Rebelión vecinal contra los pisos que promueve el Gobierno de Azcón en Rosales del Canal (Zaragoza)

La oposición vecinal a las viviendas públicas que el Gobierno de Aragón quiere construir en Rosales del Canal ha terminado en los tribunales. La Asociación Vecinal Entrelagos mantiene abiertos dos recursos contencioso-administrativos contra el proyecto impulsado por el Ejecutivo de Jorge Azcón en una parcela inicialmente reservada para equipamientos públicos y teme que, cuando llegue la sentencia, el edificio ya esté construido.

El conflicto gira en torno a la parcela 89.37 de Rosales del Canal, donde el Gobierno de Aragón prevé levantar 192 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes dentro del programa de Vivienda Dotacional Pública acordado con el Ayuntamiento de Zaragoza. La promoción forma parte de un paquete de 640 pisos repartidos entre Miralbueno y Rosales. Sin embargo, la iniciativa ha provocado un fuerte rechazo vecinal, los residentes sostienen que el barrio arrastra desde hace años un déficit de servicios públicos y consideran que el suelo debería reservarse para futuros equipamientos educativos o sanitarios.

“En Rosales no quedan más solares”, advierte la asociación vecinal en una nota difundida esta semana, en la que carga contra el inicio de la segunda fase del programa autonómico de vivienda. El colectivo denuncia que las administraciones están promoviendo “lo que no se ha pedido ni se necesita, más vivienda”, mientras siguen pendientes reivindicaciones históricas como un centro de salud, un instituto de Bachillerato y FP o instalaciones deportivas “para 42.000 vecinos del Distrito Sur”.

La entidad vecinal critica además que la parcela elegida tenga una “ubicación estratégica ideal” para futuros servicios públicos. De hecho, tanto la asociación como varios grupos políticos han defendido durante el último año recuperar el uso educativo inicial del solar. Las Cortes de Aragón aprobaron en diciembre de 2025 una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno autonómico a “revertir la cesión y cambio de uso del solar 89.37” y “restituir su condición y destino dotacional educativo inicial”. La iniciativa salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

Resoluciones judiciales que pueden llegar “demasiado tarde”

La disputa también ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Según explica Entrelagos, las dos demandas presentadas por la asociación ya han quedado vistas para sentencia. El problema, sostienen, es el tiempo. “Es lamentable y genera una completa indefensión a los vecinos que el plazo para las sentencias aún pueda tardar 18 meses, tiempo más que suficiente para que las viviendas que se pide que no se hagan estén hechas”, señalan.

El portavoz vecinal, Nacho Jordán, ya advertía recientemente de ese temor: que la resolución judicial llegue “demasiado tarde” y “no haya vuelta atrás”, como —aseguran— ocurrió con otros desarrollos urbanísticos recurridos en Zaragoza.

Los vecinos también se muestran preocupados por la seguridad del terreno. La asociación ha difundido un informe firmado por el catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón en el que se alerta de la presencia de una dolina con “peligrosidad muy alta” en parte de la parcela.

El documento sostiene que el sector sureste del solar “debería quedar exento de edificación” y recomienda realizar estudios geológicos actualizados antes de ejecutar cualquier actuación urbanística. La asociación vecinal sostiene que no cuestiona el uso del suelo para equipamientos públicos, pero sí la construcción de “un macroedificio de seis plantas” sobre un terreno con antecedentes de subsidencia.

Frente a las críticas vecinales, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza defienden el modelo elegido para aumentar el parque de vivienda asequible. El proyecto se apoya en la Directriz Especial de Vivienda Dotacional Pública aprobada por el Ejecutivo autonómico en 2024, que permite compatibilizar vivienda pública en suelos dotacionales.

En una resolución emitida el pasado mayo, El Justicia de Aragón avaló que la actuación tiene encaje legal y recordó la necesidad de ampliar la oferta de vivienda pública, aunque también advirtió de que las administraciones deben garantizar “la suficiencia de suelo para usos de equipamientos igualmente públicos y necesarios” para evitar que determinados barrios queden “infradotados de servicios públicos”.