Sanidad se hace cargo de más de 200 afectados por el cierre de iDental
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha asumido la atención de 205 clientes de I-Dental, una cadena de clínicas dentales investigada por un presunto fraude masivo a los consumidores cuyo centro de Zaragoza fue clausurado por el ayuntamiento en abril, poco después de que la Fiscalía denunciara su actividad ante los juzgados.
Los clientes de la clínica, alrededor de un millar según las estimaciones de la Asociación de Consumidores Torre Ramona, se quedaron sin asistencia tras el cierre, en ocasiones tras haber pagado por adelantado sus tratamientos y en otras cuando los procesos de intervención bucodental seguían abiertos.
La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, señala en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Carmen Susín que en estos primeros siete meses “se han entregado a las unidades de Salud Bucodental 205 expedientes”, 182 de cuyos titulares “han sido llamados y realizada un primera visita solicitando ortopantomografía” en la mayoría de los casos. Otros diez no han podido ser localizados.
Tras esa radiografía de la boca, 107 de esos 182 afectados han sido derivados al Servicio de Admisión del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que participa en el dispositivo especial de atención junto con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón y la fundación Odontología Solidaria, mientras los 75 informes restantes están a la espera de recibir los resultados de las pruebas radiológicas.
El acceso al dispositivo requiere superar antes una valoración de la situación socioeconómica basada en el resultado de la declaración del IRPF de 2017, ya que el protocolo de atención está restringido a rentas de menos de 18.000 euros anuales, aunque ese nivel se flexibiliza cuando se trata de desempleados, discapacitados y miembros de familias numerosas o monoparentales.
“Los criterios para acceder a la lista de afectados con derecho a reparación bucodental, son la renta (rentas inferiores a 18.000 euros), o circunstancias sociales” valoradas en función de la renta, señala Ventura.
Un calvario para acceder al juzgado
La situación de los afectados por el cierre y el funcionamiento de I-Dental volverá dentro de unas semanas a las Cortes de Aragón, que debatirán una propuesta de resolución de los conservadores sobre este tema.
Los populares reclaman al Gobierno de Aragón que “establezca un convenio de colaboración entre el Salud y el Instituto de Medicina Legal de Aragón” para que odontólogos y forenses realicen “las valoraciones periciales del estado de salud bucodental de las personas afectadas por la estafa de ¡Dental con la finalidad de poder ser presentadas ante los tribunales”, así como ante los bancos con los que contrataron “créditos al consumo vinculados a los tratamientos” que no terminaron de recibir o que fueron defectuosamente ejecutados.
Los conservadores recuerdan que esas valoraciones son necesarias para fundamentar las reclamaciones.
Sin embargo, los afectados “están encontrando dificultades para realizarlas en el sector profesional privado”, ya sea por “el elevado coste que les piden”o por “las negativas que están obteniendo de algunos profesionales independientes”.
Y, también, “por la falta de confianza que les supone trabajar con otras cadenas odontológicas que sí aceptarían realizar esa valoración, pero a los exclusivos efectos de poder ser tratados en esas mismas clínicas” y sin que los informes puedan presentarse “ante los tribunales ni ante cualquier otro órgano”.
