza”, fruto de crisis encadenadas que dejan a sectores que antes vivían con estabilidad en una situación de incertidumbre permanente. “Nuestro progreso como sociedad sería que Cáritas no tuviera que existir para cubrir necesidades básicas. Hoy seguimos lejos de ese objetivo”, lamenta.
El sociólogo Pedro Fuentes, de Fundación Foessa, ha insistido en la misma idea: “Tres de cada cuatro hogares que están en exclusión severa trabajan, buscan empleo, estudian o siguen planes de inclusión. No fallan las personas: falla el sistema”. Subraya que la desigualdad es hoy “el principal motor de la pobreza y la exclusión” y que España mantiene “una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”.
Vivienda: el gran freno a la inclusión
El informe identifica la vivienda como el principal motor de exclusión. Entre 2018 y 2024, el precio de compra ha aumentado un 38%, y el precio del alquiler entre un 21% y un 24%, alcanzando una media de 716 euros mensuales. La especulación y la escasa oferta agravan la situación: Aragón presenta un 50% de hogares con gastos excesivos, lo que significa que la mitad de los núcleos familiares entra en umbral de pobreza severa tras pagar vivienda y suministros.
Más de 237.000 personas viven en situación de vivienda insegura o inadecuada. Los incrementos más drásticos se producen en hogares con personas con movilidad reducida y en aquellos atenazados por gastos inmobiliarios excesivos. “Sin una política pública fuerte en vivienda, la mejora económica nunca se traducirá en integración social”, advierte Fuentes, que insiste en que este ámbito “debe convertirse en un pilar del bienestar”.
La segunda gran barrera es el empleo. Aunque Aragón crea puestos de trabajo y reduce la temporalidad, con los salarios reales los ciudadanos han perdido poder adquisitivo, según el informe, y la precariedad laboral “matiza la mejora”. El mercado está cada vez más dualizado: crecen los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación, pero desaparecen los empleos intermedios, tradicionalmente los que garantizaban estabilidad y ascenso social. “Trabajar ya no asegura escapar de la exclusión”, resume Fuentes. De hecho, el informe señala que entre 2023 y 2024 ha crecido la población con empleo situada en riesgo de pobreza, reflejo de una inflación que ha encarecido de forma notable vivienda, alimentación y suministros sin que los salarios evolucionen al mismo ritmo.
Jóvenes, hogares con hijos y población extranjera, los más golpeados
La exclusión afecta especialmente a perfiles muy concretos. Entre los menores de 28 años, la tasa asciende al 36%, una cifra que refleja la dificultad para acceder a un empleo que permita emanciparse y vivir sin precariedad. Los hogares con dos o más hijos registran tasas muy superiores a la media, y las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión que triplican las de la población española.
La salud también emerge como un eje crítico: el 18,8% de los hogares tiene problemas para afrontar medicamentos, tratamientos o productos sanitarios. Las dificultades para costear prótesis dentales, gafas o terapia psicológica se han convertido en un obstáculo estructural. El uso de seguros privados aumenta, lo que “ensancha aún más la brecha” entre quien puede pagar y quien queda fuera.
El informe señala además la “caída drástica” de la renta mínima aragonesa tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital. La inversión ha pasado de 48 millones en 2020 a menos de dos millones en 2023, una reducción del 96%. La cobertura también ha caído de manera drástica: hoy solo llega a una parte mínima de la población vulnerable.
A pesar de la implantación del IMV, solo alcanza al 60% de las personas en pobreza severa en Aragón. Pero lo más preocupante, según Foessa, es el desconocimiento: el 57% de los hogares en pobreza severa afirma no haber recibido nunca información sobre esta prestación. “Existe un agujero informativo que deja fuera a quienes más lo necesitan”, advierte Fuentes.
Cáritas y Foessa reclaman políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y centradas en vivienda, empleo y garantía de ingresos. Consideran imprescindible recuperar una renta mínima autonómica sólida, complementaria al IMV, y situar la vivienda “en el centro de la política social”. “La exclusión refleja las fallas de un modelo que proclama derechos pero limita el apoyo”, señala Fuentes. Para Gómez, el reto es claro: “Una sociedad dualizada no progresa. Necesitamos un horizonte donde los derechos humanos y sociales estén garantizados para todos”.